La Legislatura de Mendoza sancionó una ley que regula la recolección, el transporte y la disposición final de efluentes cloacales e industriales en toda la provincia. El objetivo es garantizar que los residuos lleguen en condiciones adecuadas a las plantas de tratamiento y evitar riesgos ambientales.
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La Legislatura de Mendoza reguló el transporte de efluentes cloacales e industriales: controles y sanciones
La Legislatura de Mendoza creó un sistema para controlar y trazar los camiones que transportan estos residuos para evitar riesgos ambientales.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Érica Pulido y Ricardo Tribiño, tenía media sanción de Diputados, fue modificada en el Senado y finalmente aprobada en segunda revisión en la Cámara baja. La normativa crea un Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales y un sistema de manifiesto de carga para asegurar la trazabilidad.
La iniciativa establece los requisitos y el régimen de control aplicable a todas las personas humanas o jurídicas intervinientes en dichas actividades, definiendo los distintos tipos de efluentes, los roles de generadores, transportistas y operadores de servicio, siendo el Departamento General de Irrigación la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar, habilitar y controlar el funcionamiento del sistema.
Qué cambia con la sanción de esta ley en la provincia de Mendoza
Uno de los puntos centrales de la ley es la obligación de que todos los efluentes industriales cuenten con un sistema de pretratamiento en origen antes de ser transportados. Prohíbe la recolección de efluentes industriales que no cumplan con este requisito.
La creación del registro provincial es para que se inscriban las personas humanas o jurídicas que operen con camiones atmosféricos. A esto se suma la implementación de un sistema de manifiesto de carga, con carácter de declaración jurada, que permitirá garantizar la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final.
El texto también prevé la incorporación de sistemas de monitoreo y geolocalización en los vehículos habilitados, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir prácticas irregulares que puedan generar impactos negativos en el ambiente o en la salud pública. Asimismo, fija condiciones para el funcionamiento de las plantas de tratamiento y los puntos de descarga autorizados.
Además, se introdujeron modificaciones al régimen sancionatorio, con la eliminación de algunos incisos y una adecuación de las penalidades para evitar afectar la continuidad de un servicio considerado esencial. Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras y decomisos en caso de incumplimiento.