La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva a la denominada “ley antiaguantaderos”, una normativa que habilita al Ministerio de Seguridad y Justicia a intervenir inmuebles abandonados, deteriorados o en ruinas que sean utilizados para actividades vinculadas al delito.
La Legislatura de Mendoza aprobó la ley para intervenir inmuebles vinculados al delito
La Legislatura de Mendoza otorgó sanción definitiva al régimen que permite intervenir inmuebles abandonados o utilizados para actividades delictivas. Ya se tramitaron 60 expedientes.
La nueva legislación establece un marco para que el Gobierno provincial pueda avanzar con tapeos, clausuras e incluso demoliciones de propiedades que funcionen como lugares para la planificación de delitos, ocultamiento de bienes robados u otras actividades ilícitas.
Qué establece la ley antiaguantaderos en Mendoza
A partir de la nueva normativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia contará con herramientas legales para intervenir sobre propiedades que, por su estado de abandono o utilización, representen un problema para la seguridad pública.
Entre las medidas contempladas se encuentran el cerramiento o tapeo de accesos y la demolición parcial o total de los inmuebles, dependiendo de cada situación.
En los casos en los que el propietario del inmueble formule una oposición al procedimiento, la situación podrá ser derivada al Ministerio Público Fiscal para su correspondiente intervención.
Un programa que ya intervino inmuebles en Mendoza
El senador provincial por San Rafael Leonardo Yapur explicó que la sanción permite otorgarle jerarquía legislativa a un programa que comenzó a implementarse durante 2025.
Desde su puesta en marcha, la iniciativa acumula 60 expedientes tramitados y 23 intervenciones concretadas en diferentes propiedades de la provincia.
Entre las acciones realizadas se contabilizan 13 demoliciones y cuatro tapeos, como parte de la estrategia destinada a evitar que inmuebles abandonados o deteriorados sean utilizados como refugios o puntos vinculados con actividades delictivas.
Los terrenos podrán recuperarse para uso comunitario
La normativa también contempla la posibilidad de que el Gobierno provincial articule las intervenciones con los municipios.
El objetivo es que, una vez recuperados los espacios, los terrenos puedan ser acondicionados y destinados a usos comunitarios, buscando no solo eliminar puntos vinculados con el delito sino también recuperar esos sectores para los vecinos.
De esta manera, la denominada ley antiaguantaderos busca consolidar como política pública un mecanismo que ya venía aplicándose en Mendoza y otorgarle un marco legal permanente para futuras intervenciones.