La Justicia de Mendoza rechazó la demanda por daños y perjuicios que Héctor Hugo Bonarrico había iniciado contra la Provincia, el exgobernador Rodolfo Suárez y el exministro de Gobierno Víctor Ibáñez Rosaz. En una sentencia del 27 de octubre de 2026, el tribunal desestimó el reclamo de 36 millones de pesos que el exsenador había presentado. En este sentido, sostuvo que salió perjudicado por el escándalo que surgió, la posterior denuncia penal y las declaraciones públicas.
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Caso Héctor Bonarrico: la Justicia rechazó una demanda millonaria contra el Gobierno
Bonarrico había reclamado una indemnización por los daños y perjuicios a su honor. El tribunal rechazó el reclamo de $36 millones contra la Provincia, Rodolfo Suárez y Víctor Ibáñez.
El rechazo del reclamo significa que no se reconoció la indemnización solicitada ni se atribuyó responsabilidad civil
El fallo concluyó que no se reunieron las condiciones legales necesarias para atribuir responsabilidad civil a los demandados. En particular, consideró que no se probó que hubieran actuado con dolo o culpa grave, ni que hubieran realizado una imputación falsa y deliberada de un delito contra Bonarrico.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue el análisis de la denuncia penal presentada por el Gobierno provincial en mayo de 2022. Para el tribunal, el hecho de que esa investigación haya sido archivada posteriormente no demuestra que sus impulsores hubieran actuado de manera ilegítima.
El origen del conflicto entre Bonarrico y el Gobierno provincial
La controversia inició a partir de un convenio firmado el 23 de febrero de 2022 entre el Gobierno de Mendoza y la Fundación Acción Social, presidida por Bonarrico. El acuerdo contemplaba aportes de hasta 9 millones de pesos anuales, distribuidos en cuatro cuotas de 2,25 millones de pesos, destinados a programas de asistencia social y capacitación laboral.
Entre las actividades previstas figuraban cursos de oficios, formación en informática, finalización de estudios, ayuda social a comedores, asistencia de emergencia y otras iniciativas destinadas a sectores vulnerables. El convenio fue aprobado mediante el Decreto 684/2022, firmado el 9 de mayo de ese año y publicado en el Boletín Oficial el 26 de mayo.
Ese mismo día, Bonarrico brindó una entrevista radial en la que habló sobre el acuerdo y su relación con el escenario político. Sus declaraciones generaron una controversia pública porque fueron interpretadas como una posible vinculación entre el convenio económico y decisiones relacionadas con candidaturas políticas.
En ese contexto, el Gobierno provincial dejó sin efecto el acuerdo mediante el Decreto 846/2022. Al día siguiente, Ibáñez anunció que se denunciaría una posible irregularidad ante la Justicia. La presentación penal se concretó el 30 de mayo de 2022.
Bonarrico sostuvo que las declaraciones públicas y la denuncia afectaron su honor, su reputación y su vida familiar. También afirmó que sus dichos habían sido sacados de contexto y que el convenio había sido celebrado con la fundación para desarrollar actividades sociales, no como una contraprestación política.
La denuncia penal fue archivada, pero eso no probó una acusación ilegítima
Otro aspecto relevante del fallo fue el tratamiento de la causa penal iniciada a partir de la denuncia del Gobierno. Esa investigación fue archivada el 20 de octubre de 2022, al no encontrarse elementos suficientes para establecer la existencia de una conducta delictiva.
Sin embargo, el juez aclaró que ese archivo no permitía concluir automáticamente que la denuncia hubiera sido falsa, maliciosa o formulada de mala fe.
De acuerdo con la sentencia, el tribunal consideró que, ante las dudas que habían surgido alrededor del convenio y el posible uso de fondos públicos, la decisión de poner los hechos en conocimiento de la Justicia se encontraba dentro de las obligaciones funcionales de los funcionarios.
El reclamo de Bonarrico
En su demanda civil, presentada el 30 de noviembre de 2023, Bonarrico había reclamado 36 millones de pesos, principalmente en concepto de daño moral. Sostuvo que la exposición pública y la denuncia habían perjudicado su imagen, su honor y sus vínculos personales y familiares.
Durante el proceso también incorporó documentación sobre sus antecedentes médicos y psiquiátricos, con el objetivo de respaldar las consecuencias psicológicas que decía haber sufrido. No obstante, el tribunal rechazó íntegramente la demanda. La sentencia impuso las costas del proceso a Bonarrico, en su condición de parte vencida, y reguló los honorarios profesionales correspondientes.
El rechazo del reclamo significa que no se reconoció la indemnización solicitada ni se atribuyó responsabilidad civil a la Provincia, Suárez o Ibáñez por los hechos planteados en la demanda.