La Legislatura de Mendoza sancionó el nuevo régimen disciplinario de la Administración Pública impulsado por el Gobierno para agilizar los sumarios a empleados públicos. La sanción definitiva se produjo con 23 votos afirmativos, 11 negativos (Encuentro mendocino -integrado por el PJ-, Fuerza Patria, Partido Verde y PD) y una abstención (PRO).
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Empleado público: aprueban en la Legislatura la reforma del régimen disciplinario para acelerar sumarios
El Senado dio sanción final a los cambios en el régimen disciplinario, impulsado por el Gobierno. Cómo afecta al empleado público mendocino.
Empleado público: aprueban en la Legislatura la reforma del régimen disciplinario.
La norma sustituye el anexo de la Ley 9.103 y modificar la forma en que se detectan las presuntas faltas, se reúnen las pruebas, se distribuyen las competencias y se resuelven los sumarios contra los agentes estatales. Entre los ejes centrales, se encuentra la designación de responsables de presentismo en cada organismo, la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio y la incorporación de notificaciones electrónicas y audiencias virtuales.
La oposición, en especial el justicialismo y el kirchnerismo, planteó que la ley es "inconstitucional" porque afecta las "garantías laborales de los empleados públicos". Además, criticaron que los cambios propuestos se hayan llevado a la Legislatura y no a las reuniones paritarias para ser discutidos con los representantes gremiales.
En tanto, desde el oficialismo indicaron que las modificaciones responden a la necesidad de adecuar la normativa a los cambios tecnológicos y de resolver los sumarios en mejores plazos que los actuales. La senadora Natacha Eisenchlas sostuvo que las garantías constitucionales y legales previstas en el régimen anterior se mantienen y que las modificaciones buscan mejorar la eficiencia del sistema, sin desconocer el derecho de defensa de los agentes.
Control de asistencia del empleado público
Uno de los cambios principales es la creación de la figura del Responsable Administrativo de Presentismo. Según la Provincia que expusieron ante la comisión, el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios que actualmente se tramitan.
Cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar a una persona para controlar los registros de asistencia y mantener actualizadas las novedades del personal. Cuando la información recabada permita advertir situaciones que podrían configurar causales objetivas de cesantía vinculadas con las inasistencias, el responsable deberá comunicarlo inmediatamente al área de Recursos Humanos correspondiente y acompañar los antecedentes.
Cambios en la Oficina de Sumarios
Otro eje de la ley es la mayor autonomía técnica y funcional que se le otorga a la Oficina General de Sumarios para investigar posibles faltas disciplinarias. En la práctica, el organismo podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir una infracción. Esto significa que no dependerá exclusivamente de que la repartición donde ocurrió el hecho le remita formalmente las actuaciones para comenzar a intervenir.
También se busca que pueda conocer anticipadamente situaciones que podrían derivar en un sumario mediante alertas de las áreas de Recursos Humanos. A su vez, el proyecto establece la obligación de los organismos, funcionarios y agentes de colaborar con las investigaciones.
La intención es evitar que la falta de respuestas administrativas prolongue las actuaciones. Según datos oficiales, el 25% de los expedientes ingresados durante 2026 correspondía a hechos ocurridos en 2025, mientras que el resto estaba vinculado con períodos anteriores.
Qué sanciones pueden recibir los empleados públicos
La iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, pero establece qué autoridades estarán facultadas para aplicarlas según la gravedad de la medida.
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Apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días: estarán a cargo del jefe superior inmediato.
Suspensiones de más de cinco y hasta 15 días: las aplicará el ministro o secretario de la jurisdicción correspondiente.
Suspensiones superiores a 15 días, cesantía y exoneración: corresponderán al Poder Ejecutivo.
Entes descentralizados: la autoridad superior de cada organismo podrá aplicar todas las sanciones.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. El texto prevé una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial.
La reforma también plantea que las faltas de menor entidad puedan ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la ley y con respeto por el derecho de defensa. De esta manera, la Oficina General de Sumarios podría concentrarse en los expedientes que requieran una intervención especializada por la naturaleza o gravedad de los hechos.
Sumarios digitales y procedimientos más cortos
La reforma también incorpora herramientas tecnológicas y modificaciones procesales destinadas a evitar actuaciones repetidas, ordenar expedientes relacionados y facilitar su resolución. Entre las medidas previstas se encuentran las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, el uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y la realización de audiencias virtuales.