La discusión por la lucha antigranizo volvió al centro de la escena en el Sur de Mendoza luego de que el Gobierno provincial decidiera vender/ceder dos aeronaves a San Rafael y General Alvear, pero mantuviera en las comunas la responsabilidad de financiar el sistema. La medida reabre el debate que se dio en 2024, cuando el Ejecutivo decidió discontinuar el servicio tras más de 25 años de operación: ¿ Es efectivo? ¿Cuántos aviones son necesarios para mitigar el efecto de las tormentas? ¿Quién debe financiarlo?
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La eficacia de la lucha antigranizo está comprobada: por qué San Rafael pide que la financie el Gobierno de Mendoza
La superficie cultivada afectada por el granizo se redujo a lo largo de los años. Las últimas campañas reforzaron la evidencia. La alternativa que plantea San Rafael para seguir operando el sistema.
Los resultados de las últimas dos campañas, cuya logística estuvo a cargo de los municipios, otorga algunas respuestas. Antes de la implementación de la lucha aérea, la zona Sur registraba un promedio cercano a las 11.000 hectáreas cultivadas afectadas (al 100%) por año. Durante el período posterior, con el sistema activo, el promedio se redujo a unas 5.300 hectáreas anuales. En la temporada 2025/2026 se registraron unas 1.900 hectáreas afectadas, pese a una temporada con una elevada cantidad de tormentas severas. Durante ese período se realizaron 141 vuelos en 47 días de operación, con tres aeronaves.
¿Es eficiente la lucha antigranizo?
La lucha antigranizo por siembra de nubes no impide que se formen tormentas ni garantiza que no caiga granizo. Su objetivo es intervenir sobre las nubes potencialmente graniceras antes de que el fenómeno alcance los cultivos.
El sistema utiliza yoduro de plata, que es introducido en las tormentas mediante bengalas y cartuchos lanzados desde los aviones. La sustancia actúa como núcleo de formación de cristales de hielo dentro de la nube y busca modificar el proceso de crecimiento de las piedras, reduciendo su tamaño y la energía con la que llegan al suelo. Esa es también la finalidad que describe oficialmente el sistema mendocino de defensa activa.
Para que la operación sea posible, los radares cumplen un papel central: permiten detectar las celdas potencialmente graniceras, seguir su evolución y determinar dónde y cuándo intervenir. La propia documentación oficial de Mendoza describe la siembra como una tarea preventiva que debe comenzar en las primeras etapas de formación de las tormentas.
Por eso, el éxito del sistema no se mide en función de si cayó o no granizo, sino de cuánto se redujeron los daños provocados por ese fenómeno.
Los estudios que respaldan la mitigación
Uno de los principales antecedentes científicos utilizados en la discusión mendocina es un estudio elaborado por AEMSA en 2023. El trabajo comparó períodos sin siembra aérea con otros en los que el sistema estuvo operativo y encontró una reducción promedio del 50% en la tasa de incidencia de daños entre los períodos 1994-1998 y 2018-2023. El propio informe planteó que existía evidencia favorable sobre la relación entre la siembra y la reducción de daños.
El análisis económico realizado en ese mismo trabajo concluyó además que el sistema tenía rentabilidad social positiva. Bajo los supuestos utilizados por el estudio, la mitigación permitía proteger unas 10.000 hectáreas por año, con un beneficio económico superior al costo de operación.
De este modo, la caída de la superficie afectada no significa que las tormentas hayan desaparecido, sino que el objetivo es que una menor proporción de los cultivos termine con daños severos.
Por qué San Rafael insiste con la continuidad de la lucha y la operación de tres aviones
Uno de los nuevos puntos de discusión es la cantidad de aeronaves necesarias para operar en el oasis Sur. Durante la temporada 2025/2026 se utilizaron tres aviones. Desde San Rafael explican que el esquema requiere dos aeronaves operativas y una tercera disponible como respaldo, ya que los aviones pueden quedar fuera de servicio por mantenimiento o por otras contingencias justo cuando se desarrolla una tormenta.
La importancia de contar con una aeronave de reserva también está vinculada a la dinámica de las tormentas: varias celdas pueden desarrollarse o desplazarse al mismo tiempo, por lo que la capacidad de respuesta depende no solamente de detectar el fenómeno sino también de disponer de aeronaves para intervenir.
Esa posición no es compartida por el Ejecutivo provincial, que sostiene que dos aviones son suficientes para cubrir la superficie sureña. Es el argumento utilizado para el ofrecimiento de dos de los cuatro aviones que dispone la Provincia.
A quién le corresponde financiar la lucha antigranizo
La discusión sobre quién debe financiar el sistema también tiene un antecedente legal que se remonta a 1998. La Ley 6.638 creó el Programa Provincial de Investigaciones técnico-científicas aplicadas al diagnóstico y modificación artificial del tiempo atmosférico y estableció el Programa Provincial de Prevención y Control de Accidentes Climáticos.
