Tras sancionar el nuevo régimen de Discapacidad, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al aceptar los cambios que había introducido la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos, y establece modificaciones en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Se restituyó la Ley de Tierras y habrá cambios en desalojos y expropiaciones: es ley la Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El Senado sancionó la norma que modifica los procedimientos de desalojo y expropiación. También aprobó el tratado internacional de patentes. Cómo votaron los mendocinos.
La norma, impulsada originalmente por el Ejecutivo, tuvo un recorrido parlamentario con varios cambios y puntos de conflicto. El proyecto había conseguido una primera media sanción en la Cámara Alta en agosto, pero sin los capítulos referidos a la Ley de Tierras y al Manejo del Fuego, que el oficialismo retiró ante la falta de respaldo, principalmente de los bloques aliados.
En octubre, Diputados volvió a modificar el texto e incorporó dos artículos para restituir la vigencia de la Ley de Tierras, insólitamente derogada por el propio mileísmo a través del DNU 70/2023. La decisión estuvo atravesada por una aún más insólita controversia judicial (doble intervención de la Corte Suprema mediante) y los cuestionamientos opositores (e incluso bloques dialoguistas) a la posibilidad de habilitar una compra más amplia de tierras rurales por parte de extranjeros. Lo curioso es que el oficialismo aceptó volver a poner en vigencia una norma que el presidente Javier Milei había dejado sin efecto con aquel mega decreto de inicios de su gestión.
Como el Senado debía definir solamente si aceptaba esas modificaciones o insistía con su versión original, el debate de este jueves tuvo una extensión menor a la de la primera discusión. No obstante, hubo lugar a cuestionamientos de la oposición. El peronista Martín Soria, por ejemplo, hizo hincapié en la contradicción del Gobierno, que terminó avalando una versión distinta a la que había impulsado inicialmente. Por su parte, el oficialismo obvió ese apartado vinculado a la Ley de Tierras y se enfocó en defender los otros puntos del proyecto, que definió como una herramienta para reforzar la protección de la propiedad privada.
Qué cambia con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sancionada por el Senado
La norma modifica distintos aspectos de la legislación vigente. Entre sus principales puntos se encuentran:
- Vuelve a regir la Ley de Tierras: se deja sin efecto la derogación dispuesta por el DNU 70/2023 y se restablece la Ley 26.737, sancionada en 2011. Esa norma establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los municipios. Además, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.
- Endurece las condiciones para las expropiaciones: la declaración de utilidad pública deberá tener un objetivo específico y concreto, y la medida tendrá que ser idónea, necesaria y proporcional. También modifica el cálculo de las indemnizaciones, que tomará como referencia el valor objetivo del bien y podrá incluir el lucro cesante bajo determinadas condiciones.
- Agiliza los desalojos: establece procedimientos judiciales más breves, mediante el trámite sumarísimo. Para los casos de falta de pago de alquileres con destino habitacional, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda.
- Modifica el régimen de restitución de inmuebles: contempla herramientas para que los propietarios puedan recuperar la tenencia de sus bienes en determinadas circunstancias, incluso antes de que exista una sentencia definitiva, bajo las condiciones previstas en la ley.
- Moderniza los registros inmobiliarios: promueve la digitalización de los trámites, la presentación de documentación electrónica y el uso de firma digital para mejorar la seguridad y la trazabilidad de la información.
En cambio, quedaron afuera las modificaciones que el proyecto original proponía para el régimen de barrios populares y la Ley de Manejo del Fuego.
Restitución de la Ley de tierras: cómo votaron los senadores mendocinos
Los dos representantes por Mendoza de la Unión Cívica Radical acompañaron la sanción definitiva. Mariana Juri y Rodolfo Suarez votaron a favor de aceptar las modificaciones introducidas por Diputados. Ninguno de los dos tomó la palabra durante el debate. La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti continúa de licencia por maternidad y no participó de la sesión.
De esta manera, los votos mendocinos fueron:
- Mariana Juri (UCR): afirmativo.
- Rodolfo Suarez (UCR): afirmativo.
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): de licencia.
Guiño a Estados Unidos: el Senado aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Previo al tratamiento de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Cámara Alta aprobó, y convirtió en ley, la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El proyecto obtuvo 47 votos a favor y 22 en contra. Juri y Suarez también acompañaron ese expediente.
El acuerdo internacional, que llevaba casi tres décadas pendiente de aprobación definitiva, busca simplificar los trámites para registrar invenciones en distintos países. Su aprobación había sido reimpulsada por el oficialismo este año, ya que era un compromiso asumido por la administración Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber firmado en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con el país norteamericano.
Permite presentar una única solicitud internacional y acceder a búsquedas y publicaciones comunes, aunque no crea una patente mundial ni reemplaza la evaluación que debe realizar cada país para concederla.
La iniciativa había regresado al Senado luego de que Diputados incorporara una reserva al Capítulo II, a pedido de los laboratorios nacionales. Ese apartado contempla el examen preliminar internacional de las solicitudes, por lo que la reserva excluye a la Argentina de ese procedimiento.
La adhesión fue defendida por el oficialismo como una herramienta para reducir costos y facilitar la protección de inventos, especialmente para pymes y emprendimientos tecnológicos. En cambio, desde la oposición vertieron argumentos esgrimidos por el sector farmacéutico, que advirtió —entre otras cuestiones— que podría favorecer la extensión de patentes sobre medicamentos y demorar la llegada de genéricos al mercado.
