Tras el aval a la reforma del BCRA, el oficialismo sumó otro triunfo legislativo: aprobó el proyecto que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica facultades de fiscalización de ARCA.
El oficialismo sumó su segundo poroto en la larga sesión del miércoles.
Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Luego de aprobar la reforma a la carta orgánica del Banco Central, la Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, otra de las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que se anotó el segundo triunfo parlamentario en la sesión especial. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
Entre otras cuestiones, la norma modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y establece nuevas reglas para la fiscalización de los contribuyentes. Una vez más, el oficialismo logró el respaldo de los bloques dialoguistas, que inclinaron la balanza a favor de los intereses libertarios. Desde la oposición, cuestionaron que la propuesta reduzca las herramientas de fiscalización de ARCA y advirtieron que puede beneficiar principalmente a grandes contribuyentes.
De los diez legisladores mendocinos que integran la Cámara de Diputados, solo dos hicieron uso de la palabra durante el debate: Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y Emir Félix (Unión por la Patria).
La exlegisladora de LLA planteó conformidad con avanzar hacia un sistema tributario más sencillo y con menos burocracia, pero cuestionó que la iniciativa pueda reducir la capacidad del Estado para controlar el patrimonio y los ingresos de los contribuyentes.
"No podemos permitir que el Estado mire para otro lado", sostuvo Arrieta, quien defendió el principio de inocencia consagrado en la Constitución, pero remarcó que esa garantía no debería implicar una pérdida de capacidad de fiscalización.
En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que la eliminación de determinada información patrimonial y la reducción de herramientas de control debiliten la capacidad de ARCA para detectar discrepancias significativas. Finalmente, sostuvo que el sistema tributario debe ser "justo", "proporcional" y "progresivo", y reclamó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales sea valorado por el Estado.
Por su parte, el exintendente de San Rafael cuestionó que el proyecto sea presentado como una simplificación tributaria. "Estamos de acuerdo con una simplificación tributaria, pero está claro que esto no es un régimen de simplificación tributaria", afirmó.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo relacionado con la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasaría de cinco a tres años, y con las nuevas condiciones para determinar las discrepancias que pueden ser observadas por ARCA.
Félix consideró que el proyecto reduce la capacidad de fiscalización sobre los grandes contribuyentes, mientras que mantiene una mayor presión sobre los pequeños. "Está claro que genera una ausencia selectiva del control de los contribuyentes más grandes y sí genera una cacería muy rápida a los contribuyentes más chicos", sostuvo. "El mensaje es claro, es beneficiar a los vivos y que paguen los giles", sentenció.
Desde La Libertad Avanza y sus aliados defendieron el proyecto como una herramienta para simplificar el cumplimiento tributario, otorgar previsibilidad a los contribuyentes y favorecer la incorporación de dólares al sistema formal.
Uno de los argumentos centrales del oficialismo fue que la iniciativa busca que quienes tengan ahorros fuera del sistema financiero puedan utilizarlos sin quedar expuestos automáticamente a una investigación por la evolución de su patrimonio, siempre que se cumplan las condiciones previstas.
La oposición cuestionó precisamente ese aspecto y sostuvo que la modificación reduce las herramientas con las que cuenta el Estado para detectar evasión y otras irregularidades. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lo calificaron como un mecanismo que podría favorecer a grandes evasores.
También hubo cuestionamientos y cruces políticos vinculados con la primera versión de la denominada Inocencia Fiscal y con funcionarios y dirigentes que se habrían beneficiado de sus disposiciones. Entre ellos, el exJefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti.
El proyecto aprobado por Diputados modifica distintos aspectos del Régimen Simplificado de Declaración Jurada de Ganancias y de las facultades de fiscalización de ARCA. Entre los principales cambios se encuentran:
En términos generales, el objetivo del Gobierno es que el sistema tributario deje de concentrar buena parte de la fiscalización en la evolución patrimonial y pase a enfocarse en discrepancias que superen determinados umbrales. La apuesta oficial es que esto genere mayor seguridad jurídica y facilite que los dólares que permanecen fuera del sistema financiero sean utilizados formalmente.
La oposición, en cambio, sostiene que la combinación entre una menor cantidad de información patrimonial, mayores dificultades para fiscalizar y la posibilidad de rectificar determinadas declaraciones puede reducir significativamente la capacidad de ARCA para detectar evasión.
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