El Departamento de Justicia de EE.UU. respalda a Argentina en el juicio por YPF y cuestiona el reclamo de activos solicitado por Burford y Eton Capital.
Estados Unidos pidió rechazar el pedido de un fondo buitre para quedarse con activos de YPF.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito solicitando a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que rechace la petición de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo por la expropiación de la petrolera argentina. Este juicio exige que Argentina pague US$ 16.000 millones.
La noticia surgió el mismo día en que se anunció a Donald Trump como ganador de las elecciones presidenciales, lo que generó aún más expectación. El Departamento de Justicia argumentó que la orden de turnover solicitada por los demandantes “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos” y pidió a Preska rechazarla, según informó el abogado Sebastián Soler en la red X junto a una imagen del documento presentado.
El gobierno estadounidense sostiene que el pedido de los demandantes afecta principios legales nacionales y que podría desencadenar reciprocidad de acciones contra empresas o activos norteamericanos en el extranjero. Sebastián Maril, analista en tribunales internacionales, resaltó la relevancia de este amicus curiae y su impacto en futuras resoluciones similares.
Los fondos Burford y Eton Capital, que ganaron el juicio en primera instancia por la expropiación de YPF en 2012, solicitaron que Argentina entregue un tercio de las acciones de la petrolera como garantía mientras se desarrolla el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
En este contexto, la Procuración del Tesoro de Argentina buscó apoyo del gobierno de Joe Biden para explicar las consecuencias de un posible embargo de activos argentinos en otras jurisdicciones. Se aclaró que las acciones de YPF están en la Caja de Valores de Buenos Aires y no cotizan directamente en Nueva York.
Durante el juicio, se recordó que en 2012 Argentina no lanzó una OPA (oferta pública de adquisición) como dictaba el estatuto de YPF. En su momento, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, defendió la decisión en el Congreso, argumentando que la ley argentina y la Constitución prevalecían sobre los estatutos corporativos.
En el fallo, tanto los demandantes como la jueza Preska mencionaron declaraciones de Kicillof, donde expresó que cumplir la normativa de YPF hubiera implicado una compra completa valorada en US$ 19.000 millones. Este argumento se utilizó para ilustrar la estrategia del Estado en la expropiación de la petrolera.