El Gobierno nacional contempla $5,93 billones sin asignación específica en su proyecto de Presupuesto 2027, mientras que cumplir plenamente la Ley de Financiamiento Universitario demandaría entre $2,45 y $3,65 billones adicionales para las universidades. La diferencia permitiría financiar la norma aprobada por el Congreso sin incrementar el gasto total previsto ni modificar el resultado fiscal proyectado.
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Presupuesto 2027: un informe revela que hay plata para financiar las universidades
Un informe identifica recursos disponibles en el Presupuesto 2027 y cuestiona el argumento oficial de que no hay fondos para cumplir la ley universitaria.
Un informe privada destaca el que el Presupuesto tiene fondos para financiar la Ley de las Universidades
Foto: Prensa UNCuyoLos números surgen de un informe de Zentrix, que analiza las partidas presupuestarias, la situación salarial de las universidades nacionales y las obligaciones legales pendientes.
La conclusión del estudio contradice uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei: el problema no sería la inexistencia de recursos, sino la decisión sobre cómo distribuir fondos que ya están contemplados en el presupuesto nacional.
La controversia adquiere mayor dimensión porque la Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, ratificada después del veto presidencial y promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, su aplicación permanece suspendida mediante el Decreto 759/2025.
Cuánto cuesta cumplir la ley universitaria
El informe establece tres escenarios para determinar cuánto demandaría cumplir las obligaciones de financiamiento universitario durante 2027.
El primero contempla exclusivamente la actualización salarial y las becas, componentes alcanzados por una medida cautelar judicial. Su costo adicional sería de $2 billones, equivalentes al 1% del gasto nacional y al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Un segundo escenario incorpora la totalidad de las obligaciones legales, incluyendo salarios, funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y extensión. En este caso, serían necesarios $2,45 billones adicionales, el 1,2% del gasto nacional y el 0,18% del PBI.
Finalmente, la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que contempla una recomposición plena de los gastos de funcionamiento, elevaría la necesidad de recursos a $3,65 billones, equivalentes al 1,8% del presupuesto nacional y al 0,26% del PBI.
Los cálculos consideran como punto de partida los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna actualmente a las universidades.
Los fondos que aparecen en el Presupuesto 2027
El punto central del análisis está en una partida denominada Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones.
Dentro de ese monto, $7,68 billones figuran bajo el concepto de otras asistencias financieras, sin beneficiarios específicamente identificados.
Después de descontar la reserva salarial destinada a empleados públicos y los recursos ya previstos para las universidades, Zentrix calcula que quedan $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino podrá determinar el Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
La disponibilidad identificada supera ampliamente los recursos necesarios para cumplir con la ley.
Financiar los salarios y las becas requeriría utilizar el 34% de esos fondos. El cumplimiento completo demandaría el 41%, mientras que la propuesta más amplia del CIN necesitaría el 62%. Incluso en este último escenario quedarían aproximadamente $2,28 billones para otras asignaciones.
El informe sostiene que esta alternativa permitiría atender el reclamo universitario sin aumentar el gasto total, porque los recursos ya están contemplados en el proyecto. No obstante, la disponibilidad efectiva dependerá de los compromisos existentes sobre esas partidas y de su posibilidad de reasignación.
Salarios universitarios: una pérdida del 22%
El deterioro salarial constituye el principal componente de la crisis universitaria. Según el estudio, el 87% del presupuesto universitario corresponde a remuneraciones de docentes, nodocentes y personal de escuelas preuniversitarias. El 13% restante financia el funcionamiento institucional.
El acuerdo alcanzado el 10 de junio de 2026 contempló un incremento salarial del 24,33% en dos tramos, una actualización del 20% para funcionamiento y una transferencia de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Aunque estas medidas interrumpieron diecinueve meses de deterioro, resultaron insuficientes para recuperar el poder adquisitivo perdido.
En julio de 2026, el salario universitario real todavía se encontraba un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según los datos recopilados por Zentrix.
El informe cita cifras del CIN que señalan que 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales.
El ajuste también alcanzó a las actividades científicas. Durante 2025, la ejecución presupuestaria de ciencia y técnica universitaria representó apenas el 38% de su nivel real de 2023, mientras que extensión cayó al 1%.
Las becas Progresar vinculadas con las universidades, por su parte, registraron una disminución real superior al 95% respecto de 2023, de acuerdo con el estudio.
La Justicia ordenó cumplir la ley, pero el conflicto continúa
La controversia presupuestaria también se desarrolla en los tribunales. La Ley 27.795 fue sancionada en octubre de 2025 y ratificada por el Congreso con dos tercios en ambas cámaras, después del veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, aunque suspendió su aplicación alegando la falta de financiamiento.
Una primera medida cautelar dispuso la aplicación de los artículos vinculados con salarios y becas. La Corte Suprema rechazó el recurso del Estado el 25 de junio de 2026, dejando firme esa medida.
Posteriormente, el 6 de octubre, una sentencia de fondo ordenó aplicar la totalidad de la ley. El Gobierno apeló esa decisión, por lo que el pronunciamiento todavía no está firme.
Zentrix también cuestiona un argumento presentado por el Ejecutivo en su apelación, según el cual cumplir la norma exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios.
El estudio contrapone esa afirmación con sus cálculos, que ubican la necesidad máxima de financiamiento en el 1,8% del gasto total previsto para 2027, aunque se trata de bases de comparación diferentes.
El Congreso tendrá la última palabra
El proyecto presupuestario incorpora otro problema. El artículo 12 establece una asignación de $7,35 billones, calculada sobre una inflación proyectada del 21,1%.
Sin embargo, la ley obliga a actualizar los salarios como mínimo de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Zentrix calcula que cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de lo previsto generarían una necesidad adicional de $320.000 millones.
El tratamiento parlamentario del presupuesto será determinante. Una alternativa consiste en incorporar expresamente los recursos necesarios para cumplir la Ley 27.795 mediante partidas de Obligaciones a cargo del Tesoro.
El informe también plantea la necesidad de exigir al Ejecutivo una apertura detallada de los $7,68 billones incluidos como otras asistencias financieras, para conocer sus destinatarios antes de aprobar el presupuesto.
Una discusión sobre las prioridades del Gobierno
La discusión vuelve a poner en el centro las prioridades del programa económico del Gobierno. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que el equilibrio fiscal impide ampliar las partidas universitarias sin financiamiento identificado, Zentrix plantea que los recursos necesarios ya están contemplados dentro del gasto proyectado.
Con salarios que perdieron el 22% de su poder adquisitivo, miles de docentes que abandonaron las instituciones y recursos científicos fuertemente reducidos, la crisis universitaria tiene consecuencias que exceden la discusión presupuestaria.
La conclusión del informe es que existen alternativas para financiar la ley sin incrementar el gasto público total. La decisión pendiente no es solamente económica: también es política.