Un proyecto de ley propone que taxis, remises y vehículos de transporte de pasajeros y cargas realicen la RTO cada 12 meses, en lugar de cada tres. Qué cambiaría.
Legisladores vinculados a Luis Petri proponen modificar la Ley de Tránsito para reducir la frecuencia de la RTO en taxis, remises y transporte de cargas.
Un grupo de legisladores que responde políticamente a Luis Petri presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza, con el objetivo de reducir los costos que afrontan los trabajadores del transporte y disminuir la frecuencia de las inspecciones vehiculares.
La iniciativa, encabezada por el diputado Gustavo Cairo, propone modificar el artículo 35 de la Ley Provincial de Tránsito 9024 para ampliar los plazos de vigencia de la revisión técnica en vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas.
De aprobarse, los vehículos comerciales de menos de 10 años de antigüedad pasarían de realizar la RTO cada tres meses a hacerlo una vez al año, mientras que aquellos que superen esa antigüedad deberían someterse a la inspección cada seis meses, en lugar de cada dos.
El cambio alcanzaría a propietarios de taxis, remises, transporte mediante plataformas y otros servicios comerciales comprendidos en la normativa, que actualmente deben afrontar varias inspecciones durante el año.
La propuesta legislativa busca establecer por ley una periodicidad específica para los controles técnicos de los vehículos comerciales, una cuestión que actualmente se encuentra regulada mediante disposiciones del Poder Ejecutivo provincial.
Según explican los autores, la frecuencia vigente representa una carga económica para quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo, no solamente por el costo de cada inspección, sino también por el tiempo que deben destinar a realizar el trámite.
En concreto, el proyecto establece dos categorías:
Vehículos de menos de 10 años: revisión técnica obligatoria cada 12 meses.
Vehículos de más de 10 años: revisión técnica obligatoria cada seis meses.
De esta manera, los vehículos más nuevos pasarían de cuatro inspecciones anuales a una sola, mientras que los de mayor antigüedad reducirían de seis a dos la cantidad de revisiones por año.
"Reducir la frecuencia de las inspecciones no significa descuidar la seguridad vial. La revisión técnica debe seguir cumpliendo su función, con controles rigurosos, y a la vez evitar una carga excesiva para quienes trabajan todos los días al volante", señalaron los legisladores que impulsan la modificación.
Uno de los principales argumentos del proyecto es la diferencia entre la periodicidad exigida en Mendoza y la que rige en otras jurisdicciones del país.
En los fundamentos, se menciona que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece revisiones anuales para taxis y otros vehículos comerciales, mientras que las unidades de más de 10 años deben realizar el control cada seis meses.
En Córdoba, en tanto, la periodicidad para taxis y remises es semestral.
También se cita el caso de la provincia de Buenos Aires, donde los vehículos de servicio público de hasta nueve plazas cuentan con un régimen que contempla revisiones anuales hasta determinada antigüedad y controles semestrales posteriormente.
Los fundamentos sostienen que el sistema mendocino resulta considerablemente más exigente que el de otras jurisdicciones y plantean la necesidad de adecuarlo a criterios similares.
Como referencia adicional, el proyecto menciona experiencias internacionales de países como Chile, España, Francia, Italia y Alemania, donde se aplican distintos esquemas de inspección periódica para vehículos comerciales.
Más allá de la comparación normativa, el proyecto pone el foco en las consecuencias económicas que las revisiones frecuentes generan para los trabajadores del transporte.
En ese sentido, los legisladores consideran que extender los plazos permitiría reducir gastos y otorgar mayor previsibilidad a quienes desarrollan estas actividades.
El texto también señala que la legislación nacional contempla la revisión técnica periódica de los vehículos y que su reglamentación establece condiciones de vigencia para las unidades comerciales.
El proyecto lleva la firma de Gustavo Cairo, Griselda Petri, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Alberto López, Raúl Villach y Carlos Ponce, legisladores identificados con el sector político de Luis Petri.
La iniciativa deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo antes de que las modificaciones puedan entrar en vigencia.
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