El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta uno de los mayores recortes presupuestarios de su historia. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso contempla una reducción real del 50% de sus recursos respecto a 2026 y elimina el mecanismo de financiamiento específico que sostiene buena parte de sus actividades. La decisión amenaza con profundizar el deterioro de la investigación científica, la asistencia técnica a productores y el desarrollo tecnológico en las economías regionales.
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INTA: el ajuste que amenaza siete décadas de conocimiento agropecuario
El Presupuesto 2027 prevé un recorte real del 50% para el INTA y pone en riesgo investigaciones, asistencia a productores y desarrollos estratégicos en Cuyo.
El patrimonio genetico del INTA en riesgo por el desfinaciamiento
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 27 de octubre, examina las consecuencias de la medida y advierte que sus efectos se extenderían más allá del funcionamiento administrativo del organismo: lo que está en juego es la continuidad de capacidades científicas y productivas construidas durante décadas, algunas de las cuales resultarían sumamente difíciles de recuperar.
El financiamiento específico que desaparecería
La modificación se encuentra en el artículo 21 del proyecto presupuestario, el cual deroga la asignación específica vinculada al valor de las importaciones. Este esquema, establecido en 2002 y modificado posteriormente, distribuye el equivalente al 0,65% de ese valor entre tres instituciones: el INTA recibe el 0,45%; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el 0,15%; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el 0,05%.
Su eliminación dejaría a los organismos sin una fuente permanente de ingresos, incrementando su dependencia de las partidas asignadas por el Tesoro nacional.
Un recorte superior a la mitad del presupuesto
La magnitud del ajuste queda reflejada en las cifras oficiales analizadas por el CEPA. Durante 2026, el INTA contó con un presupuesto de 905.711 millones de pesos, de los cuales 513.034 millones (equivalentes al 57%) provinieron de la asignación sobre las importaciones.
Para 2027, el proyecto prevé 546.784 millones de pesos, sin recursos procedentes de esa vía. Al considerar la inflación, la reducción presupuestaria alcanza el 50% en tan solo un año.
El deterioro es aún más significativo al ampliar la comparación: entre 2023 y el presupuesto proyectado para 2027, la caída real acumulada en los recursos del INTA llega al 55,9%.
La medida también compromete a otras instituciones vinculadas a la producción nacional. Según el informe, el SENASA sufriría una disminución real del 40% de sus recursos, mientras que el INTI no tendría financiamiento presupuestario previsto para 2027.
El CEPA señala que el problema no se limita a la disponibilidad de fondos. La pérdida de una fuente específica altera la planificación de largo plazo, indispensable para investigaciones cuyas metas demandan años de desarrollo.
Menos investigación y menor presencia territorial
Los efectos del ajuste ya inciden en distintas actividades del INTA. De acuerdo con la información presentada por el organismo ante comisiones de la Cámara de Diputados, las restricciones presupuestarias afectaron al 23% de las actividades territoriales de investigación y desarrollo, y al 42% de las líneas de innovación.
Las complicaciones alcanzan a 29 cadenas productivas y economías regionales distribuidas en 202 unidades de trabajo. Asimismo, se encuentra en riesgo el cumplimiento de 93 convenios y servicios relacionados con la gestión de calidad.
A esta situación se suma la pérdida de personal especializado: en los retiros de julio de 2026 se desvincularon 223 profesionales con formación de posgrado. El informe registra además una caída del poder adquisitivo salarial cercana al 40%, lo que dificulta la permanencia de investigadores y técnicos.
La reducción de la presencia territorial constituye otra de las consecuencias severas. Según la documentación examinada, se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, cerraron 74 oficinas y se dispuso la clausura de la Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires junto con sus nueve agencias.
El impacto recae en particular sobre pequeños y medianos establecimientos agropecuarios que dependen del asesoramiento público. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, las explotaciones de menos de 100 hectáreas representan el 70% del total nacional.
Entre las herramientas comprometidas aparece Cambio Rural, un programa de asistencia y organización de productores que, según datos del organismo, genera un retorno de tres pesos por cada peso invertido.
Mendoza y Cuyo, ante el riesgo de perder desarrollos estratégicos
Para las economías regionales de Cuyo, el debilitamiento del INTA tiene implicancias directas. El organismo alberga la colección de olivos más importante de América y la tercera de vides, estrechamente vinculada con Mendoza y San Juan.
Además, impulsa programas de mejoramiento genético clave para la producción hortícola: buena parte de las variedades de ajo y cebolla cultivadas en el país surgieron de sus investigaciones.
El informe advierte que la interrupción de estos desarrollos afectaría la competitividad exportadora y aumentaría la dependencia de genética extranjera, con los consiguientes costos adicionales en regalías.
La relevancia de estas tareas excede la obtención de nuevas variedades. Las colecciones vegetales, los bancos de microorganismos y los registros científicos integran patrimonios cuya preservación exige mantenimiento constante.
Una colección viva destruida no se reconstruye mediante una mera reasignación presupuestaria; lo mismo sucede con las series históricas de información sobre suelos, disponibilidad hídrica y condiciones climáticas.
Emergencias y conocimiento en riesgo
El financiamiento específico sostiene asimismo el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, constituido por recursos acumulados para responder a necesidades extraordinarias, sujeto a autorizaciones del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
Durante la pandemia, esos fondos permitieron adquirir insumos destinados a laboratorios del INTA y al trabajo conjunto con el SENASA.
Su desfinanciamiento limitaría la capacidad de respuesta ante sequías, inundaciones, enfermedades animales o plagas agrícolas. El CEPA cita como antecedente la expansión de la chicharrita del maíz en la campaña 2023/2024, cuando el monitoreo y la asistencia técnica fueron determinantes.
A la vez, quedarían comprometidas las investigaciones sobre agricultura de precisión, inteligencia artificial aplicada al agro, gestión del agua, mejoramiento genético y sistemas productivos de bajas emisiones.
El informe distingue entre los efectos ya registrados y las proyecciones si se concreta el nuevo esquema presupuestario. Aunque no todos los riesgos identificados son inevitables, exponen la vulnerabilidad de un sistema científico necesitado de continuidad institucional y financiera.
Siete décadas de desarrollo científico en discusión
Fundado en 1956, el INTA ha desarrollado durante siete décadas conocimientos, tecnologías y redes de asistencia fundamentales para la estructura productiva argentina. Por ello, el debate sobre su financiamiento trasciende la discusión del gasto público de un ejercicio económico.
El punto central radica en la capacidad que conservará el país para investigar, prevenir emergencias y acompañar la innovación agropecuaria. Según advierte el CEPA, ciertas pérdidas se materializan en pocos meses, mientras que reconstruir los equipos de trabajo, las investigaciones y los vínculos con los productores puede demandar décadas.