La defensa apeló las restricciones en la prisión domiciliaria de Cristina y se abre una nueva instancia judicial en el caso.
Casación analizará si Cristina podrá recibir visitas sin autorización durante la prisión domiciliaria
Foto: ReutersCristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la Causa Vialidad, y sus abogados cuestionaron las restricciones impuestas. Presentaron una apelación que fue aceptada por el Tribunal Oral Federal 2 y ahora será la Cámara de Casación la que deberá definir si se flexibilizan las condiciones.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que no haya límites en la cantidad de visitas. Afirmaron que la ex presidenta puede desarrollar cualquier actividad no prohibida por la ley. Además, sostuvieron que los jueces no pueden imponer reglas adicionales a la pena ya dispuesta bajo arresto domiciliario.
La defensa también calificó como “aberración” y “delirio autoritario” la decisión de prohibir visitas no autorizadas. El TOF 2 rechazó el pedido de reposición presentado para que se revise la medida, pero concedió la apelación que ahora tratará Casación.
En paralelo, los jueces rechazaron otro pedido vinculado con la flexibilización del régimen de visitas. El tribunal ratificó que solo pueden ingresar las personas previamente autorizadas y que ya figuran en el listado entregado a la Justicia.
Por otro lado, los abogados adelantaron que también apelarán la decisión de colocarle una tobillera electrónica a la ex mandataria. El uso del dispositivo fue considerado innecesario por la defensa, ya que sostienen que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento.
El régimen de prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando debate jurídico. El tribunal defendió su postura al señalar que ya había fundamentado por qué impuso esas restricciones. Afirmaron que no hubo arbitrariedad ni exceso.
Mientras tanto, la Cámara de Casación tendrá la última palabra sobre el régimen de visitas y las condiciones de detención. Aunque el caso no guarda relación directa con un homicidio, la resolución podría marcar un antecedente sobre los límites a los derechos en detenciones domiciliarias.