Los legisladores mendocinos que responden al diputado nacional Luis Petri presentaron un proyecto para solicitarle al gobernador Alfredo Cornejo que suspenda los juicios, embargos y remates contra productores, pymes y contribuyentes hasta el 31 de mayo de 2027. La propuesta busca replicar en el ámbito provincial una medida anunciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ante la Unión Industrial Argentina (UIA).
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El petrismo le pidió a Cornejo que Mendoza suspenda los embargos a productores y pymes hasta mayo de 2027
La iniciativa busca aliviar la situación financiera de pymes y productores mendocinos mediante la suspensión de ejecuciones fiscales. El proyecto fue presentado en la Legislatura.
La iniciativa surgió luego de que Caputo comunicara la suspensión de las ejecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra las pequeñas y medianas empresas. A partir de ese anuncio, el sector del petrismo en la Legislatura mendocina impulsó un pedido para que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) adopte una disposición similar.
"Al que produce hay que ayudarlo a pagar, no perseguirlo", sostuvo Petri al fundamentar la propuesta. En esa línea, el dirigente remarcó que el objetivo es evitar que las obligaciones tributarias se conviertan en un obstáculo para la continuidad de las actividades productivas.
Qué propone el proyecto para frenar los embargos en Mendoza
El proyecto establece que ATM suspenda hasta el 31 de mayo de 2027 el inicio de nuevos juicios de apremio y la solicitud de embargos e inhibiciones por deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.
Además, contempla la suspensión de los remates en los procesos judiciales que ya se encuentran en marcha. De esta manera, mientras esté vigente la medida, los organismos recaudadores no podrían solicitar subastas ni transferencias de los fondos que hayan sido embargados.
La propuesta apunta a brindar un alivio financiero a empresas, productores y contribuyentes que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales, evitando que las medidas judiciales comprometan la continuidad de sus actividades.
En paralelo con la suspensión de las ejecuciones, la iniciativa contempla la implementación de un plan de regularización de deudas de al menos 18 cuotas, destinado a obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. El esquema incluiría una tasa de financiación más baja y una reducción de los intereses, y alcanzaría también a las deudas que actualmente se encuentran judicializadas. Asimismo, quienes ya tengan vigente un plan de pagos más conveniente podrán conservarlo.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que, una vez formalizado el plan y abonada la primera cuota, ATM deberá solicitar al juez, dentro de los cinco días hábiles, el levantamiento del embargo o su reemplazo por otra garantía. De esta manera, los contribuyentes podrían regularizar su situación fiscal sin quedar sujetos a medidas que afecten directamente sus recursos económicos y su capacidad de producción.
Petri cuestionó que ATM mantenga los embargos mientras Nación suspende las ejecuciones
Al explicar los fundamentos de la propuesta, Luis Petri hizo hincapié en la necesidad de que exista una coordinación entre las políticas nacionales y provinciales de alivio fiscal. "Lo que Nación deja de embargar no puede ser retenido inmediatamente por ATM", expresó el diputado nacional.
Además, aclaró que el proyecto no busca establecer un perdón de las obligaciones tributarias ni eliminar las deudas existentes, sino generar condiciones para que los contribuyentes puedan cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo la continuidad de sus negocios y emprendimientos.
En ese sentido, la propuesta sostiene que el Estado debe facilitar mecanismos de regularización que permitan recuperar los recursos adeudados sin asfixiar financieramente al sector productivo.
La iniciativa también alcanza a Irrigación y los municipios
El proyecto no se limita a los tributos provinciales. También invita al Departamento General de Irrigación y a los municipios mendocinos a adherir a la medida, replicando el esquema de suspensión de ejecuciones y facilidades de pago para las deudas correspondientes al canon de riego y las tasas municipales.
Los autores de la iniciativa señalaron que distintas cámaras empresarias ya habían planteado ante el Ejecutivo provincial la necesidad de implementar medidas de estas características para aliviar la situación de los sectores productivos. El proyecto fue presentado por Ismael Jadur y cuenta con las firmas de Griselda Petri, Gustavo Cairo, Alberto López, Jorge Zingaretti, Raúl Villach y Carlos Ponce.
Ahora, el planteo busca que el Gobierno de Alfredo Cornejo evalúe la posibilidad de adoptar un esquema similar al anunciado por Nación, con el objetivo de ofrecer mayor margen financiero a las pymes, productores y contribuyentes mendocinos.
