La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la Argentina contra embargos de bonistas que siguen en default.
21 de marzo de 2026
La decisión favorece a tenedores de bonos de los ‘90 que entraron en default luego de la crisis de 2001 y ahora podrán tomar posesión de fondos que están depositados en los Estados Unidos y en Suiza.
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la Argentina contra embargos de bonistas que siguen en default.
El país había intentado evitar un fallo anterior que habilitó a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por unos 310 millones de dólares, que estaban depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Estados Unidos, Alemania y Suiza.
Según trascendió, estos dólares, que están vinculados a los bonos Brady, emitidos durante los años 90’s y que vencieron en 2023, y serán tomados por los acreedores.
Ya en octubre del año pasado 2024, la Corte Suprema británica emitió un fallo en contra de la Argentina, en el juicio conocido popularmente como ‘Cupón PBI’ que obligó a pagar más de 1.300 millones de euros (sumado intereses) a un grupo de bonistas.
Los beneficiarios de este nuevo fallo realizarán formalmente un pedido de embargo a la jueza Loretta Preska y, de esa manera lo autorice y lo presente en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, tanto en la sede de Estados Unidos como en las otras dos.
Con esa autorización, podrían tomar posesión de los 310 millones de dólares, aunque no cubra la totalidad del pago, dado que el monto final es de 450 millones.
Los acreedores integran un grupo de seis holdouts, que seguían sin cobrar una sentencia anterior del juez Thomas Griesa y, como Argentina no abonó lo que correspondía, actualmente poseen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes.
Especialistas afirman que se habían pedido el embargo de los bonos Brady que Argentina tiene en la Reserva Federal de Nueva York, que son alrededor de 250 millones de dólares, y en Basilea, unos 58 millones de euros.