La relación entre el Ministerio de Salud de Mendoza y los obstetras alcanzó su punto de máxima tensión. A partir de julio, las clínicas privadas deberán aplicar un nuevo protocolo en el que los partos y cesáreas estarán exclusivamente a cargo de los médicos de guardia.
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Partos en Mendoza: obstetras, en pie de guerra contra el nuevo sistema de guardias
Bajo el argumento de reducir las cesáreas, Salud implementará desde julio un esquema donde el médico de cabecera pierde la responsabilidad del parto.
Esta decisión ha provocado un rechazo unánime por parte de Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM), la Federación Médica de Mendoza (FMM) y el Círculo Médico (CMM), quienes este martes a las 11.30 se concentrarán en la Legislatura para exigir la revisión de la normativa.
Partos en Mendoza: un cambio radical en el modelo de atención
La nueva reglamentación establece que el profesional que acompañó a la paciente durante todo el embarazo podrá estar presente, pero dejará de ser el responsable del procedimiento.
La medida cuenta con la adhesión de las principales instituciones privadas, como el Hospital Español, Italiano, Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.
El Gobierno fundamenta este cambio en la necesidad de reducir las tasas de cesáreas en el sector privado, que alcanzan un 78%, muy por encima del 15% máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, desde el sector médico aseguran que el método elegido carece de respaldo científico y vulnera derechos fundamentales.
Los puntos críticos del reclamo
A través de un duro comunicado liderado por José Lodovico Palma, la Federación Médica advirtió que la medida presenta serias inconsistencias:
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Vulneración de la Ley de Parto Humanizado: los profesionales señalan que se viola el derecho de la mujer a elegir quién la asiste y a ser informada sobre las alternativas de intervención médica.
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Inseguridad Médico-Legal: al recaer la responsabilidad en un médico de guardia que desconoce la historia clínica completa de la paciente, se genera una zona de riesgo tanto para la madre como para el recién nacido.
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Falta de Consentimiento: denuncian que un convenio administrativo no puede anular el consentimiento informado individual de cada paciente, protegido por leyes nacionales de mayor jerarquía.
El factor económico
El conflicto también tiene una arista financiera. Bajo el nuevo esquema, el obstetra de cabecera solo percibirá el 25% del valor de la práctica, mientras que el médico de guardia recibirá un salario fijo más un adicional por nacimiento atendido. Para las entidades médicas, si el objetivo fuera netamente sanitario, se podrían aplicar auditorías o segundas opiniones obligatorias sin destruir el vínculo médico-paciente.
Con la movilización de este martes, los obstetras buscan que la Legislatura Provincial intervenga en el convenio firmado en diciembre pasado.
El objetivo es frenar lo que consideran una medida "inconsistente" antes de su entrada en vigencia en julio, abriendo paso a un diálogo que permita una política de maternidad "segura y verdaderamente humanizada".