El conflicto por la distribución de los fondos de coparticipación entre Rivadavia y el Gobierno provincial sumó nuevos capítulos durante los últimos días y escaló tanto en el terreno judicial como en el político. El intendente Ricardo Mansur llevó su reclamo ante la Suprema Corte de Justicia, denunció que el departamento habría dejado de percibir unos $46.000 millones desde 2024 y cuestionó la falta de voluntad del gobernador Alfredo Cornejo para alcanzar un acuerdo.
La pelea por la coparticipación de Rivadavia sigue en la Corte y suma tensión política en la comuna
Tras una audiencia sin acuerdo, la Justicia rechazó incorporar a otros municipios y dio hasta febrero para presentar pruebas. El reclamo de Ricardo Mansur abrió nuevos cruces con el oficialismo.
Mansur y Cornejo, enfrentados políticamente, también se cruzan en la Justicia.
Foto: @RicardoAMansur en XLa audiencia realizada el pasado jueves terminó sin entendimiento entre las partes. Sin embargo, dejó dos definiciones importantes para el expediente: la Corte rechazó el pedido de Fiscalía de Estado para incorporar a los otros 17 municipios a la causa y estableció el 26 de febrero de 2027 como plazo para producir las pruebas admitidas.
Mientras el municipio ratificó que continuará con la demanda por la presunta inconstitucionalidad del régimen vigente, el Ejecutivo provincial defendió la reforma aprobada durante 2024 y sostuvo que Rivadavia no acreditó un perjuicio económico concreto. La discusión, que lleva más de dos años, también empezó a trasladarse al escenario político local, con cuestionamientos de dirigentes radicales hacia la gestión de Mansur.
Coparticipación municipal: de dónde surge el reclamo de Rivadavia y qué cuestiona Ricardo Mansur
El origen de la disputa se remonta a 2024, cuando el Gobierno de Cornejo impulsó cambios en el régimen de coparticipación municipal mediante la Ley 9.550, que modificó aspectos de la normativa anterior, la Ley 6.396.
La coparticipación es el mecanismo por el cual la Provincia distribuye automáticamente entre los 18 departamentos una parte de los impuestos provinciales y de los recursos nacionales que recibe. Se trata de una fuente central de financiamiento para los municipios, ya que condiciona buena parte de sus posibilidades de sostener servicios, ejecutar obras y planificar inversiones.
La reforma de 2024 modificó el componente destinado a equilibrar las diferencias entre los departamentos. El esquema general mantuvo tres criterios de distribución:
- El 65% de los recursos se distribuye según la cantidad de habitantes.
- El 25% se reparte en partes iguales entre los 18 municipios.
- El 10% restante (el que modificó la Legislatura en 2024) se asigna mediante un coeficiente de equilibrio que busca compensar diferencias demográficas y nivelar los recursos por habitante.
El planteo de Rivadavia se concentra en este último componente. Mansur sostiene que el departamento continúa soportando un coeficiente negativo asociado a una realidad económica que cambió: durante décadas tuvo una participación importante en la producción petrolera provincial, pero esa actividad perdió peso y el sistema de distribución no acompañó esa transformación.
La comuna del Este considera que los parámetros históricos siguen perjudicándola y que la reforma no corrigió esa situación. Según los cálculos de la administración de Mansur, la diferencia acumulada desde 2024 ronda los $46.000 millones, con una pérdida anual estimada en torno a los $15.000 millones.
Para respaldar su planteo, el municipio compara los fondos que recibe por habitante con los de otros departamentos. Entre las referencias que expuso aparecen Junín, General Alvear y Lavalle, además de Malargüe. De acuerdo con sus proyecciones, una distribución equivalente a la de esas comunas representaría ingresos adicionales para Rivadavia.
La audiencia en la Corte que terminó sin acuerdo
Con ese planteo como punto de partida, Mansur llegó el jueves a la Suprema Corte acompañado por representantes políticos, legisladores, exintendentes, instituciones, cooperativas y referentes del sector productivo del departamento. La intención fue mostrar que el reclamo excede a la actual administración municipal y que tiene respaldo de distintos sectores de Rivadavia.
La instancia había sido convocada para avanzar en el proceso judicial y explorar una posible salida consensuada. Pero no hubo acuerdo entre el municipio y el Ejecutivo provincial, que tuvo como representante al asesor de Gobierno, Ricardo Canet.
En la audiencia se trató el planteo de Fiscalía de Estado para que se incorporara a los otros 17 municipios al expediente. El argumento fue que una eventual modificación del esquema de distribución podría afectar los recursos que reciben las demás comunas. El máximo tribunal rechazó esa solicitud. De esta manera, el proceso continuará solo con Rivadavia, el Gobierno provincial y Fiscalía de Estado como partes, sin sumar al resto de los departamentos.
La decisión fue valorada por Mansur, quien entiende que la demanda busca discutir la constitucionalidad de determinados artículos de la ley y no quitarles fondos a otros municipios para beneficiar al suyo. Desde esa perspectiva, sumar a las restantes comunas podía ampliar innecesariamente el expediente y demorar su resolución.
El tribunal también admitió las pruebas ofrecidas por las partes y fijó el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para producirlas. Una vez cumplida esa etapa, se convocará a una nueva audiencia antes de que la Corte avance hacia una sentencia.
En el encuentro, Canet ratificó la postura oficial respecto a que el ámbito de discusión de un conflicto de estas características es la Legislatura, no el Poder Judicial; y que los argumentos planteados por la comuna son desacertados.
"La ley (sancionada en 2024), en el mejor de los casos, no le da lo que la Municipalidad pretende, pero mejora el coeficiente de participación (el funcionario detalló que ese índice pasó de -0,773% a -0,749%). Esto claramente perjudica a los otros municipios, porque si le doy más a Rivadavia a alguien le tengo que sacar", evaluó Canet.
Asimismo, calificó de errónea la posición de Mansur sobre que hay algunos departamentos que están en desigualdad manifiesta de condiciones respecto a Rivadavia "porque no considera que, con 62 mil habitantes, tenga el mismo porcentaje que Guaymallén, que lo triplica, o que Las Heras, que lo cuadriplica. No hay daño, no es la vía. Y, no habiendo daño patriminolal para Rivadavia, el rechazo de la acción es lo que se impone", sentenció el asesor de Gobierno.
El conflicto también abrió un nuevo frente político en Rivadavia
La discusión judicial no quedó circunscripta al Palacio de Justicia. En las últimas horas, dirigentes del radicalismo local y funcionarios vinculados al oficialismo provincial salieron a cuestionar públicamente a Mansur, en un anticipo de la disputa política que empieza a proyectarse hacia las elecciones de 2027.
Desde la UCR Rivadavia difundieron un documento en el que reconocieron la necesidad de que el departamento cuente con mayores recursos, pero marcaron diferencias con la forma en que el intendente viene planteando el conflicto. El espacio opositor (en la comuna) puso el acento en las responsabilidades de la gestión municipal y cuestionó que las dificultades económicas se utilicen como explicación general para los problemas del departamento. Entre los puntos que mencionaron aparecen las obras pendientes, la prestación de servicios y la situación salarial de los trabajadores municipales.
A ese posicionamiento se sumó Hernán Amat, actual director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y uno de los que suena fuerte como posible candidato a intendente por el cornejismo el año que viene. El funcionario provincial trae viento de cola, luego de la positiva performance de LLA+Cambia Mendoza en las legislativas municipales de febrero de este año, en la que el partido gobernante, "Sembrar", quedó diez puntos por detrás de esa fuerza, generando un cimbronazo interno.