El presidente Javier Milei promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada por el Congreso tras el veto del mandatario, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, el Gobierno Nacional no la va a reglamentar hasta definir de dónde saldrán los fondos para su implementación.
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Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos
El Gobierno Nacional definió la estrategia respecto a la norma impulsada por la oposición. Javier Milei la promulgará, pero frenará su reglamentación.
Tras el rechazo del Senado al veto presidencial, el Ejecutivo definió la estrategia respecto la norma impulsada por la oposición. Antes de la decisión de los legisladores, habían dejado trascender que la ley sería judicializada, pero ahora se supo que la promulgarán pero aún no será aplicable.
Javier Milei promulgará la ley de discapacidad
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad, pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", dijo Francos en diálogo con Clarín.
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
“Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que el artículo 38 de la Ley Financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?“, señaló el funcionario.
La postura del Gobierno Nacional
Según el Gobierno Nacional, esta normativa atenta contra su política de ajuste del gasto público, denominado por el propio Milei como "plan motosierra". Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación informaron tiempo atrás que la iniciativa “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”.
Además, indicó que por la compensación de emergencia a prestadores, el financiamiento exigido estaría en el orden de los $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.
"Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal. Esto fue una acción política deliberada contra un Gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente", señaló Francos.
Qué dice la ley de discapacidad
- Financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo una nueva figura: la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este beneficio podrá ser compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, y será gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Compensación económica de emergencia para prestadores de servicios del sistema de atención integral, con actualizaciones de aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria. Se reconoce además la función social de estos prestadores como servicios de interés público nacional.
- Régimen especial para prestadores, con condonación de deudas, refinanciación impositiva y garantías de sostenibilidad financiera para evitar cortes en las prestaciones.
- Fortalecimiento del empleo protegido: se actualiza el monto del estímulo mensual previsto en la ley 26.816 y se facilita el ingreso de personas con discapacidad al Régimen Federal de Empleo Protegido. Además, los empleadores que contraten personas con discapacidad accederán a exenciones del 50% en las cargas patronales por tres años.
- Reformas normativas clave, como la redefinición legal del concepto de discapacidad con base en el modelo social, la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y la reorganización de los mecanismos de auditoría médica y socioeconómica, con garantías de transparencia y accesibilidad.
- Participación activa de las organizaciones representativas, a través de mecanismos institucionales de consulta con personas con discapacidad y prestadores del sistema.
- Obligación de rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria, la cantidad de beneficios otorgados, los pagos realizados y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
El objetivo de la norma es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina. Fuente: Clarín.