El diputado nacional Luis Petri cuestionó la decisión de la Justicia de Mendoza de ampliar las salidas transitorias de un preso condenado a prisión perpetua, quien puede abandonar la cárcel durante 12 horas cada 21 días. El legislador publicó un mensaje en su cuenta de X (Twitter), donde defendió la ley de su autoría que restringe estos beneficios.
“Con la Ley Petri, esto no pasa más en todo el país”, escribió el exministro de Defensa al compartir la información sobre el caso. En su publicación, sostuvo que la normativa impide las salidas transitorias y la libertad condicional para condenados por homicidios, delitos sexuales y narcotráfico, y advirtió: “Para todos los que delinquieron después, la regla es clara: el que las hace, las paga”.
El planteo de Petri se conoció luego de que trascendiera que el interno, Cristian Tejada, lleva más de 23 años detenido y fue condenado por tres homicidios cometidos dentro de la cárcel. La decisión judicial que flexibilizó su régimen de salidas volvió a poner en discusión los criterios para conceder beneficios penitenciarios a personas condenadas por delitos violentos.
El caso del preso que sale de la cárcel cada 21 días
Tejada fue condenado en 2007 a 24 años de prisión por el asesinato de Sergio Salinas Ares, otro interno del penal de Boulogne Sur Mer. En 2010 recibió una nueva condena por los homicidios de Diego Ferranti y Gerardo Gómez, quienes habían sido testigos del motín vendimial.
En abril de 2024, la Justicia le concedió salidas transitorias de 12 horas cada 42 días, con una tobillera electrónica. Sin embargo, en septiembre de este año, tras un pedido de ampliación del régimen por razones de vinculación familiar, se autorizó que pudiera salir con mayor frecuencia: una vez cada 21 días.
El beneficio contempla condiciones de control, entre ellas el uso del dispositivo de geolocalización, la obligación de regresar al establecimiento penitenciario y la prohibición de cometer delitos durante las salidas.
Petri, por su parte, reivindicó la legislación que impulsó y cuestionó que un condenado por crímenes graves acceda a este tipo de permisos.
Su publicación reavivó el debate sobre la aplicación de las normas de ejecución penal y el alcance de las restricciones a los beneficios penitenciarios.