El proyecto que impulsó el propio Gobierno para que los municipios puedan armar a sus preventores con pistolas Taser está en stand by. Pese a que todo indicaba que su tratamiento comenzaría en breve, luego de una presentación en la Legislatura encabezada por la propia ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y del intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien viene militando esto desde hace tiempo; la iniciativa aún duerme en los cajones legislativos.
- Sitio Andino >
- Política >
¿Se cae el proyecto para que los municipios puedan comprar pistolas Taser?
A pesar de que la iniciativa para que los cuerpos de preventores municipales puedan usar armas de electrochoque la impulsó el propio Gobierno, su tratamiento se dilata. A qué se debe.
El proyecto fue llevado por Rus y parte de su equipo a la casa de las leyes el 19 de febrero, con el objetivo de que los cuerpos de Preventores municipales avancen en la incorporación de estas armas de electrochoque para prevenir el delito; ampliando así las funciones sobre seguridad que vienen encarando los municipios.
El hecho de que la propia ministra junto a parte de su gabinete se apersonaran en la Legislatura y brindaran una conferencia de prensa, junto a Ulpiano Suarez y a la vicegobernadora, Hebe Casado, para dar detalles de la iniciativa hacia prever un tratamiento pronto del mismo. Sin embargo, pasados dos meses no está en la agenda.
Trascendió que para analizar el proyecto, se conformaría un plenario de comisiones de Derechos y Garantías y Legislación y Asuntos Constitucionales -como viene sucediendo con otros proyectos elevados por el Ejecutivo- pero a la fecha no hay nada decidido, ni está en la agenda, al menos hasta pasado el 1 de mayo, día que el gobernador Alfredo Cornejo concurra a la Legislatura para dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias.
La idea era que a ese plenario concurrieran funcionarios del Ministerio de Seguridad y los intendentes, para dar su visión al respecto.
Pero el proyecto no generó el consenso previsto, ni siquiera entre el oficialismo. Justamente, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, advirtió días atrás que no está de acuerdo con esto porque estas armas de electrochoque "pueden generar una afección cardíaca, una fibrilación y ocasionar hasta la muerte”.
De igual modo, otros intendentes, como el tunuyanino Emir Andraos puso reparos a esta iniciativa.
Cabe aclarar que este proyecto no obliga a los municipios a tener sus cuerpos de seguridad, como así tampoco incorporar las pistolas de electrochoque; sino que apunta a regularlo en el caso de que si lo tengan o pretendan incorporarlo.
Qué establece el proyecto
El proyecto de ley que establece los lineamientos y requisitos mínimos que deberán cumplir los cuerpos de seguridad ciudadana que decidan implementar los municipios de la provincia.
Esta iniciativa retoma y actualiza una propuesta presentada en septiembre de 2023, cuando la ministra de Seguridad y Justicia era legisladora. Se trata de una reversión que fue revisada y ajustada para "adaptarse a las necesidades y realidades actuales de los municipios y la ciudadanía mendocina".
Lo que argumentaron desde el Ejecutivo es que "busca ordenar y reglamentar la actuación de los cuerpos locales que colaboran con la prevención y el mantenimiento del orden en el espacio público".
Los alcances del proyecto
El proyecto de ley establece que los municipios serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes.
La capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Se prevé que, con la debida autorización del Ministerio de Seguridad, los agentes municipales puedan utilizar armas de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, pero en ningún caso armas de fuego.
También podrán emplear tecnologías como drones y canes adiestrados, siempre que se cumplan los requisitos legales y se certifique el entrenamiento correspondiente.
En cuanto al uso de armas de baja letalidad, la capacitación y entrenamiento de los cuerpos estará a cargo del Ministerio.
El proyecto también establece que estos cuerpos municipales no podrán portar armas de fuego, y prohíbe el uso de uniformes, escudos o insignias que puedan confundirse con los de las fuerzas policiales. “Cada municipio deberá definir una identidad visual propia que refleje el carácter preventivo de estos cuerpos”, detalló la ministra.