18 de noviembre de 2026
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Viñedos en Mendoza: el avance urbano y el abandono reducen la superficie cultivada

Los viñedos retroceden en seis departamentos. Un informe del INTA y ACOVI advierte sobre el avance urbano y las falencias del ordenamiento territorial.

Por Marcelo López Álvarez

La postal clásica de los viñedos mendocinos atraviesa una metamorfosis silenciosa pero profunda. En los últimos veinticinco años, la superficie cultivada con vid en seis de los departamentos clave del oasis norte y la zona este (Lavalle, Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín y Santa Rosa) experimentó un declive ininterrumpido que se aceleró de manera dramática durante el último tramo del período analizado.

Así lo determinó un trabajo desarrollado por el equipo de socioeconomía de la Estación Experimental Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), liderado por la especialista Lucía del Barrio, en articulación con la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI).

El informe, diseñado como una línea de base para evaluar la integración del sector en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PEMOT), aporta cifras elocuentes sobre la pérdida de tierras productivas.

Al contrastar registros satelitales entre 2000 y 2025 en las áreas irrigadas, los técnicos comprobaron que el mayor retroceso se concentró en los últimos ocho años: si entre 2011 y 2017 se habían perdido 2.700 hectáreas de viña, entre 2017 y 2025 desaparecieron otras 2.300 hectáreas, lo que equivale a una contracción de casi el 13 % de la superficie remanente.

La mancha urbana sobre la tierra irrigada

La retracción de la vid no se distribuye de manera homogénea en la geografía provincial.

El relevamiento territorial expone una fuerte presión del avance urbano sobre suelos de alto valor agrícola, con Maipú a la cabeza del fenómeno.

A lo largo del corredor de la ruta nacional 7, la trama urbana viene conectando progresivamente las cabeceras departamentales de Maipú, San Martín, Junín y Rivadavia, configurando en muchos casos una urbanización dispersa que avanza sobre antiguos cuarteles vitícolas.

En San Martín, el crecimiento de la edificación se concentra alrededor de su ciudad cabecera y de Palmira.

Paralelamente, los mapas revelan una notable reconversión productiva hacia la horticultura en distritos como Fray Luis Beltrán (Maipú), el norte de San Martín (El Central y Tres Porteñas) y el sur de Lavalle.

En el extremo este, particularmente en Santa Rosa, irrumpieron sistemas de riego por pivote para forrajes con captación subterránea, mientras que hacia el final de la cuenca hídrica en Rivadavia, Junín y Santa Rosa se multiplican los signos de abandono directo de parcelas.

La excepción relativa aparece en Lavalle, donde la estructura agrícola exhibe una mayor estabilidad temporal en distritos norteños como Gustavo André.

En este territorio, la continuidad del viñedo encuentra anclaje en el arraigo del cooperativismo vitivinícola, cuyo modelo de integración amortigua el desarraigo de los pequeños productores frente a los vaivenes económicos.

Lucia del Barrio integrante del equipo de socioeconomía de la Estación Experimental Mendoza del INTA

Lucia del Barrio integrante del equipo de socioeconomía de la Estación Experimental Mendoza del INTA

Fragmentación y sobrecostos

El problema central de este proceso no radica únicamente en las hectáreas que se pierden, sino en la desarticulación del paisaje productivo.

Al cortarse la continuidad de las fincas por la irrupción de loteos inmobiliarios u otros cultivos, la actividad vitícola se fragmenta.

Esta dispersión geográfica dispara los costos operativos. Regar se vuelve más complejo por la interrupción de las hijuelas y turnos de agua, la logística de cosecha y mecanización pierde escala, y la infraestructura compartida se debilita.

A su vez, emergen roces cotidianos de convivencia con los nuevos habitantes de las urbanizaciones residenciales por pulverizaciones o labores rurales, desgastando el tejido social y comunitario que históricamente sostuvo al oasis.

Planes comunales: diagnósticos amplios, acciones escasas

Frente a esta dinámica, las herramientas de planificación municipal muestran severas limitaciones.

El equipo de investigación cotejó los seis planes departamentales de ordenamiento territorial sancionados entre 2019 y 2023 con las demandas estratégicas planteadas por instituciones como ACOVI, COVIAR, INTA y casas de altos estudios.

La conclusión es nítida: la vitivinicultura suele figurar con peso en los diagnósticos iniciales de los municipios, pero su presencia se diluye drásticamente al momento de definir los modelos territoriales y las partidas presupuestarias o proyectos concretos.

Asimismo, las problemáticas se abordan a menudo sin la profundidad causal requerida; la crisis hídrica, por caso, se menciona de modo genérico sin discriminar si responde a ineficiencia intrafinca, deficiencias en la red de distribución o sequía estructural.

Demandas troncales del sector como la brecha digital rural, la degradación de suelos, el acceso al crédito, la presión impositiva, las Indicaciones Geográficas y la seguridad rural quedaron prácticamente al margen de las normativas locales.

Si bien cinco de las seis comunas avanzaron en actualizar zonificaciones y fijar tamaños mínimos de parcelas para frenar el fraccionamiento rural, ni los municipios ni el gobierno provincial disponen de mecanismos técnicos ni de fondos específicos para evaluar el impacto real y la eficacia de dichas medidas.

La necesidad de un tablero común

Ante este escenario, los especialistas del INTA y el sector cooperativo remarcan que el territorio no responde a las fronteras administrativas de cada comuna.

La escala de los procesos de urbanización y cambio de uso de suelo exige una articulación intermunicipal coordinada con las organizaciones de productores.

Entre las líneas de acción prioritarias, el informe propone consolidar una agenda de trabajo con mesas estables entre las cooperativas y las intendencias.

Sobre la base de la información satelital ya sistematizada, plantean estructurar un sistema de alerta temprana que detecte a tiempo fincas en riesgo de abandono, definir metas medibles de sostenibilidad vitícola y consensuar carteras de proyectos productivos que trasciendan la retórica de los diagnósticos y protejan, con políticas concretas, el patrimonio productivo mendocino.

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