Mientras la Legislatura avanza en limitar la reelección de los concejales, hay cargos vitalicios que son puestos a dedo y no se cuestiona ni su duración ni legitimación.
Los jueces de la Suprema Corte son designados a dedo y su mandato dura lo que ellos mismos decidan.
En la semana que pasó la Legislatura Mendoza avanzó con un proyecto que podría tomarse como "el gran gesto de la política", pero que en realidad sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que muchas cosas, más profundas, ni siquiera están cerca de ponerse en discusión. El miércoles Diputados aprobó la iniciativa para limitar la reelección de los concejales a un solo periodo. Pero ¿qué pasa con los cargos eternos?
Si bien en once departamentos los Concejos Deliberantes habían avanzado sobre esta iniciativa, la Legislatura aprobó el proyecto presentado por el diputado César Cattaneo (UCR) para modificar un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, para permitir una sola reelección de los concejales: es decir que podrán ocupar la banca solo ocho años. Así, se suma a la ley que limita la reelección de los intendentes y a la situación del gobernador, que no puede ser reelecto.
Sin embargo, no están en discusión cargos que -incluso- ni siquiera cuentan con la legitimación del voto popular, sino que son puestos "a dedo" y de "por vida".
Tampoco se cuestiona la duración de los cargos en la Legislatura. Aunque en este caso, los diputados y senadores si son elegidos por la ciudadanía, pero no tienen límites de reelecciones. Precisamente porque el trabajo es el equivalente al de los concejales (salvando las distancias del ámbito departamental al provincial); valía preguntarse porqué no se puso la mira sobre las reelecciones de los legisladores provinciales.
En general, la respuesta es que se necesita una reforma constitucional, algo difícil de lograr porque "hay otros temas más urgentes", como el equilibrio fiscal que impulsa el oficialismo, la autonomía municipal que pregona el PJ y la extensión de los periodos que pide La Unión Mendocina. Esos, por citar solo los temas por los que están "peleando" en este momento para poder discutirse este año y ser sometido a plebiscito popular en los próximos comicios; pero sobre los que no hay acuerdo para avanzar aún.
Volviendo al tema de los concejales, es una señal de la política y se valora; pero podríamos ir al dicho popular de que "el hilo se corta por lo más delgado".
¿Es suficiente? puede que para algunos si, pero para otros no. De hecho, los concejales son los políticos que más caminan el territorio y tienen el contacto directo con el vecino; precisamente son vecinos que accedieron a la banca y que -generalmente- allí inician la carrera política.
Pero ¿qué pasa con esas personas que no han sido elegidas por la ciudanía, sino puestos a dedo; de los cuales a pocos se les conoce la cara, y no le rinden cuentas a los vecinos?
Claramente, hablamos de jueces y titulares de organismos de control que pueden durar en su cargo los años que quieran ya que desplazarlos significaría una tormenta política que pocos están dispuestos a desatar.
La Provincia de Mendoza cuenta con varios espacios que se encargan de revisar las actuaciones de las diversas áreas del Estado: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Oficina de Ética Pública, Inspección General de Seguridad (IGS), EMOP, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE).
Su composición y designación de autoridades, sin embargo, difieren entre sí. En la mayoría no se exige que el directorio tenga un contrapeso de poder con representación de la oposición política, y algunos ni siquiera se pide que el Senado apruebe los nombramientos.
En el caso del Tribunal de Cuentas, sus integrantes son propuestos por el Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara Alta, y se tratan de cargos vitalicios. El presidente es el ex diputado Néstor Parés (UCR), y sus vocales Mario Angelini, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano (los tres del PJ) y Liliana Muñoz de Lázzaro (UCR). Parés asumió en 2019, propuesto por el entonces gobernador Alfredo Cornejo.
La Fiscalía de Estado cuenta con un titular (Fernando Simón, ex senador peronista) y es nombrado por el Ejecutivo con aprobación del Senado. Su puesto también es vitalicio y puede ser juzgado por el Jury de Enjuiciamiento. Simón fue designado en 2015 por el entonces gobernador Francisco Pérez. En alguna oportunidad, aseguró que duraría diez años en el cargo y luego renunciaría. El año que viene se cumple esa década.
La IGS, en tanto, tiene un presidente (Marcelo Puertas, UCR) y dos directores que, si bien deben ser postulados por los dos partidos principales de la oposición, actualmente ocupan los cargos Gustavo Sarli (PJ) y Miguel Ángel Bondino, que pertenece a la planta permanente del organismo y fue impulsado por el radicalismo. Las designaciones corren a cargo del Ejecutivo, sin acuerdo de la Cámara Alta, y no se especifica la duración de los mandatos. Puertas llegó a la IGS en 2015.
El EPRE cuenta con una directora presidenta, Andrea Molina (UCR) y dos directores: Hugo Reos (PJ) y Andrea Salinas (técnica nombrada en la gestión de Alfredo Cornejo, en 2020). La ley 6497 indica que “el mandato de los tres Directores durará seis (6) años, podrá ser renovado en forma indefinida y cesarán en el mismo cada dos (2) años, en forma escalonada”. Molina y Reos asumieron en 2019.
La Oficina de Ética Pública está encabezada por un auditor (Gabriel Balsells Miró, UCR) y su mandato se extiende por cinco años. Es designado por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Asumió el cargo en 2018 y revalidó en 2023.
El EMOP es conducido por un presidente (Jorge Téves, UCR) y actualmente se realiza el proceso para designar dos nuevos directores vocales (el ex legislador radical Quesada y Agustina Llaver, quien fue delegada del sur de este organismo). El mandato del presidente se vence cuando termina el del Gobernador que lo designó, mientras los otros dos cargos tienen una duración de cuatro años. Todos deben contar con la aprobación del Senado. Teves está en el cargo desde 2020.
A esto, se suman otros cargos vitalicios, como el de la Contaduría General de la Provincia y el de Asesor de Gobierno. Ambos fueron desginados por Alfredo Cornejo en su anterior gestión. Ricardo Canet llegó a la Asesoría de Gobierno, tras los 30 años de César Mosso Giannini; y Paula Allasino en 2019, para reemplazar a José Roberto Caviggia, a cargo de la Contaduría General de la Provincia desde 1.985.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza está integrada por siete ministros, designados por el gobernador de turno. Actualmente hay 4 designados durante periodos radicales y tres propuestos en periodos justicialistas. Los jueces supremos pueden durar en su cargo el tiempo que les plazca, y no hay vara de eficacia ni productividad; a pesar de los sueldos millonarios que poseen.
Pedro Llorente es juez supremo desde 1987, cuando fue propuesto por el primer gobernador de Mendoza desde el retorno a la democracia, Felipe Llaver.
Mario Adaro asumió en 2011, propuesto por el entonces gobernador Celso Jaque. Omar Palermo asumió en 2012 y Julio Ramón Gómez fue nombrado en 2015, ambos por el ex gobernador Francisco Pérez.
Por su parte, José Valerio asumió en 2016, propuesto por Cornejo en su anterior mandato, y dos años más tarde propuso a Dalmiro Garay. Mientras que Teresa Day fue propuesta por el ex gobernador Rodolfo Suarez en 2020.
Ahora, habrá que ver si Cornejo podrá designar un cuarto juez, teniendo en cuenta la edad de Llorente: 82 años; o si la designación de un nuevo supremo pasará para la próxima gestión.