Un Estado "hipertrofiado" necesita un "tamaño razonable" que se sostenga con menos impuestos, según el CEM
El CEM (Consejo Empresario Mendocino) salió a pronunciarse y reafirmar su postura, a tono con la señal dada por la ministra de Economía, Silvina Batakis, acerca de un recorte de gastos en dependencias del Estado. Básicamente, con el planteo de reducir al sector público a una dimensión "que el sector privado pueda financiar sin ahogarse", en referencia a aliviar también la presión tributaria actual.
La entidad toma un dato contundente: desde 2007, el sector público consolidado creció del 30% al 44% de participación del PBI (Producto Bruto Interno) es decir, sobre todo lo que genera la economía argentina.
"Sin un correlato equivalente en cantidad, calidad y cobertura de servicios, hipertrofiándose y ahogando al sector privado con más impuestos, una maraña regulatoria creciente, un gasto público ineficiente, y compitiendo con el sector privado por el escaso financiamiento interno disponible, contribuyendo a deteriorar la competitividad de nuestra economía", reseña el CEM en un informe reciente.
Para sostener el argumento, desde el Consejo recurre a datos sobre la presión tributaria "una de las más elevadas de América Latina, bien por encima del promedio". Al menos hasta el 2020, representaba 29,4% del PIB contra un 21,9% en Latam, después de un crecimiento importante en 16 años: en Argentina trepó 4,7 puntos, más que el promedio LATAM.
Asimismo, apela a un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) en tren de repasar los episodios de inestabilidad económica que recurrentemente transita el país.
Según ese estudio, desde medidados del siglo 20 Argentina experimentó 16 episodios recesivos que involucraron 25 años de contracción económica, "es decir una recesión cada 3 años”. Por eso, la conclusión para el CEM es que Argentina "no ofrece un horizonte previsible para tomar decisiones de inversión y consumo a mediano y largo plazo. Los desmanejosmacroeconómicos no son inocuos".
Con eso tiene que ver la mala posición que ocupa el país en el ránking mundial de competitividad (WEF). Argentina está en el puesto 83, y es el país latinoamericano peor rankeado.
Al respecto, el análisis toma el Vademécum tributario elaborado este año por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), según el cual en el país se aplican 165 impuestos y tasas entre los tres niveles de gobierno, que configuran una "maraña que atenta contra la producción". El dato es que los 12 tributos más importantes son 91% de la recaudación.
El mismo vademécum reafirma que Argentina lidera también en carga tributaria sobre empresas (106% de sus beneficios) y en impuestos sobre el trabajo, con una cuña fiscal cercana al 35%. Asimismo, la participación de los impuestos distorsivos (como cheques o IVA) aumentó del 2,5% al 8,8% del PIB, esto es, más de 3 veces en 20 años.
Según los directivos del CEM "la readecuación del tamaño y estructura del Estado, en sus tres niveles, es un aporte impostergable a la competitividad de Argentina. El Estado debería tener un tamaño razonable y financiable por el sector privado, a efectos de cumplir con sus funciones y promover la competitividad, enfocándose en la eficiencia del gasto, y la razonabilidad de la carga tributaria y deuda, para que el sector privado pueda crecer y generar empleo de calidad".
A esta altura, la entidad insiste en simplificar el sistema impositivo actual. "Que sea menos distorsivo y menos regresivo, impulsando la disminución de alícuotas y la formalidad tributaria. El Estado no puede ser más grande que lo que el sector privado pueda financiar con el pago de impuestos sin ahogarse", puntualizaron.
En ese contexto, no obstante desde el Consejo Empresario Mendocino destacaron el programa plurianual de reducción de alícuotas que viene aplicándose en Mendoza desde 2018, al considerar que "el esfuerzo de ordenamiento fiscal y de reducción de impuestos debe continuar, poniendo énfasis en la creación de empleo privado registrado".
Al respecto, cabe recordar que el IERAL–Fundación Mediterránea había realizado a pedido del CEM un estudio que propone reducir las alícuotas del impuesto a Ingresos Brutos a cambio de generación de empleo formal. Propuesta que generó una controversia con el propio ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien relativizó esa relación.