El PAMI quedó notificado sobre la medida cautelar y los jubilados beneficiarios mantendrán el beneficio hasta que se resuelva la situación.
Un juez mendocino suspendió el recorte a medicamentos de jubilados.
La Justicia Federal de Mendoza suspendió este lunes la medida cautelar en contra de la eliminación de los medicamentos gratuitos. El PAMI ya fue notificado sobre la resolución y los afiliados de la Provincia recuperarán el beneficio hasta que quede resuelto el asunto.
La decisión responde a un recurso de amparo presentado por la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen), con el patrocinio de los abogados Carlos Blanco y Marisa Uceda.
La medida judicial se tomó luego de que el Poder Ejecutivo Nacional modificara las condiciones del plan “Vivir Mejor”, afectando el acceso a los medicamentos esenciales para miles de jubilados de la provincia.
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Según la resolución, el PAMI tiene ahora un plazo de 10 días para presentar pruebas en defensa de los cambios implementados y se habilitó la feria judicial de enero para dar celeridad a la causa.
"Desde el primer momento, impulsamos esta acción para proteger los derechos de las personas mayores, porque su bienestar no puede esperar. Seguiremos trabajando para que estas políticas de miseria y crueldad contra nuestros jubilados y jubiladas no avancen" manifestó al respecto la exdiputada nacional Uceda.
"El Pami ya fue oficialmente notificado de esta medida cautelar, por lo que los jubilados mendocinos deben recuperar de inmediato su derecho de acceso a los medicamentos tal y como lo tenían antes de la resolución del organismo", explicó el abogado Blanco sobre los alcances de la decisión de la Justicia.
El juez federal Pablo Quirós aceptó la medida cautelar presentada por la Asociación Jubypen y ordenó la suspensión, en la provincia de Mendoza, de la resolución 2431/2024 del PAMI. La decisión asegura que los jubilados y pensionados continúen recibiendo cobertura médica sin interrupciones.
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En su fallo, destacó que la obligación de cumplir con ciertos requisitos administrativos para mantener la cobertura médica resultaba injusta, especialmente para jubilados que se encuentran bajo tratamiento.
Además, señaló que el Estado tiene herramientas suficientes para obtener la información necesaria a través de sus bases de datos oficiales, eliminando la necesidad de trasladar esa carga de trámite obligatorios a los beneficiarios.