El gobierno nacional, por instrucción del presidente Javier Milei, dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
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Islas Malvinas: el Gobierno inició procedimientos contra 45 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas
La Cancillería argentina inició procedimientos sancionatorios y empresas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
La medida fue comunicada este viernes por la Oficina del Presidente, que informó que la Cancillería argentina comenzó las actuaciones para investigar posibles violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece prohibiciones para determinadas actividades relacionadas con los hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina.
La decisión del gobierno nacional sobre la explotación de recursos naturales en Malvinas
Según explicó el Gobierno, los procedimientos no estarán dirigidos únicamente contra las empresas que presuntamente desarrollan actividades hidrocarburíferas en la zona, sino que también alcanzarán a accionistas de esas compañías y empresas que les brindaron servicios para llevar adelante sus operaciones.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión responde a lo que consideran un avance en la explotación de los recursos naturales de la plataforma continental argentina en torno a las islas. En el comunicado, la administración de Milei volvió a ratificar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El Gobierno afirmó además que la ocupación británica de las islas habría profundizado recientemente sus actividades vinculadas con la extracción de recursos naturales, situación que motivó la decisión de avanzar con los procedimientos previstos por la legislación argentina.
La advertencia del Gobierno de Milei
La Casa Rosada presentó la medida como una acción destinada a hacer cumplir la legislación argentina frente a empresas y personas que pudieran estar obteniendo beneficios económicos mediante actividades que el Estado considera ilegítimas.
"Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley", expresa el comunicado oficial.
De esta manera, el gobierno nacional busca avanzar por la vía administrativa y sancionatoria contra los actores identificados como posibles responsables o colaboradores de actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas, en el marco del reclamo argentino de soberanía sobre el territorio.