La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto consensuado sobre Emergencia aAimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, en una sesión que contó con la presencia del oficialismo, que aceptó tratar la iniciativa.
Hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención. La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos.
Héctor "Toty" Flores (Cambiemos) afirmó que el oficialismo acompañará el proyecto, aunque dijo no "coincidir con la magnitud de la situación que se está viviendo". "Es necesario acompañar a la gente que está sufriendo con la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post PASO", señaló.
A su vez, recordó: "Pasaron varios Gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión". "Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares", agregó.
Luego se manifestaron los diputados Juanjo Bahillo (PJ, Entre Ríos) y Carlos Castagneto (PJ bonaerense), Alejandro Ramos (Primero Argentina) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), quién aseguró: "El modelo de concentración económica no fue una cadena de errores, sino un plan sistemático de aniquilamiento de las clases medias y más humildes y no alcanza con beneficencia".
También Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Del Caño. "No nos engañemos, lo que se va a pagar este año de intereses de la deuda equivale a 40 veces las políticas alimentarias en Argentina, hay algo que no cierra para las mayorías populares", afirmó el diputado del Frente de Izquierda.
Y agregó: "No es como dice el candidato del Frente de Todos (Alberto Fernández) que hay que evitar las calles, sino todo lo contrario, es el único medio para conquistar las demandas. Nos quieren engañar diciendo que ahora hay que quedarse tranquilos, que hay que aceptar la situación a la que nos ha llevado este Gobierno y sus cómplices". En el mismo sentido se manifestó Romina del Plá.
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
En la previa del debate parlamentario, la diputada Graciela Camaño recordó que el país viene con una economía deprimida en un contexto inflacionario que, luego de la fuerte devaluación post las PASO, provocó el ingreso a la pobreza y a la indigencia de muchos argentinos.
"Hoy se conoce la inflación. Se prevé entre un 4 y un 5. Realmente hay una depreciación de los ingresos. Si se supone que la gente con 30 pesos puede comer, me parece que estamos viviendo en otro país. Los datos son concretos: hace 17 años estamos en emergencia alimentaria", lamentó.
Las claves del proyecto
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En la iniciativa se establece que deberá otorgar "como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Además faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación.
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
