Trámites sin papeles en Mendoza: qué documentos ya no podrán exigir los organismos públicos
El Gobierno reglamentó el sistema digital y prohibió pedir documentos que ya obren en el Estado, dando validez a los trámites realizados en "Mendoza por Mí".
Trámites sin papeles en Mendoza: qué documentos ya no podrán exigir los organismos públicos.
La provincia de Mendoza reglamentó su sistema de digitalización para simplificar los trámites y prohibió a las reparticiones provinciales exigir datos o documentos ya disponibles en el Estado. La medida obliga a aceptar credenciales digitales desde la plataforma "Mendoza por Mí", fija plazos graduales de implementación y prevé sanciones disciplinarias ante incumplimientos.
El eje central de la reforma, publicada este viernes en el Boletin Oficial, se apoya en el principio de "Solo una vez". A medida que los datos y servicios de información queden integrados en la red interna del Estado, las dependencias del Poder Ejecutivo provincial tienen estrictamente prohibido volver a requerir esa información o documentación acreditativa por otros medios o en soporte físico.
Trámites digitalizados: las reparticiones públicas no podrán exigir a los ciudadanos documentos que ya figuran en Mendoza x Mi.
Qué papeles y credenciales ya no podrán pedir
La normativa busca eliminar fotocopias, certificaciones duplicadas y traslados innecesarios entre oficinas cuando la información ya exista en bases estatales o pueda validarse digitalmente. En concreto, dejan de ser exigibles en formato tradicional:
Documentos cargados en el Portadocumento Digital Ciudadano: los organismos provinciales deben aceptar la visualización o verificación digital desde "Mendoza por Mí" como acreditación válida y suficiente, sin exigir el original físico. El decreto menciona expresamente licencias de conducir, certificaciones de identidad digital, títulos o certificados de estudio y constancias administrativas emitidas por fuentes auténticas.
Información que ya tiene otra repartición estatal: si un ministerio o ente necesita comprobar datos que ya figuran en los registros de otro organismo provincial integrado al ecosistema, debe consultarlos internamente por sistema en lugar de pedírselos nuevamente al ciudadano o a una empresa.
Claves o acreditaciones de identidad extra: una vez validada la identidad mediante la Identidad Digital Única en "Mendoza por Mí" con el nivel de seguridad que requiera el trámite (básico, sustancial o alto), las oficinas tienen prohibido pedir medios o credenciales adicionales.
Firmas manuscritas y papel cuando haya vía digital: las reparticiones deben relevar y dejar sin efecto las normas internas que obligan a firmar de puño y letra o presentar documentación física cuando exista una alternativa digital equivalente, con firma electrónica o digital gratuita para los ciudadanos en sus gestiones ante el Estado.
Plazos de aplicación, municipios y sanciones
La implementación será gradual. Cada organismo del Poder Ejecutivo dispone de 30 días corridos para designar a su Autoridad Digital Institucional, mientras que la Dirección de Modernización debe dictar los estándares obligatorios de interoperabilidad en un plazo máximo de 90 días y luego aprobar el Plan de Interoperabilidad Provincial en hasta 60 días más para definir la integración progresiva de trámites y bases de datos.
En el caso de los municipios, la prohibición de exigir papeles duplicados y la obligación de aceptar el portadocumento digital regirán a medida que cada comuna firme su convenio específico de adhesión con la Provincia, respetando su autonomía.
Notificaciones electrónicas y resguardo de datos
La reglamentación también formaliza la validez de la Casilla Digital de Notificaciones dentro de "Mendoza por Mí" como domicilio electrónico constituido. Las comunicaciones oficiales depositadas allí surten efecto legal al día hábil administrativo siguiente de su envío, más allá de que el destinatario las abra o descargue, aunque se contemplan excepciones restrictivas por brecha digital extrema y suspensión de plazos ante fallas técnicas certificadas.
En paralelo, el texto fija pautas obligatorias de protección de datos personales, trazabilidad y seguridad en los intercambios entre organismos. Los ciudadanos mantienen sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición sobre su información, y las reparticiones están obligadas a reportar cualquier incidente o brecha de seguridad en un plazo máximo de 48 horas.