Este martes se realizó el alegato de las partes involucradas en el conflicto desatado por la eliminación de la elección de la reina de Guaymallén de la Fiesta de la Vendimia que decidió el intendente Marcelino Iglesias. Las exposiciones fueron definidas como alegatos de la causa (y no algo meramente informativo, como se sostuvo en un principio) e incorporadas formalmente al expediente que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia en un fallo plenario. La resolución debe ser a favor o en contra de la inconstitucionalidad planteada por la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay). Se presentó la parte demandante, la demandada, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno.
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Reina de Guaymallén: último paso antes de la decisión de la Corte
La Municipalidad, representantes de reinas, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno se expresaron sobre la supresión de la elección de la reina de Guaymallén.
Esta instancia se llevó a cabo una semana después de la audiencia pública, en la que todos los expositores se expresaron a favor de mantener la elección. Ahora el expediente llegará al Ministerio Público , que tendrá 10 días para resolver y enviarlo a la Suprema Corte. Si bien el máximo tribunal de Justicia tiene 60 días para resolver, desde el Poder Judicial estiman que el fallo saldrá antes de fin de año.
En definitiva, los siete jueces deberán decidir si la ordenanza 9196/2021 es constitucional o no. Cabe recordar que esto llegó a instancias judiciales por la presentación que hizo la Coreguay (y otros) de una acción procesal administrativa, reclamando la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el municipio.
Durante 20 minutos los expositores sostuvieron sus argumentos. El primero fue el de la Coreguay que, a través de su asesor letrado, la presidenta María Paula García y Soledad Reina, presidenta de la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia), y la reina "paralela" 2022, Julieta Lonigro; plantearon sus argumentos en contra a la medida del municipio, advirtiendo la "arbitrariedad" y el "exceso" de la medida.
Luego fue el turno de Octavio Puppetto, apoderado general de la municipalidad de Guaymallén, quien defendió la medida y cuestionó la existencia de lo que calificó como un "pequeño certamen de belleza".
Por su parte, el fiscal de Estado, Fernando Simón, coincidió con el planteo de inconstitucionalidad; y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, destacó que la Provincia no tiene injerencia en este debate, al menos en el ámbito judicial.
Los alegatos de las partes
La Coreguay
"Intentamos dialogar con el Municipio, pero no se logró. Frente a esta imposibilidad de diálogo se iniciaron los procesos administrativos. Es uno de los hechos artísticos más importantes", destacó Julieta Lonigro. Mientras que María Paula García advirtió que la ordenanza "excede la autonomía nacional y contraría la legislación provincial y nacional. No se debe confundir autonomía con independencia", destacó.
"No se pueden vulnerar derechos individuales. Es una de las fiestas populares y culturales más federales. Negar la presencia de la mujer como parte de un proceso productivo hace que nos olvidemos del lugar de participación de las mujeres. El interrogante debería ser otro. Se debe poner el foco en la falta de acompañamiento, de generación de recursos y formación apropiada para que estas mujeres con funciones correctamente definidas puedan desempeñar su trabajo. Hablamos de paridad de género. Aquí se habla de eliminar a una mujer de un espacio laboral y culturalmente sostenido por las tradiciones", cuestionó Soledad reina.
Mientras que el abogado destacó que "es inconstitucional porque ley provincial coloca a la Vendimia como patrimonio cultural. Es un producto cultural de la provincia de Mendoza que no debe vaciarse de contenido. Hay nueve normas que regulan la elección. Los municipios deben elegir, si se niegan estamos ante una vulneración de derechos de las mujeres de Guaymallén y se está incumpliendo con la legislación provincial", advirtió.
"No debemos caer en el snobismo de importar normativas de otros países y aplicarla s indiscriminadamente a todas las situaciones de nuestra realidad provincial, que tiene una identidad propia que tiene un plexo normativo y sociológico propio", cerró.
Municipalidad de Guaymallén
El abogado Octavio Puppetto aclaró que "el municipio de ninguna manera atenta contra la Fiesta de la Vendimia, al contrario, resalta desde sus orígenes, aquellos que la crearon, volvemos a nuestra matriz productiva". "Esta ordenanza no es antojadiza o caprichosa, desde 2016 empezamos a ver una retracción de las mujeres a presentarse como candidatas", aseguró.
Y sostuvo que "hoy nos debemos plantear si es una sana práctica (la elección de la reina). La Vendimia no es solo la elección de la reina". Y señaló que los actos eleccionarios pueden causar violencia psicológica, mediática y simbólica. Por lo que destacó: "No vemos un daño intrínseco a la fiesta y pregonamos por la coexistencia de la protección al patrimonio social y cultural en consagración con la protección de los derechos personalísimos de la mujer", recalcó.
Por otra parte cuestionó: "Cuántas chicas están ocultas y no han dicho nada sobre la violencia recibida". "La ordenanza no vulnera el patrimonio, sino que además de proteger la dignidad de la mujer contra toda violencia y discriminación, sino que resalta los verdaderos cultores del trabajo, no así un pequeño certamen de belleza".
Fiscalía de Estado
El fiscal de Estado, Fernando Simón, sostuvo que detrás de esta discusión "hay tensiones entre valores y principios sociales". Y concluyó que "la ordenanza no encuentra un lugar adecuado en nuestro sistema normativo" ya que hay "muchas normas regulan el proceso vendimial, lo ponen en valor y lo protegen". "Esta ordenanza es discordante con el sistema normativo que durante 86 años reguló la Fiesta de la Vendimia", advirtió.
"Con la elección de la reina se da un proceso cultural y social. No es un momento, no es un acto y no es solo la elección de una reina. Hay una integralidad del proceso, conviven expresiones totalmente diversas", dijo y planteó: "¿No estamos afectando el patrimonio cultural si un municipio decide cercenar?".
Y si bien destacó que "ambas partes tienen un montón de razones valederas se debe llegar a un punto de tensión cero. Ni las tradiciones tienen que estar petrificadas, ni tampoco las prohibiciones resuelven las tensiones porque lo que hacen es suprimir sin un proceso de debate, como debió haberse producido antes de la ordenanza", analizó.
"Sostenemos la inconstitucionalidad porque el municipio se excedió. No está el espacio legal para una prohibición", destacó y sostuvo que "este simplismo no es el adecuado a un proceso cultural complejo".
"No sé si es esencial la elección de la reina, pero es un elemento y es patrimonio cultural según la legislación. En todo caso, la eliminación debe hacerse en el ámbito legislativo", señaló y agregó: "Hace falta más debate público y espacios de escucha y la ordenanza no reflejó esto".
Asesoría de Gobierno
Por su parte, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, evitó pronunciarse a favor o en contra de la ordenanza de Guaymallén, advirtiendo que "hay una zona de reserva y autonomía municipal". "La provincia no tiene que controlar la legitimidad de los actos de la municipalidad", dijo y aclaró que "no es una huida del tema".
"Todos estos temas son objeto de discusión y la provincia es la principal interesada, pero no en el ámbito judicial. No somos justa parte en este proceso", sostuvo.