Luego de aprobar la reforma a la carta orgánica del Banco Central, la Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, otra de las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que se anotó el segundo triunfo parlamentario en la sesión especial. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
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Media sanción a Inocencia Fiscal II: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los diez mendocinos
Tras el aval a la reforma del BCRA, el oficialismo sumó otro triunfo legislativo: aprobó el proyecto que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica facultades de fiscalización de ARCA.
Entre otras cuestiones, la norma modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y establece nuevas reglas para la fiscalización de los contribuyentes. Una vez más, el oficialismo logró el respaldo de los bloques dialoguistas, que inclinaron la balanza a favor de los intereses libertarios. Desde la oposición, cuestionaron que la propuesta reduzca las herramientas de fiscalización de ARCA y advirtieron que puede beneficiar principalmente a grandes contribuyentes.
Deiputados aprobó Inocencia Fiscal II: qué dijeron y cómo votaron los diputados mendocinos
De los diez legisladores mendocinos que integran la Cámara de Diputados, solo dos hicieron uso de la palabra durante el debate: Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y Emir Félix (Unión por la Patria).
La exlegisladora de LLA planteó conformidad con avanzar hacia un sistema tributario más sencillo y con menos burocracia, pero cuestionó que la iniciativa pueda reducir la capacidad del Estado para controlar el patrimonio y los ingresos de los contribuyentes.
"No podemos permitir que el Estado mire para otro lado", sostuvo Arrieta, quien defendió el principio de inocencia consagrado en la Constitución, pero remarcó que esa garantía no debería implicar una pérdida de capacidad de fiscalización.
En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que la eliminación de determinada información patrimonial y la reducción de herramientas de control debiliten la capacidad de ARCA para detectar discrepancias significativas. Finalmente, sostuvo que el sistema tributario debe ser "justo", "proporcional" y "progresivo", y reclamó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales sea valorado por el Estado.
Por su parte, el exintendente de San Rafael cuestionó que el proyecto sea presentado como una simplificación tributaria. "Estamos de acuerdo con una simplificación tributaria, pero está claro que esto no es un régimen de simplificación tributaria", afirmó.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo relacionado con la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasaría de cinco a tres años, y con las nuevas condiciones para determinar las discrepancias que pueden ser observadas por ARCA.
Félix consideró que el proyecto reduce la capacidad de fiscalización sobre los grandes contribuyentes, mientras que mantiene una mayor presión sobre los pequeños. "Está claro que genera una ausencia selectiva del control de los contribuyentes más grandes y sí genera una cacería muy rápida a los contribuyentes más chicos", sostuvo. "El mensaje es claro, es beneficiar a los vivos y que paguen los giles", sentenció.
Cómo votaron los mendocinos Inocencia Fiscal II
- Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.
- Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.
- Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo.
- Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo.
- Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo.
- Lisandro Nieri (UCR): afirmativo.
- Pamela Verasay (UCR): afirmativo.
- Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): abstención.
- Emir Félix (Unión por la Patria): negativo.
- Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo.
Las voces a favor y en contra de Inocencia Fiscal II
Desde La Libertad Avanza y sus aliados defendieron el proyecto como una herramienta para simplificar el cumplimiento tributario, otorgar previsibilidad a los contribuyentes y favorecer la incorporación de dólares al sistema formal.
Uno de los argumentos centrales del oficialismo fue que la iniciativa busca que quienes tengan ahorros fuera del sistema financiero puedan utilizarlos sin quedar expuestos automáticamente a una investigación por la evolución de su patrimonio, siempre que se cumplan las condiciones previstas.
La oposición cuestionó precisamente ese aspecto y sostuvo que la modificación reduce las herramientas con las que cuenta el Estado para detectar evasión y otras irregularidades. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lo calificaron como un mecanismo que podría favorecer a grandes evasores.
También hubo cuestionamientos y cruces políticos vinculados con la primera versión de la denominada Inocencia Fiscal y con funcionarios y dirigentes que se habrían beneficiado de sus disposiciones. Entre ellos, el exJefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti.
Qué cambia para los contribuyentes con Inocencia Fiscal II
El proyecto aprobado por Diputados modifica distintos aspectos del Régimen Simplificado de Declaración Jurada de Ganancias y de las facultades de fiscalización de ARCA. Entre los principales cambios se encuentran:
- Se amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias: el proyecto elimina los actuales límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que impiden a determinados contribuyentes adherir al esquema.
- Se establece una presunción de exactitud: los contribuyentes que cumplan con las condiciones previstas podrán contar con una mayor protección frente a fiscalizaciones posteriores de ARCA.
- Se define qué es una discrepancia significativa: el proyecto establece un mecanismo para determinar cuándo una diferencia detectada por ARCA entre la información declarada y los datos disponibles resulta suficientemente relevante como para justificar una observación.
- Se incorpora un umbral de $5 millones:cuando la diferencia sea de hasta ese monto, aun cuando represente el porcentaje establecido, no será considerada una discrepancia significativa a los efectos previstos por el régimen.
- ARCA deberá demostrar la discrepancia: el organismo podrá utilizar información aportada por el contribuyente, sus propios registros o datos proporcionados por terceros para fundamentar una eventual observación.
- Se permite rectificar y conservar los beneficios: aun cuando ARCA determine una diferencia, el contribuyente podrá regularizarla dentro del plazo previsto y mantener los beneficios del régimen, siempre que acepte la determinación y pague el impuesto y sus accesorios.
- Se modifica el tratamiento de las diferencias patrimoniales: uno de los puntos centrales es que determinadas discrepancias de patrimonio o consumos dejan de funcionar automáticamente como elementos suficientes para avanzar sobre el contribuyente si no alcanzan los parámetros establecidos.
- Se reducen los plazos de prescripción: el proyecto modifica el período durante el cual ARCA puede revisar determinadas obligaciones, llevándolo de cinco a tres años bajo las condiciones previstas.
- Se modifica el régimen de multas: la iniciativa contempla una reducción progresiva de determinadas sanciones, con especial impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.
- Se establece un plazo para utilizar los beneficios sobre fondos no declarados: la presunción de exactitud y el denominado "tapón fiscal" podrán utilizarse bajo las condiciones previstas hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Los funcionarios públicos quedan excluidos de los principales beneficios: quienes ejerzan o hayan ejercido determinados cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores no podrán acceder a la presunción de exactitud ni a los beneficios vinculados con la liberación de fiscalizaciones.
En términos generales, el objetivo del Gobierno es que el sistema tributario deje de concentrar buena parte de la fiscalización en la evolución patrimonial y pase a enfocarse en discrepancias que superen determinados umbrales. La apuesta oficial es que esto genere mayor seguridad jurídica y facilite que los dólares que permanecen fuera del sistema financiero sean utilizados formalmente.
La oposición, en cambio, sostiene que la combinación entre una menor cantidad de información patrimonial, mayores dificultades para fiscalizar y la posibilidad de rectificar determinadas declaraciones puede reducir significativamente la capacidad de ARCA para detectar evasión.