Argentina recauda mucho para lo que produce, cobra mal a quienes menos tienen y, encima, pierde en el camino una porción enorme de lo que le corresponde. Ese es, en pocas palabras, el diagnóstico que surge del nuevo relevamiento sobre la arquitectura de impuestos nacional elaborado por Argendata. El estudio pone en cifras tres problemas que la dirigencia política discute desde hace décadas y aún no logra resolver: el tamaño de la carga fiscal, su distribución regresiva y el peso de la evasión.
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Argentina, atrapada en el círculo de los impuestos y la evasión
La Argentina combina una carga de impuestos elevada, un esquema regresivo y altos niveles de evasión que hoy reducen la recaudación y castigan al sector formal.
Una presión alta para el nivel de desarrollo del país
Según el informe, con una presión tributaria equivalente al 27,6% del PIB en 2024, la Argentina se ubica bastante por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que ronda el 21,7%. En la región, solo Brasil recauda proporcionalmente más, con el 33,7%. El país se acerca incluso al promedio del 34,1% registrado por los miembros de la OCDE, un grupo integrado en su mayoría por economías desarrolladas, con capacidades administrativas y niveles de formalidad muy superiores a los locales.
La cifra global esconde una realidad todavía más pesada para quienes efectivamente pagan impuestos. Una porción significativa de la economía argentina funciona en la informalidad y queda, de hecho, al margen del sistema. Si se excluyen del cálculo ese sector informal y las actividades que no tributan, como la administración pública, la educación y la salud públicas o los alquileres imputados, la presión real sobre el sector formal trepa al 42,4% en 2021. Con esa medición, la Argentina ya no se acerca a la OCDE: la supera.
El dato admite una lectura de política económica que excede la cuestión fiscal. Incorporar al sistema la porción de la economía que hoy opera en negro permitiría, según el informe, fortalecer la recaudación sin crear ni aumentar impuestos y distribuir la carga de manera más equitativa. La informalidad responde a múltiples causas, laborales, culturales y vinculadas con la escala empresarial, pero la propia arquitectura tributaria argentina, compleja y onerosa, alimenta ese círculo.
Impuesto que castigan más a quien menos gana
El segundo problema es estructural y tiene un nombre técnico: regresividad. Un sistema tributario es regresivo cuando las familias de menores ingresos destinan al pago de impuestos una proporción mayor de lo que ganan que los hogares de ingresos más altos. Eso es exactamente lo que ocurre en la Argentina. La explicación está en el propio diseño del esquema recaudatorio, sostenido en buena medida por tributos indirectos.
El IVA es el ejemplo más claro. Al gravar el consumo, golpea con mayor intensidad a los hogares que destinan casi todos sus ingresos a la compra de bienes y servicios, es decir, a los sectores de menores recursos. En la Argentina, ese efecto se profundiza con Ingresos Brutos, un impuesto en cascada que las provincias aplican en cada etapa de la producción y la comercialización y que termina trasladándose al precio final.
Los números lo confirman sin matices. Las familias pertenecientes al decil de menores ingresos destinan más del 35% de lo que ganan al pago de impuestos. Esa proporción disminuye de manera constante a medida que se avanza hacia los deciles más altos, hasta ubicarse por debajo del 25% entre los hogares de mayores ingresos. Quien menos tiene, en definitiva, contribuye proporcionalmente más al sostenimiento del Estado que quien más gana.
La evasión, un agujero de ocho puntos del PIB
El tercer capítulo del diagnóstico se refiere a los recursos que el Estado deja de cobrar. Medir la evasión con precisión es una tarea compleja porque las maniobras evasivas, por definición, no quedan registradas en las estadísticas oficiales. Por esa razón, los especialistas recurren a estimaciones indirectas, como la eficiencia recaudatoria: la relación entre lo que efectivamente ingresa a las arcas públicas y lo que debería recaudarse si todos los contribuyentes cumplieran estrictamente con la ley.
Esa brecha, denominada ineficiencia recaudatoria, responde a dos causas. Una es la evasión lisa y llana. La otra corresponde a los ingresos que el propio Estado resigna de manera voluntaria mediante exenciones, tratamientos preferenciales y regímenes especiales. Según el relevamiento, en la Argentina casi toda la ineficiencia recaudatoria se explica por la primera causa.
El caso del Impuesto a las Ganancias de las sociedades es el más extremo. La eficiencia recaudatoria apenas supera el 27% y prácticamente toda la diferencia se debe a la evasión, el nivel más alto entre los países incluidos en la comparación. En el IVA, la situación es algo menos crítica, aunque la evasión alcanza el 43,7% de lo que debería recaudarse, la segunda cifra más elevada de la muestra. La pérdida de ingresos por ambos tributos equivale a unos ocho puntos del Producto Bruto Interno, una cifra que debería ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre déficit fiscal, inversión pública o presión impositiva.
Tres caras del mismo problema
La presión elevada, la distribución regresiva y la alta evasión no son fenómenos aislados, sino que se retroalimentan. Un sistema que cobra mucho a quienes ya tributan empuja a parte de la economía hacia la informalidad. Esa informalidad, a su vez, obliga a sostener alícuotas altas sobre una base cada vez más estrecha. Romper ese círculo exige una reforma de fondo que revise qué se grava, a quién y mediante qué controles. Los números aportados por este relevamiento no cierran la discusión, pero al menos permiten ordenarla con datos concretos.