Los femicidios continúan siendo una de las expresiones más extremas de la violencia de género en Argentina. Según el informe difundido por el colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se registraron 200 femicidios, lo que representa, de acuerdo con el relevamiento, un asesinato por razones de género cada 33 horas.
En Argentina se registraron 200 femicidios en nueve meses y crece la preocupación
Las cifras permiten dimensionar una problemática que continúa cobrándose vidas. El informe de Mumalá advierte sobre femicidios, antecedentes de violencia y medidas de restricción.
La cifra permite dimensionar la magnitud del problema, pero no alcanza para explicar por sí sola la gravedad de lo ocurrido. Detrás de cada número hay una mujer asesinada, una familia atravesada por el dolor y, en muchos casos, hijos que deben afrontar una pérdida irreversible. De acuerdo con el informe, 157 niños y adolescentes quedaron sin su madre durante este período.
A los femicidios consumados se suman 654 intentos de femicidio, otro indicador que expone la persistencia de situaciones de violencia extrema contra mujeres y personas atravesadas por razones de género. El dato no solo refleja los casos que terminaron en una muerte, sino también la cantidad de situaciones en las que la violencia alcanzó niveles que pudieron haber tenido consecuencias irreversibles.
Edad, maternidad y lugares donde ocurrieron los crímenes
El relevamiento de Mumalá señala que el 10% de las víctimas tenía menos de 18 años, mientras que el 41% tenía hijos. El promedio de edad de las mujeres asesinadas fue de 37 años. Estos números muestran que los femicidios atraviesan distintas etapas de la vida y no se limitan a un único grupo etario.
También permiten observar otra dimensión del problema: cada asesinato puede generar consecuencias que exceden ampliamente a la víctima directa, particularmente cuando hay hijos e hijas que quedan sin su madre
Otro dato significativo surge del lugar donde ocurrieron los hechos. Según el informe, el 29% de los femicidios se produjo en espacios públicos o de acceso público, entre ellos calles, descampados, hoteles y lugares de trabajo.
La violencia, por lo tanto, no queda circunscripta al ámbito privado. Una parte de los crímenes ocurre en espacios donde circulan otras personas y que, en principio, forman parte de la vida cotidiana.
Denuncias previas y medidas de restricción
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento está relacionado con los antecedentes de violencia. Mumalá indicó que el 12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, mientras que el 75% contaba con medidas de restricción de acercamiento.
Estos datos adquieren especial relevancia porque muestran que, en una parte de los casos relevados, existían antecedentes o intervenciones previas vinculadas con situaciones de violencia.
Una denuncia o una medida judicial no puede interpretarse automáticamente como garantía de que no ocurrirá un femicidio, pero sí pone en evidencia la importancia de evaluar los riesgos y de contar con mecanismos capaces de proteger efectivamente a quienes atraviesan situaciones de violencia.
Antecedentes, armas y participación de integrantes de fuerzas de seguridad
El informe también aporta datos sobre los agresores. Según Mumalá, el 12% de los femicidas tenía antecedentes de violencia de género, mientras que el 6% pertenecía a fuerzas de seguridad. En cuanto a los medios utilizados, el relevamiento sostiene que el 28% de los crímenes fue cometido con armas de fuego o armas blancas.
La presencia de armas agrega un elemento de riesgo en contextos donde ya existen antecedentes de violencia. En estos casos, la prevención requiere considerar no solamente la existencia de denuncias o medidas judiciales, sino también las características particulares de cada situación y el eventual acceso del agresor a elementos capaces de provocar daños letales.
Mumalá también señaló que en el 11% de los casos el agresor asesinó a una tercera persona, lo que amplía todavía más el impacto de estos episodios
Femicidas prófugos y el temor que permanece
Otro de los datos destacados por la organización está relacionado con la situación de los agresores. Según el relevamiento, el 31% se dio a la fuga y el 16% continúa prófugo. Más allá de la cifra, la existencia de agresores que permanecen fuera del alcance de la Justicia puede profundizar la incertidumbre y el temor entre familiares y personas vinculadas con las víctimas.
En situaciones de violencia de género, el miedo no desaparece necesariamente después de una denuncia o de una intervención judicial. Por el contrario, cuando existe un agresor que no fue localizado, la posibilidad de que vuelva a aparecer puede convertirse en una fuente permanente de angustia para quienes quedaron expuestos.
La discusión sobre las políticas públicas y la violencia de género
A partir de estos datos, Mumalá cuestionó las políticas implementadas durante la gestión del presidente Javier Milei y denunció un supuesto desmantelamiento de políticas públicas vinculadas con género y diversidad.
Desde el colectivo sostuvieron que "la ausencia de políticas públicas para abordar la violencia machista y la desigualdad económica que nos afectan de manera particular, los discursos de odio y el hostigamiento permanente del gobierno nacional, dan un mensaje de impunidad a los agresores".
Se trata de una interpretación política expresada por la organización a partir de los datos de su propio relevamiento. El planteo abre una discusión más amplia sobre las herramientas estatales destinadas a prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas y evitar que las situaciones de riesgo terminen en hechos irreparables.
Mumalá también vinculó la situación con el contexto económico. Desde la organización señalaron que "la crueldad económica de este gobierno tiene consecuencias fatales" y describieron un escenario marcado por dificultades para acceder a alimentos y medicamentos.
Empobrecimiento, pluriempleo y salud mental
El informe también incorpora una dimensión económica y social. Desde Mumalá advirtieron sobre el impacto del pluriempleo y la precarización económica en la vida cotidiana de las mujeres y señalaron consecuencias sobre la salud física y mental.
Este planteo forma parte de la interpretación de la organización sobre el contexto social y económico. Más allá de esa discusión política, los datos sobre femicidios muestran una problemática que excede cualquier estadística aislada y que requiere analizar las distintas circunstancias que rodean cada caso.
Cada uno de esos 200 casos corresponde a una vida que fue interrumpida, a una familia que perdió a una mujer y, en numerosos casos, a hijos que quedaron sin su madre. Por eso, detrás de cada porcentaje hay una historia concreta.
El escenario que surge del relevamiento es, en consecuencia, realmente grave. Las cifras permiten observar una parte del problema; las vidas perdidas muestran su dimensión más dolorosa. La discusión sobre prevención, protección, asistencia y políticas públicas no puede quedar reducida a una disputa de estadísticas: tiene como punto de partida la necesidad de evitar que nuevas mujeres sean asesinadas.