La fiscal Patricia Santoni apeló la resolución que permite al exjuez federal salir de la cárcel los viernes y regresar los lunes. Cuestionó los fundamentos del beneficio y pidió que sea revocado.
La fiscal federal Patricia Santoni apeló el beneficio que le permite al exjuez federal Walter Bento pasar los fines de semana en su domicilio familiar, pese a estar condenado a 18 años de prisión por corrupción. El recurso, presentado el 8 de octubre de 2026, busca que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la decisión del juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamia, quien autorizó una ampliación de las salidas del exmagistrado.
La resolución cuestionada le permite a Bento retirarse del Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta los viernes por la mañana y permanecer en su casa, ubicada en el barrio Palmares de Godoy Cruz, hasta el lunes a las 14. Si bien el magistrado rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa, amplió el régimen de vinculación presencial que el exjuez tenía autorizado para mantener el contacto con su hijo, quien tiene una discapacidad severa.
Para la Fiscalía, la modificación excede las necesidades familiares acreditadas y desnaturaliza las condiciones de cumplimiento de una condena por delitos graves cometidos durante el ejercicio de la función pública.
En el escrito, la fiscal Santoni calificó la resolución de arbitraria y cuestionó tanto la valoración de las pruebas como la falta de fundamentos suficientes para justificar una flexibilización de esa magnitud. En este sentido, consideró que el cambio constituye una ampliación desproporcionada de las condiciones de detención y cuestionó que se haya dispuesto sin una progresión gradual.
Otro de los argumentos centrales del recurso apunta a la igualdad de trato ante la ley. Santoni sostuvo que el beneficio establece un régimen excepcional que podría traducirse en privilegios para determinadas personas condenadas, en detrimento de otras que atraviesan circunstancias familiares complejas.
La representante del Ministerio Público Fiscal también invocó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción y remarcó la necesidad de garantizar que las condenas por delitos graves se cumplan dentro de los parámetros legales correspondientes.
La apelación también señala inconsistencias entre los motivos invocados para ampliar las salidas y las condiciones concretas en las que se desarrollará el beneficio. Santoni planteó que, si la medida busca responder a las necesidades de su hijo, el juez debería haber explicado por qué se autoriza a Bento a permanecer en el domicilio familiar durante períodos en los que el joven concurre al centro de día.
Para la Fiscalía, la resolución no desarrolla de manera suficiente cómo se determinó que el esquema elegido es el más adecuado para atender las necesidades familiares que fueron acreditadas en el expediente. Otro cuestionamiento está relacionado con los horarios y los mecanismos de supervisión. El fallo habilita las salidas los viernes en horario matutino, pero no fija una hora precisa para el inicio de cada traslado.
Además, aunque Chamia definió la medida como excepcional, provisional y revisable, Santoni consideró que no quedaron establecidos con claridad los mecanismos de control de su duración ni los criterios que permitirían evaluar una eventual reducción o revocación del beneficio.
La fiscal sostuvo que esas falencias, sumadas a la valoración de las pruebas que considera incompleta, impiden justificar adecuadamente una modificación de semejante alcance en las condiciones de detención de un condenado.
En el cierre de la presentación, Santoni solicitó que se conceda el recurso y que las actuaciones sean elevadas a la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo es que el tribunal revoque el segundo punto de la resolución del 5 de octubre, mediante el cual se amplió el régimen de vinculación presencial de Bento con su hijo, junto con las disposiciones complementarias asociadas a esa decisión.
Walter Bento fue condenado el 6 de febrero de 2026 a 18 años de prisión por asociación ilícita en calidad de jefe, ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
