Aprueban ley que incorpora al agente encubierto digital en Mendoza

En concreto, la iniciativa incorpora a la Ley 6.730 los artículos 29 bis, 216 bis, 220 bis, 220 ter, 220 quater, 224 bis y 224 ter. Las actualizaciones que sufrirá la norma -en caso de obtener la sanción final en la cámara baja- serán:

• Agregar la figura del “Agente encubierto Informático” en los casos de la investigación de delitos en que resulte de utilidad la interacción del agente en entornos o plataformas digitales. Para ello, el fiscal podrá requerir ante el juez penal colegiado la actuación encubierta de un especialista. La autorización de este medio de investigación excepcional, se emitirá -por decreto fundado-, en el marco de la investigación de un delito concreto de especial gravedad y siempre que existan motivos suficientes
• Se generará el registro de un sistema informático e incautación o de una parte de este o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar los componentes del sistema, obtener copia o preservar datos o elementos de interés para la investigación. Cuando se hallen datos o archivos que puedan resultar útiles para la investigación de un hecho delictivo diferente al que motivó la autorización judicial, solamente podrán ser incautados cuando el fiscal pueda acreditar que el hallazgo se produjo de manera casual.

• En cuanto al orden de presentación de datos informáticos, estipula que deberá realizarse siempre que se vincule con la investigación de un delito de su competencia. Para ello, el fiscal podrá ordenar a cualquier persona humana o jurídica en el territorio provincial, la presentación de datos informáticos, electrónicos o digitales o en un dispositivo de almacenamiento informático que obre en su poder o bajo su control, relativos a la identificación o localización de un usuario abonado y que se pueda acceder al sistema legítimamente aunque no se encuentre dentro del territorio.
• El fiscal de Instrucción podrá ordenar a toda persona humana o jurídica que preste un servicio de comunicaciones o a los proveedores de Internet de cualquier clase en jurisdicción argentina, la entrega de datos personales o de identificación de los usuarios y/o abonados, que tengan bajo su poder o a los que pueda acceder de manera legítima, aunque estén fuera de esa jurisdicción. La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse bajo secreto bajo apercibimiento de sanción penal. El destinatario quedará obligado a adoptar todas las medidas técnicas de seguridad necesarias, para mantener en secreto la medida ordenada por el magistrado.

• Estipula, en cuanto al aseguramiento de datos informáticos almacenados, que cuando existieren motivos para sospechar que los datos almacenados en un sistema informático dentro del territorio provincial pudieren ser alterados o suprimidos, el fiscal de Instrucción podrá ordenar a cualquier persona física o jurídica el aseguramiento de datos informáticos concretos almacenados en un sistema informático que esté bajo su disposición o para el que tiene legítimo acceso. Dicho aseguramiento podrá consistir en la conservación rápida de datos informáticos almacenados y la conservación y revelación parcial rápida de datos relativos al tráfico.
• En cuanto a la custodia o depósito, los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia a disposición del órgano judicial interviniente, o se ordenará su depósito.
• Cuando se tratare de automotores u otros bienes de significativo valor, no se entregarán en depósito sino a sus propietarios, salvo que desde su secuestro hayan transcurrido seis meses sin que hubiere mediado reclamo por parte de aquellos.
• Los dispositivos electrónicos podrán ser solicitados en depósito al órgano judicial interviniente, por el Poder Ejecutivo -a través de funcionario que éste designe- para ser afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la Policía de la Provincia a través de la División Investigaciones o la que en su futuro la reemplace o por el Procurador General para ser destinados a la tarea de la Policía en función Judicial o a los Laboratorios Forenses.
• Las cosas secuestradas serán aseguradas con faja de seguridad o mediante sistema de protección adecuado y sello del Tribunal o Fiscalía que intervenga, con la firma del Juez o Fiscal según corresponda y la firma del secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas. Durante todo el procedimiento se deberán tomar las medidas necesarias y conducentes a fin de asegurar la cadena de custodia e integridad de las evidencias colectadas, dejando debido registro de todas las intervenciones realizadas sobre el material secuestrado.

El proyecto fue presentado por el fiscal de Delitos Informáticos de Mendoza, Santiago Garay, en 2021. Desde entonces fue tratado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se sacó un despacho que contó con aportes de oficialismo y oposición, que hoy lo aprobaron casi por unanimidad.