Este domingo se cumplen nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo.
A nueve años del hundimiento del ARA San Juan.
Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en las aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. La tragedia, ocurrida en 2017, dejó una profunda marca en el país y abrió una larga investigación judicial que, casi una década después, llegó a una primera instancia de resolución.
El juicio oral concluyó el 8 de julio de 2026, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con una única condena: el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, recibió tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto, los otros tres acusados fueron absueltos.
El tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como suplente, consideró a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
Además de la pena en suspenso, se le impuso una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
Por unanimidad, los magistrados absolvieron al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al excapitán de fragata Hugo Miguel Correa.
A lo largo del debate judicial, los familiares de los 44 tripulantes tuvieron un lugar central con testimonios que reflejaron el dolor, las consecuencias de la tragedia y los reclamos de justicia que mantienen desde noviembre de 2017.
Durante una audiencia realizada en junio, Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, pronunció una frase que sintetizó el sentimiento de muchas familias: “Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”.
En su declaración, también relató que su esposo le había manifestado que “había que figurar que navegaban” y que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas.
Por su parte, Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones”.
Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, reclamó que la Armada reconozca los errores cometidos y aprenda a pedir disculpas.
En tanto, Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, describió las profundas consecuencias que la pérdida dejó en las familias. “No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas.
Además, reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y cuestionó el accionar de la Armada durante los años posteriores al hundimiento.
Uno de los elementos incorporados durante el proceso judicial fue el acta de la reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina, realizada el 30 de abril de 2017 en Mar del Plata.
En aquel encuentro, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había informado sobre diferentes inconvenientes detectados en la unidad luego de la reparación de media vida.
Entre las fallas mencionadas figuraban problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, desperfectos en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y uno de baterías.
El documento también señalaba que el submarino acumulaba 39 meses sin recibir el mantenimiento previsto. Si bien se había consignado que contaba con capacidad operativa bajo restricciones, se establecía una profundidad máxima de 100 metros y se recomendaba gestionar de manera “imperiosa” su ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.
La reunión había sido encabezada por el entonces inspector del Arma Submarina, Gabriel Attis, y contó con la participación de comandantes de las principales unidades y altos mandos. El acta quedó firmada por 14 capitanes de navío.
Los restos del ARA San Juan fueron localizados en noviembre de 2018, a aproximadamente 900 metros de profundidad, un año después de su desaparición.
A nueve años de la tragedia, el juicio oral concluyó con una sola condena de ejecución condicional y tres absoluciones. Sin embargo, el proceso judicial todavía no está cerrado: las querellas avanzan con los correspondientes recursos de apelación.
Mientras tanto, el recuerdo de los 44 tripulantes permanece vigente y sus familiares continúan reclamando respuestas definitivas sobre las circunstancias que provocaron una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.
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