Este lunes, en una audiendia en el Polo Judicial, tuvo lugar una nueva instancia en la causa contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. La denunciante solicito ante la Fiscalía que se dé inicio al proceso pericial, una etapa que forma parte de las actuaciones judiciales. El caso salió a la luz en abril, cuando la mujer denunció a D'Agostino por abuso sexual y violencia de género. El exfuncionario está imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones.
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Pidieron el inicio de una pericia en la causa contra D'Agostino por abuso sexual y violencia de género
La causa contra Marcelo D'Agostino registró un nuevo avance este lunes. La denunciante solicitó que se avance con las pericias correspondientes. Los detalles.
El exfuncionario está imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones.
GentilezaSegún informaron fuentes judiciales a Sitio Andino, el procedimiento todavía no comenzó y su realización se proyecta para el próximo mes, por lo que la solicitud busca que el proceso pueda ponerse en marcha. La novedad se conoce en medio de una investigación judicial de especial sensibilidad, atravesada por denuncias de abuso sexual y violencia de género.
Por razones vinculadas con la privacidad de la denunciante y la protección de su intimidad, no trascendieron otros detalles sobre las circunstancias personales que rodean esta instancia. Tampoco se difundieron precisiones sobre el contenido de la eventual evaluación.
Qué declararon los peritos en la causa contra Marcelo D'Agostino
Según la información a la que accedió Sitio Andino, los profesionales prestaron declaración en septiembre y fueron los mismos que participaron de la evaluación psicológica realizada en el marco de la investigación. De acuerdo con lo expuesto durante la declaración, en la evaluación realizada el 14 de abril, la denunciante presentaba un cuadro de profunda angustia y temor a sufrir represalias a raíz de haber efectuado la denuncia.
Los profesionales señalaron que ese estado emocional impedía desarrollar la entrevista en condiciones adecuadas. Por ese motivo, concluyeron que la mujer no se encontraba en condiciones de iniciar en ese momento el proceso pericial.
María Elena Quinteros, abogada de la denunciante, explicó en aquel entonces que había solicitado postergar la realización de la pericia psicológica hasta que la mujer pudiera acceder a atención psiquiátrica y recibir un tratamiento adecuado. Según sostuvo la letrada, la demora y las circunstancias atravesadas por la denunciante fueron utilizadas para ejercer presión sobre ella.
Quinteros calificó esa situación como violencia institucional. En paralelo, la abogada señaló que la denunciante fue derivada en mayo a un profesional del área de psiquiatría, pero que el proceso de atención no tuvo continuidad.
De acuerdo con lo relatado por Quinteros, el único profesional que llegó a atenderla posteriormente dejó de hacerlo y comunicó mediante WhatsApp que la situación "lo excedía". Según la letrada, esto dejó a la denunciante sin seguimiento profesional de su medicación.
Quién es Marcelo D'Agostino
D'Agostino ocupaba desde 2015 el cargo de Subsecretario de Justicia de Mendoza, un puesto estratégico que articula áreas sensibles del sistema judicial y de seguridad. Además, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial y ejercía como vicepresidente Primero del Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) para el período 2024–2026.
El funcionario era el "brazo" político del cornejismo en la Justicia provincial, junto al procurador Alejandro Gullé. Bajo su gestión se desarrollaron todas las reformas judiciales impulsadas por el radicalismo en los últimos once años.
Esa acumulación de roles, según la denuncia, habría generado un "temor reverencial" dentro del ámbito judicial y profesional, dificultando que la víctima encontrara representación legal. Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta utilización del poder estatal para sostener el sometimiento.
La víctima afirmó que D'Agostino se jactaba de su cercanía con la máxima autoridad provincial, que ponía llamadas en altavoz para exhibir su influencia y que aseguraba que cualquier denuncia "terminaría archivada".