Los proyectos presentados buscan modificar el Código Penal y aumentar las penas por homicidios y lesiones en accidentes viales. El detalle de cada uno.
Las dos propuestas vuelven a poner bajo discusión la necesidad de reformar el régimen penal aplicable a los siniestros viales
Foto: Yemel Fil
La pérdida de una vida en un accidente vial provoca dolor e indignación entre los familiares de las víctimas, especialmente cuando el responsable se da a la fuga o conducía bajo los efectos del alcohol. La muerte de Alan Villouta volvió a poner el tema en el centro de la discusión y derivó en propuestas para modificar el Código Penal y endurecer las consecuencias para quienes protagonizan siniestros viales graves.
Este martes, luego de una reunión con el padre de Alan Villouta, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que la diputada nacional Pamela Verasay ya tiene en sus manos una propuesta que busca avanzar con modificaciones en el Código Penal de la Nación.
En paralelo, tras conocerse el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli en la causa por la muerte de Villouta, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti recordó en sus redes sociales un proyecto de reforma del Código Penal que había impulsado en 2022.
Ambas iniciativas tienen como uno de sus principales ejes evitar situaciones de impunidad y acortar los tiempos de la Justicia. El caso Villouta es señalado como un ejemplo de las consecuencias que pueden generar las demoras en los procesos judiciales.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó los principales puntos de la iniciativa que comenzó a elaborarse en 2024 y que ahora busca avanzar en el Congreso. Según detalló, uno de los objetivos centrales es que las penas reflejen la gravedad de determinadas conductas, particularmente cuando una persona mata en la vía pública y se da a la fuga o circula a velocidades extremadamente superiores a las permitidas.
"Cuando mata en la vía pública y se da a la fuga, cuando ha sobrepasado o duplicado la velocidad máxima permitida", sostuvo Rus al explicar el alcance de la propuesta.
El borrador del proyecto parte de la premisa de que conducir un vehículo no constituye una actividad jurídicamente neutra ni carente de deberes. En ese sentido, plantea que el Estado debe brindar respuestas adecuadas frente a determinadas conductas viales que generan riesgos graves para terceros.
Uno de los cambios centrales contempla elevar la pena mínima para los casos de homicidio vial simple, actualmente contemplados en el artículo 84 bis del Código Penal. La propuesta establece una pena de 3 a 5 años de prisión, junto con una inhabilitación especial para conducir de 4 a 8 años.
De acuerdo con el planteo oficial, el objetivo es que estos casos graves dejen de ser excarcelables y puedan derivar en el cumplimiento efectivo de la pena. Para los homicidios viales agravados, el proyecto propone elevar la escala a 4 a 10 años de prisión, mientras que la inhabilitación para conducir pasaría a ser de 8 a 12 años.
La iniciativa también contempla modificaciones para las lesiones graves o gravísimas, cuya pena podría elevarse de 2 a 10 años de prisión. Otro de los puntos destacados por Rus es la incorporación de la alcoholemia como delito autónomo cuando el nivel supere 1 gramo de alcohol por litro de sangre. A su vez, se consideraría una conducta agravada cuando el nivel supere los 2 gramos por litro de sangre.
La ministra sostuvo que la escala penal actual resulta insuficiente frente a determinados hechos con consecuencias fatales. "La escala penal actual es injusta", afirmó Rus, y señaló como ejemplo que un homicidio vial agravado tiene actualmente una pena máxima de seis años, una escala que comparó con la prevista para una estafa simple.
"No nos parece justa esa máxima cuando hay un resultado fatal", sostuvo la funcionaria. El proyecto también incorpora modificaciones vinculadas con la prescripción de la acción penal, otro de los puntos que tomó especial relevancia a partir del caso Villouta.
Según el borrador, la causa de Alan evidencia de manera concreta las consecuencias que puede generar el paso del tiempo cuando una investigación o un proceso judicial se extiende durante años. En ese sentido, Rus explicó que la propuesta busca impedir que las demoras en los procesos judiciales provoquen la prescripción de causas por delitos graves antes de que exista una condena firme.
El objetivo, según explicó la ministra, es garantizar un servicio de Justicia ágil y con plazos razonables tanto para las víctimas como para la comunidad.
La otra iniciativa que volvió a quedar en el centro de la discusión fue la impulsada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en 2022. La legisladora recordó que, luego de un extenso debate, el proyecto obtuvo media sanción y planteó entre sus principales objetivos que la fuga después de un siniestro vial sea considerada un delito inexcarcelable.
"No más maniobras de impunidad", afirmó Fernández Sagasti al defender la iniciativa. Uno de los puntos centrales de su proyecto es considerar la fuga como un agravante autónomo, con el objetivo de evitar que quien protagoniza un siniestro pueda beneficiarse del paso del tiempo y dificultar la realización de pericias fundamentales.
"Hoy, quien huye del lugar del hecho dilata el tiempo para evitar pericias clave como alcohol y drogas. Al entregarse al día siguiente, el sistema lo trata con benevolencia", cuestionó la senadora.
Entre los ejes de la reforma se encuentra el aumento de las penas para quienes se fugan o no socorren a las víctimas de un siniestro vial. La propuesta contempla una pena de 4 a 8 años de prisión, frente a la escala vigente de 3 a 6 años que Fernández Sagasti mencionó en su publicación.
El proyecto también incorpora el concepto de "culpa grave", destinado a sancionar conductas temerarias o extremadamente imprudentes al volante. La figura busca que el riesgo provocado por una conducta de este tipo sea considerado penalmente, independientemente de que el responsable permanezca en el lugar del hecho o se dé a la fuga.
Además, la iniciativa plantea agravar las penas para quienes conduzcan estando inhabilitados, crucen semáforos en rojo, violen señales viales o circulen con un exceso significativo de velocidad.
La senadora sostuvo que uno de los objetivos de su proyecto es evitar que la fuga se convierta en una estrategia para mejorar la situación procesal del conductor involucrado en un siniestro. "La fuga tras un hecho de ese tipo deja de ser un 'buen truco procesal'. Huir no es solo falta de empatía; es manipular a la Justicia", afirmó.
Fernández Sagasti también remarcó que la fuga puede entorpecer activamente una investigación, principalmente cuando impide realizar de manera inmediata pericias destinadas a establecer si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
"Darse a la fuga entorpece activamente la investigación. La 'culpa grave' le da a los jueces un marco objetivo para condenar la temeridad sin que el paso del tiempo", expresó la senadora.
Las dos propuestas vuelven a poner bajo discusión la necesidad de reformar el régimen penal aplicable a los siniestros viales, con especial énfasis en las muertes provocadas por conductas gravemente imprudentes, la fuga de los responsables, el consumo de alcohol y los plazos de la Justicia. El caso de Alan Villouta aparece como uno de los hechos que impulsaron este nuevo debate sobre las respuestas penales frente a las tragedias viales.
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