El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en la utilización de los fondos del resarcimiento por los daños de la Promoción Industrial, al ratificar un convenio que permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acceder a parte de esos recursos para financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de proyectos de vivienda.
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Vivienda: el Gobierno de Mendoza abre los fondos del resarcimiento al IPV
El Gobierno provincial aprobó un convenio que permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda acceder a recursos para ejecutar proyectos de vivienda. El financiamiento deberá ser devuelto bajo condiciones específicas.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 401/2026, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 3 de marzo, que aprobó el Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos celebrado entre la Provincia y el organismo habitacional.
El acuerdo establece un mecanismo por el cual el Ejecutivo podrá asignar recursos del fideicomiso del resarcimiento al IPV para financiar proyectos de construcción, ampliación, renovación y refuncionalización de infraestructura, con la particularidad de que los desembolsos tendrán carácter reembolsable.
Esto significa un esquema de financiamiento que contempla la recuperación de los recursos utilizados, de acuerdo con las condiciones que se establezcan para cada proyecto.
Qué obras podrá financiar el IPV con los fondos del resarcimiento
El convenio, suscripto el 16 de enero de 2026 por los ministros Víctor Fayad, de Hacienda y Finanzas; Natalio Mema, de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; y el presidente del IPV, Gustavo Cantero, incorpora al organismo como ejecutor de proyectos financiados a través del fideicomiso provincial.
Según el documento, los recursos podrán destinarse a obras de infraestructura vinculadas con el desarrollo de Mendoza, siempre que hayan sido previamente priorizadas por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Aunque el acuerdo habilita al IPV a participar de este esquema, no establece una nómina de obras concretas ni determina cuánto dinero recibirá el organismo.
Esos aspectos deberán definirse mediante convenios específicos de asignación de recursos, en los que se detallarán los proyectos seleccionados, los montos comprometidos y las condiciones de financiamiento.
De esta manera, la ratificación del convenio constituye una herramienta administrativa y financiera que permitirá al IPV intervenir en nuevas obras, pero no implica por sí misma la aprobación de proyectos particulares ni el inicio inmediato de su ejecución.
Cómo deberá devolver el IPV los recursos que reciba
Uno de los aspectos centrales del convenio es el sistema previsto para recuperar los fondos invertidos. El documento establece que el IPV deberá reembolsar al fideicomiso los recursos que reciba, bajo las condiciones que se acuerden para cada obra.
Para determinar el capital a devolver, los desembolsos efectivamente realizados se convertirán a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), tomando como referencia el valor correspondiente a la fecha de cada transferencia.
El porcentaje de devolución, los plazos, las cuotas y la periodicidad de los pagos deberán quedar establecidos en los respectivos convenios específicos.
Además, el IPV deberá fijar y recaudar cuotas destinadas a recuperar parcialmente los costos de inversión de los proyectos que ejecute. El mecanismo concreto de recupero se definirá para cada iniciativa.
El acuerdo también establece que, dentro de los 30 días posteriores a la firma de cada convenio específico, el organismo tendrá que presentar ante el Gobierno provincial el procedimiento y la modalidad previstos para recuperar los fondos.
En caso de incumplimiento, la Provincia podrá suspender el financiamiento de nuevos desembolsos o compensar los montos adeudados con otros compromisos vigentes.
Los controles sobre las obras y la administración del dinero
El convenio también determina cómo se distribuirán las responsabilidades entre los organismos provinciales involucrados.
La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento, mientras que el IPV será responsable de las licitaciones, contrataciones y supervisión de los trabajos.
Por su parte, la Tesorería General de Mendoza actuará como organismo pagador y el fiduciario administrará los desembolsos correspondientes.
Para garantizar el seguimiento de las inversiones, el IPV deberá presentar mensualmente los certificados de obra, dentro de los diez días corridos posteriores a su emisión. Además, tendrá que elaborar planes trimestrales de inversión, con el detalle de los recursos que necesitará para las obras en ejecución o próximas a comenzar.
Los pliegos de contratación deberán contemplar, como regla general, un plazo de 60 días corridos para pagar los certificados de obra, contado desde su aprobación.
Cualquier modificación contractual o reconocimiento de gastos adicionales requerirá autorización previa de las áreas provinciales competentes.
El origen de los fondos del resarcimiento que recibió Mendoza
Los recursos que podrá utilizar el IPV provienen del acuerdo alcanzado entre Mendoza y el Estado nacional para compensar los perjuicios económicos ocasionados por el régimen de Promoción Industrial.
Ese entendimiento reconoció a la Provincia una compensación de 1.023 millones de dólares, instrumentada mediante letras intransferibles del Gobierno nacional.
Posteriormente, Mendoza avanzó en la conformación de un fideicomiso para administrar esos recursos y destinarlos al financiamiento de obras estratégicas.
En abril de 2024, la Provincia y la Nación suscribieron una adenda que amplió el destino de los fondos para permitir su utilización en infraestructura necesaria para el desarrollo provincial.
El nuevo convenio con el IPV se inscribe dentro de ese esquema y amplía las herramientas disponibles para ejecutar inversiones mediante los recursos del resarcimiento.
La medida, publicada en el Boletín Oficial este viernes 9 de octubre, abre así una nueva alternativa de financiamiento para el organismo habitacional. Sin embargo, todavía resta conocer qué proyectos serán priorizados, cuánto dinero se destinará a cada uno y bajo qué condiciones se recuperará la inversión.