Durante la tarde de este miércoles, la Justicia imputó por secuestro coactivo a los dos internos que protagonizaron la toma de rehenes en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Los momentos de tensión se vivieron durante la madrugada del martes y las primeras horas de la mañana, cuando retuvieron y golpearon a un agente penitenciario mientras exigían dinero a cambio de liberarlo.
Imputaron por secuestro coactivo a los presos que tomaron de rehén a un penitenciario
La justicia definió la calificación penal inicial por la toma de rehenes en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Qué penas arriesgan.
La justicia ya investiga lo ocurrido este martes en la penitenciaría provincial.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Delitos No Especializados, encabezada por Martín Lucero, quien tomó la decisión que involucra a Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci. Además, los investigadores buscan determinar si el trabajador sufrió lesiones durante el ataque. El resultado de los estudios médicos será clave para establecer si corresponde sumar nuevos cargos y cuál sería la gravedad de las heridas.
La víctima es asistida legalmente por la abogada Susana Soleti, quien trabaja para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la investigación contra los dos presos, identificados como Ramiro Armando Colucci y Claudio Alexander González Flores.
Secuestro coactivo y posibles lesiones: qué investiga la justicia de Mendoza
La calificación prevé penas de 5 a 15 años de cárcel. Según la declaración del agente penitenciario, los internos lo retuvieron y condicionaron su liberación al pago de dinero. “Traigan plata si quieren que los soltemos”, habrían dicho durante el episodio, de acuerdo con el testimonio de la víctima.
La justicia también analiza las agresiones físicas que sufrió el trabajador. Si el Cuerpo Médico Forense constata lesiones, ese delito podría incorporarse a la causa. La clasificación dependerá del informe de los profesionales, que determinarán si las heridas son leves, graves o gravísimas.
Otro de los aspectos que surgieron durante la investigación es el presunto uso del celular del penitenciario para realizar una transmisión en vivo y comunicarse con sus familiares. Según trascendió, los internos también habrían amenazado a los allegados del agente durante el conflicto.
La abogada Soleti confirmó que mantiene reuniones con la víctima para conocer en detalle lo sucedido y anticipó que buscarán que los responsables respondan ante la Justicia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a caerle con todo el peso de la ley a estos sujetos”, sostuvo en declaraciones a SITIO ANDINO.
Mientras avanza la investigación, la fiscalía deberá reunir pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales de los dos internos, quienes ya fueron trasladados al régimen de Muy Alto Perfil, que funciona en el complejo Almafuerte II.