El Gobierno nacional informó este viernes que la Argentina avanzó en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se decreten medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, y confirmó que enfrentará al Reino Unido en una audiencia que se desarrollará entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
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El Gobierno nacional confirmó que enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional
El Gobierno nacional pide al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se decreten medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos. Habrá una audiencia en Alemania.
El Gobierno nacional confirmó que enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional.
Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial, el pasado 13 de octubre se presentó el pedido para impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental. La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El objetivo de la presentación, precisó el Ejecutivo, es evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales que pertenecen a la Argentina.
En el comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. Además, sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por ese país.
"La principal razón para solicitar las medidas cautelares es que la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona marítima en disputa por parte del Reino Unido producirá un hecho consumado irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos en juego", informó el Ejecutivo.
El Gobierno nacional conformó un equipo internacional de especialistas
Para sostener la posición argentina, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional. Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que ese tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.
También participa el profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales. El tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
La estrategia del Gobierno nacional
El Gobierno sostuvo que "se encuentra trabajando en una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina" frente al avance del proyecto llamado “Sea Lion”, que tomó carácter público a partir de la cadena nacional del presidente Javier Milei.
Las vías de acción tomadas por el EJecutivo fueron las siguientes:
- Notas de desaliento: envío de más de 180 notas de desaliento dirigidas a las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion; a las empresas vinculadas a los proyectos hidrocarburíferos de exploración en la zona disputada y a todas aquellas que les prestan servicios; a las licenciatarias de permisos de pesca y a los países de cuyo origen son esas empresas.
- Procedimientos sancionatorios: inicio de 60 procedimientos sancionatorios a las distintas empresas vinculadas a los proyectos hidrocaburíferos.
- Procesos penales: inicio de denuncias penales a empresas y personas involucradas en el proyecto clandestino Sea Lion.
- Vuelo no permitido: procedimientos sancionatorios y penales contra la empresa Thales UK Limited tras detectar vuelos no autorizados en el espacio aéreo soberano hacia las Islas Malvinas.
- Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: se sustituyó la Ley 26.659 y se crea el Sistema de Seguridad Nacional que comprende, en forma articulada y coordinada, las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como aquellas vinculadas a la protección de las Infraestructuras Críticas y de Defensa marítima y aeroespacial. La Ley tiene tres objetivos/pilares básicos: (a) castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima en las Islas Malvinas, en sus espacios marítimos e insulares correspondientes y en la Plataforma Continental Argentina; (b) generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y (c) dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas.
- Base Naval Integrada en Ushuaia: fortalecer la presencia nacional y ampliar las capacidades logísticas (propias y de terceros países) en la Antártida y, también, fortalecer el control del Atlántico Sur.
- Profundización de los reclamos diplomáticos históricos argentinos ante los organismos de Naciones Unidas y denuncia permanente de los actos unilaterales británicos ante la comunidad internacional.
- Procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido: conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
"En particular, se busca proteger los derechos soberanos de la Argentina sobre la plataforma continental, frente a la obligación del Reino Unido de no explorar ni explotar unilateralmente los recursos naturales de las zonas marítimas en disputa de un territorio colonial sujeto a una controversia de soberanía entre ambos Estados, impidiendo al mismo tiempo la solución pacífica de la controversia", sostuvo el Gobierno.