En la Legislatura de Mendoza presentaron un proyecto que prohíbe a funcionarios públicos y sus familiares inscribirse como postulantes para acceder a casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Su autor, el senador Mauricio Sat (PJ), cuestionó los grises que hoy existen en la normativa y son aprovechados por los políticos.
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Instituto Provincial de la Vivienda: buscan que funcionarios públicos no puedan inscribirse como postulantes
El proyecto prohíbe que miembros del Ejecutivo, legisladores, jueces y concejales accedan a casas del Instituto Provincial de la Vivienda.
La iniciativa pertenece al senador Mauricio Sat (Partido Justicialista) y establece la restricción para personas con funciones en altos cargos de los tres poderes del Estado -también de organismos de control y entes descentralizados- de ser adjudicatarios de una vivienda del organismo que brinda soluciones habitacionales en la provincia de Mendoza.
Entre los fundamentos, el legislador sostuvo que la actual normativa no contempla incompatibilidades específicas para funcionarios ni para su entorno, lo que puede derivar en situaciones de privilegio o discrecionalidad en la asignación de viviendas. En ese sentido, advirtió que esta omisión “genera potenciales conflictos de interés y afecta el principio de igualdad”.
Sobre si hay casos evidenciados, Sat comentó en Aconcagua Radio: "Son hechos consumados, casos de hijos o hermanos de dirigentes que acceden a estos beneficios, y eso es algo que molesta. A mi entender no es ético. Lamentablemente, lo que no está prohibido está permitido. Lo que pretendo es dar claridad a zonas grises que hoy existen, y que haya un antes y un después”.
El senador remarcó que la iniciativa apunta a fortalecer la transparencia del sistema. “No es una discusión personal, es una discusión vinculada a la transparencia. No es en contra de nadie, es a favor de la gente. Se trata de transparentar un proceso que se hace con fondos públicos para evitar cualquier tipo de ventaja cuando se ponen en marcha las operatorias del IPV. Es una decisión política. Las viviendas tienen que ser para la gente, no para el político del gobierno de turno”.
Qué dice el proyecto
El proyecto apunta a: establecer incompatibilidades objetivas, prevenir abusos de poder de determinados cargos, promover la transparencia en la administración pública y proteger el principio de justicia distributiva y equidad en el acceso a bienes sociales.
De esta manera, se plantea la prohibición de inscripción como postulantes para una amplia nómina de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de autoridades municipales y diversos organismos de la administración pública. La propuesta establece que la restricción no se limitará al período de ejercicio del cargo, sino que se mantendrá durante dos años posteriores al cese efectivo en funciones.
El senador también propuso extender esta prohibición a los familiares directos de los funcionarios alcanzados, así como a personas que integren sociedades u organizaciones civiles con fines de lucro vinculadas a ellos. De este modo, se busca cerrar posibles vías indirectas de acceso a los beneficios.
Quiénes no podrían acceder a una vivienda del IPV
El proyecto apunta a restringir el acceso directo a viviendas del IPV a personas con altos cargos en los tres poderes del Estado, organismos de control y otros entes provinciales, y establece que la prohibición se extenderá hasta dos años posteriores al cese efectivo en sus funciones:
- Gobernador/a y vicegobernador/a, ministros/as, secretarios/as, subsecretarios/as, jefes/as de Gabinete, directores/as, directores/as generales o equivalentes del Poder Ejecutivo, y titulares de entes descentralizados.
- Diputados/as y senadores/as, y secretarios/as del Poder Legislativo.
- Miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, defensor/a general, procurador/a general de la Corte, administrador/a de la Corte, administrador/a financiero del Ministerio Público Fiscal y responsable de Contabilidad y Finanzas del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, camaristas, jueces, conjueces y fiscales.
- Intendentes y secretarios/as de las municipalidades; contador/a general, tesorero/a, asesor/a legal de intendencia, apoderados/as del municipio y subsecretarios/as.
- Concejales y secretarios/as de los concejos deliberantes.
- Fiscal de Estado y personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo.
- Director/a General de Escuelas.
- Superintendente/a General de Irrigación y consejeros del Honorable Tribunal Administrativo.
- Miembros del Tribunal de Cuentas y personal con categoría no inferior a director o equivalente de dicho organismo.
El texto de la norma señala que también alcanza a los parientes de las personas con los cargos anteriormente mencionados hasta el primer grado de consanguinidad, y a las personas físicas que sean socios o miembros de organizaciones civiles con fines de lucro de las que formen parte dichos funcionarios.
Información pública y digital
Asimismo, incorpora un nuevo artículo a la Ley Provincial N° 5375 de creación del Registro Único de Adjudicatarios de Viviendas, que establece que el Instituto Provincial de la Vivienda deberá “publicar de manera permanente, actualizada y en formato digital abierto el Registro Único de Adjudicatarios de Viviendas en su sitio web oficial” para garantizar “accesibilidad pública irrestricta y actualización trimestral obligatoria”. La información deberá incluir, como mínimo, datos como nombre completo, número de documento, programa habitacional, barrio, departamento, fecha de adjudicación y estado de cancelación.
Además, el proyecto dice que, para cumplir con esta normativa, el organismo deberá implementar mecanismos de cruce de información con entidades provinciales competentes para verificar el cumplimiento de las prohibiciones previstas en la ley.
Cuánto cuestan hoy las viviendas que entrega el IPV en Mendoza
A través del IPV, el Estado provincial, brinda soluciones habitacionales más accesibles, teniendo en cuenta que se trata de una de las más baratas del mercado ya que están destinadas a viviendas sociales. Las casas, de construcción tradicional, cuentan con una superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, estar-comedor y cocina, y disponen de todos los servicios.