La Justicia Federal reactivó la causa por la desaparición de Cristian Guardati en Godoy Cruz y ya son 7 los policías imputados.
La desaparición de Guardati, una vieja deuda de la justicia de Mendoza.
La investigación por la desaparición de Cristian Guardati, ocurrida en mayo de 1992 en Godoy Cruz, sumó un avance judicial con la imputación de cuatro expolicías, tres de los cuales fueron detenidos en Mendoza y el restante tiene pedido de captura internacional.
La Justicia Federal considera que existen elementos para investigar una presunta actuación coordinada de distintos integrantes de la Policía de Mendoza, tanto en la privación de la libertad del joven como en las maniobras posteriores para ocultar lo sucedido.
La resolución del Juzgado Federal N° 3 detalla las pruebas que comprometerían a los nuevos acusados, entre ellas declaraciones de amigos de la víctima, reconocimientos en rueda de personas, libros de novedades policiales y presuntas irregularidades en la investigación inicial. La hipótesis fiscal sostiene que Guardati fue detenido por un efectivo durante la madrugada del 24 de mayo de 1992 y trasladado al Destacamento La Estanzuela, en cuya puerta de ingreso habría sido visto por última vez.
Con estas incorporaciones, ya son siete los policías imputados en la causa, que después de más de 34 años todavía no logró determinar qué ocurrió con el joven ni dónde se encuentran sus restos.
Según la reconstrucción fiscal, Guardati había concurrido a un baile en la escuela Atilio Anastasi de La Estanzuela, acompañado por amigos. Allí habría mantenido una discusión con Walter Rubén Godoy Pérez, quien se encontraba de servicio junto a otros efectivos. Entre las 4.30 y las 5 del día siguiente, ambos volvieron a encontrarse en el barrio. Tras una persecución en la que se habrían efectuado disparos, Godoy habría reducido al joven, lo esposó y lo trasladó hasta el destacamento policial.
La acusación sostiene que Oscar Ramón Luffi Castro, oficial de servicio a cargo de la guarda de detenidos; Walter Rolando Páez Tello, oficial de guardia; y José Antonio Aracena Rodríguez, personal de retén, habrían intervenido en la maniobra dentro de la dependencia.
Entre las pruebas figuran los testimonios de tres amigos de Guardati, quienes declararon en distintas oportunidades y participaron de reconocimientos en rueda de personas.
También se incorporaron relatos de otros testigos, los libros de novedades del destacamento y las declaraciones anteriores de los propios policías investigados.
La fiscalía también apunta a las actuaciones posteriores a la denuncia presentada por Hilda Lavizzari, madre de Guardati, el 25 de mayo de 1992 en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Aunque ese día se dispuso dar intervención judicial, la comunicación se concretó dos días después y el sumario completo fue remitido recién el 18 de junio, 23 días después de la denuncia.
Para los investigadores, esa demora habría permitido postergar medidas fundamentales y mantener la investigación inicial en manos de efectivos que podían estar comprometidos con los hechos. También se señala que superiores jerárquicos, como el comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez y el subcomisario Adolfo José Siniscalchi, habrían brindado información falsa al fiscal.
Días atrás la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por las defensas de los cuatro expolicías. Tras esa decisión, el Juzgado Federal N° 3 hizo lugar al pedido fiscal de septiembre de 2024 y ordenó las imputaciones por presunta desaparición forzada, prevista en el artículo 142 ter del Código Penal, en calidad de coautores.
Gendarmería realizó allanamientos en Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Junín, donde fueron detenidos Aracena, Luffi y Páez. En tanto, Godoy fue localizado en Perth Amboy, Nueva Jersey, Estados Unidos, por lo que se dispuso su captura internacional y se solicitó su detención preventiva con fines de extradición. Los tres imputados detenidos en Mendoza tienen prohibición de salir del país.
Los cuatro deberán prestar declaración indagatoria. Además, se ordenó buscar documentación de la época, legajos personales, fotografías de los efectivos en servicio y dispositivos electrónicos que puedan aportar información.
La causa tiene ahora siete policías imputados y busca avanzar sobre las responsabilidades en la desaparición y el presunto encubrimiento. Sin embargo, todavía no se pudo establecer cómo murió Guardati ni dónde están sus restos, dos interrogantes centrales que permanecen sin respuesta desde hace más de tres décadas.
