Mendoza prepara el debate de un nuevo código de aguas. Los desafíos frente a tiempos en que actividades industriales como la minería se hacen imprescindibles.
El Gobierno Nacional sigue anunciando inversiones en minería que ya están presentadas hace tiempo o en marcha. Dejemos que vivan la fantasía del RIGI y complementos. Pero es cierto que la profusión de falacias tiene como positivo reactivar un debate necesario en Mendoza y gran parte del país; la ampliación de la matriz productiva.
Obviamente, Mendoza como provincia cordillerana con un potencial enorme y postergado en materia de minerales no debería estar ausente de este momento. De hecho, no lo está y si hay algo que reconocerle a Alfredo Cornejo en este segundo mandato es su decisión de instalar en agenda y llevar adelante debates necesarios.
Mendoza tiene una riqueza dormida en sus montañas. Muy probablemente similar a la del lado chileno e incluso podría ser superior a San Juan. Mucho de ello ya prospectado o explorado, pero frenado sin más por una inentendible y supuesta “rebelión social” que nunca quedó demostrada en números y que parece mucho más a una sensación que una realidad y que la política hasta ahora nunca supo desmontar.
Las abuelas, sabias, siempre nos recordaban que la “necesidad tiene cara de hereje” y si bien no es una herejía utilizar con inteligencia los recursos que la naturaleza nos da, no es menos cierto la necesidad es lo que llevó a muchos dirigentes a repensar el cómo y el cuándo se sale de una economía monoproductiva y atada a los intereses de un sector.
Los tiempos para actividades como la minería (que no afectan ni contaminan más a la tierra que la agropecuaria u otras industrias) parecen ser propicios. Es cierto que queda pendiente el debate de cómo agregar valor agregado y mejorar la performance, algo que no sorprende, ya que es una materia pendiente hasta en el sector agroexportador.
Pero la actividad minera al contrario de la agroexportadora tiene una ventaja para que el debate puede focalizarse en necesidades particularidades; los recursos son de las provincias, propiedad garantizada constitucionalmente a partir de la reforma del 94.
Esto permite que las provincias, dentro de un marco nacional, puedan fijar condiciones propias que utilizadas con inteligencia y visión de progreso pueden ser muy útiles.
Sin ir muy lejos para un ejemplo. San Juan en las últimas tres décadas multiplicó por seis o siete la construcción de diques para el manejo del agua con respecto a Mendoza que solo hizo Potrerillos.
Una de las grandes polémicas de la actividad minera es la utilización del recurso hídrico a partir de la construcción de falacias y de datos alejados de la realidad se impusieron mitos que el mundo ya ha desterrado y superado hace mucho tiempo.
En Mendoza, se sabe, que el agua tiene rango constitucional lo que remarca la importancia que tiene para la provincia, pero también es cierto que ese manejo y rango fue impuesto hace casi 150 años por legisladores y constituyentes terratenientes que comenzaban a legislar en mayo porque antes tenían que cuidar sus fincas y cosechas por lo que hoy sería una reglamentación claramente tildada de conflicto de intereses.
La ley fundamental del agua se transformó, en todos estos años, en algo muy similar a esas mantas que preparaban abuelas y madres con los retazos de telas que iban sobrando de otras confecciones. A lo largo del casi siglo y medio de vigencia la Ley de Aguas recibió más de una centena de modificaciones (parches) pero ninguna terminó de actualizar la reglamentación a los nuevos tiempos de desarrollo donde la actividad agrícola ya dejó de ser el principal proveedor de la economía de la provincia y tiene que convivir con actividades industriales y el desarrollo de la actividad humana.
El gobierno de Alfredo Cornejo, según diversas fuentes, parece decidido a avanzar en el debate. Ya es un secreto a voces que Irrigación con un equipo más que profesional está trabajando en un nuevo código y en un plan matriz que tome el toro por las astas y contemple los nuevos tiempos.
En el Gobierno creen que el tema minero será parte, pero no contaminará la discusión, ya que si se concentra el distrito minero en Malargüe la incidencia seria mínima. Sin embargo, hay que decir que se debería pensar con una proyección y entender que el potencial del sector es a lo largo de toda la montaña mendocina.
El debate que plantea a mediano plazo el Ejecutivo e Irrigación, que llegará en breve a la Legislatura, no será fácil pero plantea algo interesante y que es contemplar las necesidades de todas las industrias y consumidores y adaptarse a las necesidades de lo que podríamos denominar mercados.
La base es clara: algo que hace 100 años era impensable como tener tierras con derecho a riego y agua para producir abandonadas o destinadas a otra actividad es hoy lo más común.
La dinámica de crecimiento, las crisis económicas y un sin número de factores ha llenado a Mendoza de fincas improductivas o barrios privados con derecho a riego mientras el agua se necesita para otros sectores y actividades.
Acorde a los tiempos el Gobierno plantea avanzar hacia un código y plan de aguas con lógica de mercado donde lo que se use cueste, como suelen decir en el entorno del gobernador, y donde el agua se utilice de acuerdo con las necesidades de todas las actividades productivas e industriales de la provincia y de alguna manera se termine con el monopolio agrícola.
La sola publicación del anteproyecto de Código en la web de Irrigación ya levantó la polémica de los sectores que podrían verse “afectados” aunque hay una realidad incontrastable, ya no son el sostén económico de la provincia, simplemente son un actor más de la economía de la provincia.
Mendoza necesita indudablemente rediscutir el uso de sus recursos y la fibra más sensible es el agua. Sin dudas se vienen días que harán olas.
