La reforma de la Ley de Arbolado Público modificó las responsabilidades de los municipios Dónde deben reclamar los vecinos y qué intervenciones están prohibidas.
La nueva normativa también incorpora criterios vinculados con el uso eficiente del agua y el mantenimiento del arbolado.
Desde enero de 2025, la caída de árboles provocó al menos seis fallecimientos en distintos departamentos de Mendoza y el más reciente se registró en San Carlos. Los casos volvieron a poner en el centro del debate el estado del arbolado público, las responsabilidades de los municipios y la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo.
En este contexto, la reforma de la Ley de Arbolado Público N° 7874, promulgada por el Gobierno de Mendoza en abril de este año, introdujo cambios en la distribución de competencias y estableció nuevas obligaciones para los municipios.
Uno de los principales cambios de la reforma es que el mantenimiento y la gestión del arbolado público dentro de la jurisdicción municipal pasan a ser una obligación de los municipios. La modificación busca agilizar la intervención ante ejemplares que puedan representar un riesgo para las personas o los bienes.
Antes de la reforma, cuando un municipio pretendía erradicar un árbol, debía solicitar autorización al Poder Ejecutivo provincial. Ese procedimiento podía extenderse durante meses y generaba reclamos por parte de los intendentes. Con la nueva normativa, cada municipio tiene jurisdicción exclusiva sobre el arbolado ubicado en calles, plazas y otros espacios de dominio municipal, lo que permite que las comunas tomen decisiones sobre su mantenimiento, poda o erradicación cuando corresponda.
La reforma establece que deberán presentar una planificación de mayor alcance. De esta manera, los intendentes deberán presentar ante la Provincia un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años, acompañado por informes anuales sobre su ejecución.
Entre los lineamientos planteados se encuentra la transición hacia el policultivo, es decir, la incorporación de distintas especies en lugar de concentrar grandes superficies con un único tipo de árbol. La medida apunta, entre otros aspectos, a reducir el impacto de plagas o enfermedades que puedan afectar de manera simultánea a una misma especie. En Mendoza, uno de los antecedentes históricos fue la afectación del olmo, que llegó a provocar importantes pérdidas de ejemplares.
La reforma también redefine el rol del Gobierno provincial. La Provincia no determina qué ejemplares deben retirarse dentro de cada jurisdicción municipal, sino que brinda sugerencias y asesoramiento sobre la viabilidad técnica o la factibilidad de las intervenciones que proyecten las comunas.
De esta manera, la responsabilidad cotidiana sobre el arbolado público municipal queda concentrada en las comunas, que deberán evaluar el estado de los ejemplares y determinar las acciones necesarias dentro de su jurisdicción.
La nueva normativa también incorpora criterios vinculados con el uso eficiente del agua y el mantenimiento del arbolado. Entre las medidas previstas se encuentra la incorporación de especies de copas más pequeñas y el impulso de una modalidad de "poda mínima", con el objetivo de reducir la generación de residuos y disminuir los costos de mantenimiento.
A su vez, la selección y disposición de los árboles deberá considerar la orientación solar para optimizar el beneficio de la sombra y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
Ante un árbol con ramas que representan un peligro, raíces dañadas, riesgo de caída o necesidad de erradicación, los vecinos deben realizar el reclamo ante el municipio donde se encuentra ubicado el ejemplar.
Los vecinos no pueden realizar podas, extracciones ni intervenciones por cuenta propia. Ante una situación de riesgo, corresponde efectuar el reclamo formal ante el municipio para que el área competente evalúe el estado del árbol y determine qué procedimiento corresponde.
Los vecinos deben comunicarse con el centro de atención al vecino o el área de Espacios Verdes y Arbolado de la municipalidad correspondiente.
La reforma de la ley busca agilizar la respuesta de los municipios frente a situaciones que puedan generar peligro. Por eso, ante un ejemplar que presente ramas quebradas, inclinación peligrosa, raíces dañadas, deterioro visible o riesgo de caída, lo recomendable es realizar el reclamo ante la comuna correspondiente y dejar constancia de la situación.
La nueva normativa concentra en los municipios la responsabilidad sobre el arbolado público de su jurisdicción, mientras que la Provincia mantiene un rol de planificación, asesoramiento y seguimiento de los planes de manejo.
En un contexto marcado por distintos episodios de caída de árboles y sus consecuencias, conocer dónde reclamar y evitar intervenciones particulares resulta importante para prevenir nuevos accidentes y garantizar una gestión adecuada del arbolado público mendocino.
