Cumplió varios cargos públicos en administraciones del PRO. Asumirá tras la renuncia de Vilches en plena discusión por el Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional confirmó este martes a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches, quien dejó el cargo por “motivos personales”, aunque se estima que las razones fueron más bien políticas.
La designación se produce en medio de la discusión por los cambios previstos para el área en el Presupuesto 2027, que generaron cuestionamientos de distintos sectores y también diferencias dentro del propio oficialismo.
Di Liscia es contador público y cuenta con experiencia tanto en la gestión pública como en el sector privado. Su llegada al Gobierno nacional se da con una tarea concreta que le asignó el mileísmo: continuar con la reorganización del área y el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral.
El nuevo secretario de Discapacidad tiene antecedentes en la administración pública de CABA y de la provincia de Buenos Aires.
Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gestión de María Eugenia Vidal. Antes había sido subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno porteño, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el Gobierno destacaron además que cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado, además de antecedentes en conducción de organismos, administración de presupuestos y gestión de equipos.
Según trascendió, su nombre fue acercado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría valorado especialmente su perfil técnico y su experiencia al frente del IOMA.
El ministro de Salud, Mario Lugones, ya había mantenido reuniones con Di Liscia antes de la oficialización de su nombramiento.
Una de las responsabilidades que tendrá Di Liscia será continuar con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral que lleva adelante el Gobierno.
El objetivo declarado por la administración nacional es detectar irregularidades y posibles beneficios otorgados de manera fraudulenta, para determinar que los recursos estatales lleguen a los beneficiarios que cumplen con los requisitos.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que la nueva gestión tendrá como prioridades optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos.
Asimismo, deberá defender lo proyectado para su área dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla modificaciones en el sistema de prestaciones y en distintos mecanismos establecidos por la normativa vigente de discapacidad.
La discusión generó tensión dentro del oficialismo y fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, mientras el Congreso avanza con el tratamiento del proyecto.
