Un relevamiento con drones permitió identificar una enorme cantidad de ampliaciones, mejoras, construcciones en baldíos, piletas y lagos artificiales sin declarar.
Además de las ampliaciones de viviendas sin declarar, se detectaron miles de piletas.
No es una novedad que en la provincia de Mendoza muchos opten por construir de cero o ampliar viviendas sin declarar, con el fin de evitar un aumento en lo que deben tributar a través del impuesto inmobiliario. Lo mismo sucede con muchos que instalan piletas en sus viviendas, que prefieren hacerlo de manera clandestina. Los datos que arrojó la actualización del catastro revela esta práctica. Millones de metros cuadrados y miles de piletas sin declarar.
Estos datos surgen a partir de un nuevo relevamiento realizado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), a través de la Dirección General de Catastro, con drones.
Se trata de una nueva actualización del Catastro Urbano, en el marco del Proyecto Modernización de la Gestión Catastral Provincial y Municipal. De este modo, la Provincia cuenta con una base de datos de mejoras de 518.745 parcelas actualizadas.
Este trabajo se complementa con el realizado durante 2022 de actualización del parcelario rural, en el cual se detectaron más de 10.000.000 m2 de superficie cubiertas sin declarar y 16.000.000 de m2 de reservorios de agua, entre otros objetos, como cultivos, reservorios de agua, etc.
A partir de este relevamiento se detectaron 18.000.000 de metros cuadrados construidos sin declarar, de los cuales 1.995.575 se ubican en determinados barrios privados; y 29,64% de las parcelas que en 2024 figuran como baldíos poseen mejoras sin declarar.
Otro dato que arrojó la actualización fue la detección no declarada de 28.047 espejos de aguas (reservorios o piletas).
Guaymallén fue el departamento donde se registraron más metros de mejoras no declaradas, seguido por Maipú, Las Heras y San Rafael.
Mientras que en Las Heras se encontró la mayor cantidad de piletas clandestinas, seguido por Luján, San Rafael, Maipú, Guaymallén.
En cuanto a los baldíos con construciones no declaradas, la mayor cantidad se detectó en Guaymallén, seguido por San Rafael, Maipú y Luján.
Este proyecto contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tuvo como objetivo llevar a cabo la actualización del parcelario urbano mediante vuelos fotogramétricos a través del uso de drones sobre todos los oasis de la provincia.
El proyecto incluyó un relevamiento masivo de datos catastrales en la zona urbana y periferias abarcando una superficie de 446 km², actualización cartográfica y controles sobre cantidad de metros construidos sin declarar ante la Administración Tributaria, entre otros datos a relevar.
Esto arrojó como resultado una actualización en la base de datos de mejoras en 518.745 parcelas, lo que impactará en la base imponible que se verá reflejado en el valor de avalúo registrado y por lo tanto en la liquidación del impuesto inmobiliario.
Sobre la actualización del Catastro Urbano, Jimena Luzuriaga, directora general de Catastro, explicó: “Se viene trabajando en la mejora registrada de los datos de los inmuebles a través de relevamientos masivos que nos han permitido contar con una base imponible del Impuesto Inmobiliario más equitativa y justa”.
El proceso de relevamiento contó con una etapa de captura de imágenes digitales, obtenidas con drones. De la recepción de las imágenes se pasó a una etapa de control fotogramétrico, que son puntos de referencia que se colocan físicamente en el entorno para confirmar la ubicación exacta de los inmuebles.
Finalizados y aprobados estos productos, se comenzó con la generación de la actualización cartográfica y el ajuste de la base cartográfica registrada. Producido el ajuste cartográfico, se analizaron los datos registrados de mejoras de las parcelas contrastado contra las imágenes capturadas, a los efectos de identificar inconsistencias de registración en Catastro. Una vez contrastados los ajustes alfanuméricos actualizados, se procedió al impacto de la actualización cartográfica y alfanumérica para la actualización del valor de avalúo de los inmuebles, para luego proceder a determinar una nueva liquidación del impuesto sobre base cierta, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2025.
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