Una vez más, el Consejo de la Magistratura quedó en el centro del debate por la selección de jueces y el funcionamiento del Poder Judicial. El jueves, Mendoza fue sede de la jornada "Calidad institucional: Reforma del sistema de selección de magistrados" en la Universidad de Congreso, donde académicos y especialistas plantearon la necesidad de avanzar hacia una reforma que permita reducir los márgenes de discrecionalidad y agilizar los concursos.
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El Consejo de la Magistratura, en debate por el peso de la política y la selección de jueces
En Mendoza, académicos cuestionaron el peso de la política, las demoras y los mecanismos de evaluación para seleccionar magistrados. Entre las propuestas, aparecen los concursos anticipados.
La discusión atravesó uno de los puntos sensibles que acompañan al organismo prácticamente desde su incorporación a la Constitución Nacional: el equilibrio entre los distintos sectores que lo integran y el peso que tiene la política en sus decisiones. Sin embargo, el debate fue más allá de su composición y puso sobre la mesa una pregunta central: qué Poder Judicial se pretende construir y qué sistema de selección de magistrados se necesita para lograrlo.
Durante el panel "Modelos de selección de jurados: desafíos de una reforma desde la academia", se repasaron las sucesivas modificaciones que atravesó el Consejo de la Magistratura y las intervenciones de la Corte Suprema sobre su integración. Allí se señaló que uno de los conflictos históricos estuvo relacionado con la participación de los representantes que provenían de los órganos elegidos por voto popular y su peso dentro del cuerpo.
La exposición de los disertantes retomó, además, uno de los objetivos que acompañaron la reforma constitucional de 1994: reducir la influencia partidaria sobre el Poder Judicial. En ese contexto, se remarcó que es el Congreso el que tiene la responsabilidad constitucional de reglamentar la integración prevista en el artículo 114 y que, ante eventuales cuestionamientos, corresponde a la Justicia ejercer el control de constitucionalidad.
Quién controla el Consejo de la Magistratura y qué Justicia se quiere construir
La discusión sobre la composición fue cuestionada como único eje para pensar una reforma. Francisco Marull, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, sostuvo que los problemas de legitimidad exceden la disputa por quién controla el organismo y advirtió sobre una "crisis de legitimidad y de confianza" en el sistema de Justicia, un fenómeno que, según planteó, también puede observarse en Mendoza y en otras provincias.
"Menos discusión sobre quién controla el Consejo y más discusión sobre qué justicia queremos construir", sintetizó. Desde esa perspectiva, propuso dejar de entender a los Consejos de la Magistratura únicamente como organismos encargados de seleccionar o sancionar jueces, sino avanzar hacia un papel más amplio como órganos de gobierno judicial, con capacidad para fijar objetivos institucionales, producir información y evaluar resultados.
El planteo incluyó la necesidad de garantizar equilibrio incorporando diversidad de trayectorias profesionales y académicas, profundizando las perspectivas federales y de género y estableciendo plazos estrictos para los concursos. El objetivo, según expuso Marull, debería ser construir "un Poder Judicial más abierto y representativo", con procesos transparentes y perfiles de magistrados acordes a las necesidades actuales del sistema.
Concursos anticipados, una de las propuestas para cambiar el sistema
Entre las reformas que aparecieron con mayor fuerza durante las exposiciones estuvo la implementación de concursos anticipados para todos los cargos judiciales. Pamela Tolosa, exdecana del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, defendió esta herramienta como una alternativa para conseguir procesos de evaluación más transparentes, objetivos y previsibles.
La propuesta apunta a desvincular el proceso de evaluación de una vacante específica. En ese sentido, explicó que la persona que participa del concurso no conoce de antemano el cargo concreto para el que eventualmente será seleccionada y los jurados tampoco evalúan pensando en una determinada vacante. El resultado es posteriormente plasmado en un orden de mérito.
¿Un examen alcanza para determinar quién está preparado para ser juez?
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la forma en que se evalúa la idoneidad de los candidatos. Tolosa consideró insuficiente que la evaluación dependa de un único examen basado en la elaboración de un proyecto de sentencia. "Todo lo que le pedimos al perfil del juez de idoneidad no puede estar evaluado en un solo examen", señaló.
La propuesta es incorporar diferentes instancias capaces de medir competencias que exceden el conocimiento jurídico teórico: conducción de audiencias, capacidad de argumentación oral, resolución de situaciones concretas, formación en derechos humanos, género y ética profesional, entre otras.
En el panel también se advirtió que una evaluación basada fundamentalmente en la redacción de resoluciones puede generar una ventaja para quienes ya trabajan dentro del Poder Judicial, debido a que se trata de una práctica propia de su actividad cotidiana.
En esa línea, también se cuestionó el peso que adquiere la trayectoria dentro de la propia estructura judicial y se planteó la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación para evitar que el sistema termine funcionando, en los hechos, como una carrera judicial cerrada.
Concursos que pueden extenderse durante años
A los cuestionamientos sobre cómo se evalúa se sumó otro interrogante: cuánto demora el Estado en seleccionar y designar a un juez. Clara Lucarella, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó durante el panel datos obtenidos a partir del análisis de 143 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo entre marzo y agosto de 2026.
Según explicó, los concursos analizados tuvieron una duración promedio cercana a los siete años desde su inicio en el Consejo de la Magistratura hasta el envío del pliego por parte del Ejecutivo. Si se considera únicamente el procedimiento dentro del Consejo, señaló, la demora promedio ronda los cuatro años.
La extensión de los procesos no es solamente un problema administrativo. Una vacante sin cubrir puede obligar a otros magistrados a asumir tareas adicionales, incrementar la carga laboral y repercutir en los tiempos de los procesos judiciales.
Además, Lucarella advirtió sobre los márgenes de discrecionalidad que aparecen durante determinadas etapas de los concursos. En el relevamiento presentado durante la jornada se detectaron postulantes que modificaron considerablemente su posición entre los órdenes de mérito iniciales y finales, particularmente después de las instancias de impugnaciones y entrevistas.
Una reforma que vuelve al centro de la discusión
Los planteos formulados durante el panel convergieron así en un mismo diagnóstico: la discusión sobre el Consejo de la Magistratura ya no pasa únicamente por cuántos representantes debe tener cada sector. El objetivo apunta a revisar cómo se selecciona a los jueces, cuánto duran los concursos y qué características se evalúan.
Y detrás de la discusión institucional aparece una cuestión todavía más profunda: no solamente quién debe intervenir en la elección de los jueces, sino qué jueces necesita el sistema y qué Justicia se pretende construir.