Entre sus disposiciones, la norma autorizó al Poder Ejecutivo a implementar un sistema de lucha activa antigranizo mediante siembra de nubes a través de aviones y estableció que debía realizarse una licitación para contratar sistemas de defensa activa contra el granizo.
El artículo 8 de la norma establece que el Poder Ejecutivo debe auditar técnicamente los resultados de los sistemas de lucha activa y emitir informes sobre su eficacia, los cuales deben servir como base para definir su continuidad y futuras licitaciones.
También fija una serie de compromisos para el Gobierno provincial, entre ellos brindar asesoramiento, ceder instalaciones disponibles y gestionar información y convenios necesarios para la operatividad del sistema.
Desde San Rafael interpretan ese marco normativo como una responsabilidad provincial sobre las políticas de mitigación de las contingencias climáticas. Una estructura de tales características requiere un financiamiento de imposible alcance para los municipios, que tienen presupuestos acotados destinados para otras obligaciones vinculadas a su propia competencia.
Las campañas financiadas por los municipios
Desde 2024, cuando el Gobierno de Mendoza decidió dejar de financiar la operación de la lucha antigranizo y orientar esos recursos hacia mecanismos de compensación y seguros para los productores, San Rafael y General Alvear sostuvieron el sistema durante dos temporadas con recursos municipales. La Provincia aportó parte de la infraestructura (cesión de aviones, bengalas, radarización y asistencia).
En 2024/2025 la operación estuvo a cargo de Weather Modification, junto con Aerotec, mientras que en 2025/2026 la gestión operativa quedó en manos de San Rafael junto con el Aeroclub local. La última campaña tuvo un costo considerablemente inferior al esquema anterior. Según el balance presentado por el municipio, se destinaron $1.500 millones para cubrir el total de la operación en la temporada.
Para costearlo, los municipios apelaron a diferentes estrategias. En San Rafael se dispuso el cobro de una tasa municipal, con mayor carga para productores y usuarios de consumos superiores. Pese a ello, a esa comuna aún le restan recuperar unos $1.200 millones (de $3.400M destinados) correspondientes a las últimas dos campañas. Una cifra más que considerable para cualquier Municipio. En el Caso de Alvear, en la primera campaña se actuó del mismo modo que San Rafael y en la segunda se abordó con recursos municipales, aunque aún adeuda unos $210 millones de la última temporada.
El próximo lunes, en San Rafael se desarrollará un encuentro clave entre la Municipalidad y los productores que también sostienen el sistema con sus aportes municipales y provinciales. Allí se definirá una posición conjunta para elevar a la Provincia en cuanto a cómo continuará operándose el sistema, ya que no es una opción su eliminación definitiva. Se espera una respuesta favorable de la administración cornejista.
La propuesta de San Rafael: operar el sistema, pero con fondos provinciales
Desde el municipio sostienen que no necesariamente debería descartarse la posibilidad de que la operación quede en manos municipales, siempre que exista un mecanismo estable para financiarla.
La alternativa planteada es que la Provincia transfiera los recursos necesarios o establezca un esquema que permita a las comunas recuperar lo que invierten durante cada campaña, evitando que el costo termine recayendo sobre los presupuestos municipales.
De este modo, se retornaría a un esquema de financiamiento similar al que se implementó hasta 2024, pero con administración a cargo de los departamentos, que —a la luz de los resultados— han demostrado eficiencia en la gestión del sistema.
La posición municipal es que la situación de los últimos dos años no puede transformarse en una obligación permanente: si la Provincia decide delegar la operación, también debería transferir los recursos suficientes para hacerla sostenible.
La Provincia decidió ahora poner dos aeronaves a disposición de San Rafael y General Alvear y mantener la radarización vinculada al sistema. La decisión permite que las comunas continúen con la lucha, pero no resuelve quién financiará la operación ni cómo se sostendrá en las próximas temporadas.
El Gobierno sostiene que su prioridad está puesta en el Fondo Compensador Agrícola y en mecanismos que permitan indemnizar directamente a los productores afectados. San Rafael, en cambio, plantea que la compensación y la prevención no son herramientas excluyentes, sino complementarias, tal como lo establece la Ley 6.638.
En definitiva, el debate sobre la lucha antigranizo en el Sur parece haber dejado atrás la discusión sobre su continuidad y se concentra ahora en cómo sostener un sistema que los municipios y los productores consideran necesario; y cuyos resultados defienden con datos. Con la temporada 2026/2027 a punto de comenzar, la discusión vuelve a poner sobre la mesa bajo qué esquema se garantizará su continuidad.