Este 5 de septiembre comienza a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, normativa que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Esto implica que quienes sean acusados de cometer un delito podrán ser investigados y eventualmente recibir una pena dentro de un sistema especializado.
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Baja la edad de imputabilidad: entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional
Desde este 5 de septiembre rige la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Los principales cambios y cómo será su implementación.
La Ley 27.801 -sancionada en febrero pasado en el Congreso- no solo cambia la edad para ser imputado, sino que también crea un sistema penal juvenil con nuevas penas, mecanismos de seguimiento y modalidades de control que antes no estaban contemplados.
Qué cambia a partir de este 5 de septiembre
Desde el 5 de septiembre, los adolescentes de entre 14 y 18 años quedarán alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil, es decir que, si son acusados de cometer un delito, podrán ser investigados y eventualmente recibir una pena dentro de un sistema especializado y diferenciado según la edad:
- Baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años: podrán ser penalmente responsables de delitos.
- Sistema de penas diferenciado: para los jóvenes de 14 años las penas se reducen a la mitad. Para los de 15 años la reducción es de un tercio respecto de la escala prevista para adultos. A los 16 y 17 años se aplica la escala sin reducción, aunque dentro del régimen especial juvenil.
- Tope máximo de 15 años de prisión: para delitos graves, la pena máxima para menores será de 15 años. La ley prohíbe la prisión o reclusión perpetua para adolescentes.
- Privación de la libertad solo para delitos graves: la detención efectiva se aplicará principalmente en casos como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos violentos, mientras que para delitos menores se priorizarán otras medidas.
- Sanciones alternativas a la prisión: los jueces podrán aplicar amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de salir del país, restricciones de acercamiento, programas educativos o monitoreo electrónico, entre otras medidas.
Implementación en la provincia de Mendoza
Mientras tanto, para adecuar el sistema provincial a este régimen, el Gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley para reorganizar el funcionamiento judicial y los dispositivos destinados a menores en conflicto con la ley penal. A su vez, para su implementación, prevé contemplar en el Presupuesto 2027 los recursos necesarios y ya inició gestiones ante la Nación para acceder a las partidas previstas.
En Mendoza, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE, es el organismo encargado de alojar a los adolescentes y aplicar las correspondientes medidas socioeducativas. Actualmente, cuenta con 47 adolescentes alojados sobre un total de 85 plazas disponibles y, según las previsiones oficiales, se espera que con la implementación de esta norma haya un aumento del 30% de detenidos.
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil exigirá que esa capacidad pueda traducirse en un sistema de alojamiento segmentado, infraestructura adecuada y respuestas diferenciadas según la edad y la situación procesal de cada adolescente. El punto más sensible estará dado por la incorporación de los jóvenes de 14 y 15 años, ya que allí se pondrá a prueba el funcionamiento provincial para afrontar una eventual mayor demanda sin resignar los criterios de clasificación y acompañamiento.
La Legislatura debate un proyecto de adecuación del sistema provincial
La Legislatura de Mendoza ya analiza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para adecuar el sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, enfocado en dos ejes: el reordenamiento de los dispositivos provinciales destinados al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal y la incorporación de un Código Procesal Penal Juvenil de más de 110 artículos.
Uno de los principales ejes de la iniciativa que se encuentra en debate de comisiones del Senado establece que, como regla general, los casos que lleguen a juicio serán resueltos por un tribunal penal juvenil colegiado. La intervención de un juez unipersonal quedará reservada para situaciones excepcionales y deberá ser fundamentada. En los casos de flagrancia, en cambio, el tribunal penal juvenil actuará con una integración unipersonal.
Los jueces penales juveniles también tendrán funciones similares a las de los jueces de garantías del sistema de adultos y controlarán las primeras etapas de las investigaciones, incluidas las medidas de coerción y las decisiones vinculadas con la libertad de los adolescentes. El proyecto apunta además a evitar que todos los casos lleguen a juicio e incorpora herramientas como criterios de oportunidad, conciliación, mediación y mecanismos de justicia restaurativa.
El nuevo esquema mantiene un régimen especializado para adolescentes, separado del sistema penal de adultos. De esta manera, los jóvenes de entre 14 y 18 años serán juzgados bajo reglas, procedimientos y órganos judiciales específicos. En los casos en los que un adolescente y un adulto participen de un mismo hecho, cada uno quedará sometido al régimen correspondiente a su edad. Este punto fue criticado por Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien puso reparos al proyecto presentado por el Ejecutivo.
Código Procesal Penal Juvenil
La iniciativa establece reglas específicas para la investigación, el juzgamiento y la ejecución de las penas, y contempla al adolescente como sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. También incorpora mecanismos de seguimiento individualizado y herramientas destinadas a reducir la reincidencia. En los casos en que corresponda el encierro, se prevén distintas etapas de progresividad y mecanismos de egreso gradual, sujetos al cumplimiento de objetivos y evaluaciones técnicas.
Entre las nuevas figuras aparece el Supervisor Especializado, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes sometidos a medidas o penas. Además, se prevén planes individuales de intervención y reinserción, con objetivos vinculados con la educación, el trabajo, la familia y la comunidad.
Las medidas alternativas podrán incluir terminalidad educativa, capacitación laboral, aprendizaje de oficios, tratamientos, restricciones de acercamiento y pautas de conducta. El Ministerio de Educación tendrá participación en los procesos de seguimiento y reinserción, mediante abordajes adaptados a la situación educativa, familiar y social de cada adolescente.