La Dirección General de Escuelas implementó el régimen de Escolaridad Protegida para respaldar a los alumnos de Nivel Primario en la provincia de Mendoza. Ante problemáticas de salud, ausentismo crítico o vulnerabilidad psicosocial, la cartera conducida por Tadeo García Zalazar busca articular respuestas pedagógicas flexibles que prevengan el abandono escolar.
Escolaridad protegida: la apuesta de la DGE para que los alumnos de primaria no abandonen las aulas
La DGE implementó un nuevo sistema para acompañar a los alumnos de primaria en situaciones de riesgo, combatiendo activamente el abandono escolar en Mendoza.
Esta política pública, puesta en marcha tanto en escuelas públicas como privadas, reafirma el compromiso de la DGE con el derecho a la educación, garantizando la permanencia, asistencia y contención de cada niño.
DGE: un escudo de contención ante la vulnerabilidad
La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 4590 de la Dirección General de Escuelas (DGE), corrigiendo el alcance de normativas previas para transformarla en un régimen de excepción amplio e integral.
Ya no se requiere únicamente contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder al beneficio, sino que se contempla cualquier contingencia debidamente acreditada que ponga en riesgo la trayectoria del alumno.
El ingreso a la Escolaridad Protegida abarca tres grandes causales:
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Situaciones psicosociales complejas: problemáticas familiares o territoriales persistentes que impidan la asistencia regular.
Motivos de salud: cuadros médicos o tratamientos prolongados que requieran trayectorias alternativas.
Ausentismo crítico: inasistencias severas que sobrepasen los umbrales del Régimen de Asistencia y no puedan encauzarse por la vía ordinaria.
Circuito de intervención y acompañamiento
Para que un estudiante sea incorporado al régimen, se activa un protocolo coordinado por la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE). El proceso incluye la elaboración de un informe situacional, la presentación de certificaciones de respaldo y la posterior aprobación de la DAE Central.
Una vez otorgado el aval, el Docente Referente de Trayectorias (DRT), la maestra de grado y la Asesora Pedagógica de la sección diseñan un Plan Institucional de Acompañamiento adaptado a las necesidades particulares del niño. Asimismo, se firma un Acta Compromiso Familiar para involucrar a los adultos responsables en el proceso de contención y seguimiento. Los alumnos bajo esta condición quedan registrados en el sistema GEI bajo la sigla "EP".
Cursado flexible y virtualidad
Dentro de los dispositivos previstos por la DGE, se contempla la posibilidad de realizar adecuaciones temporales y curriculares, e incluso autorizar la modalidad de cursado virtual cuando las circunstancias del alumno lo requieran.
El plan tiene una duración de entre 30 y 90 días, con evaluaciones mensuales obligatorias. Una vez superadas las dificultades que originaron la intervención, el estudiante regresa al régimen escolar común, habiendo resguardado su derecho a la educación.