La madrugada del 9 de septiembre de 2017 terminó con la vida del joven rugbier y dio inicio a uno de los casos más resonantes de Mendoza. Los detalles del historial judicial de Silva.
La madrugada del 9 de septiembre de 2017, Julieta Silva atropelló y mató a su entonces pareja, Genaro Fortunato
La madrugada del 9 de septiembre de 2017, Julieta Silva atropelló y mató a su entonces pareja, Genaro Fortunato. El hecho ocurrió tras una discusión a la salida del boliche Mona Bar, en San Rafael. El joven de 25 años intentó detenerla, pero todo terminó en tragedia. Este miércoles se cumplen 9 años del caso que marcó a la provincia y al país.
Con el paso del tiempo, la causa derivó en una condena, apelaciones y reclamos civiles millonarios. Años después, una nueva denuncia volvió a poner a Silva bajo la lupa de la Justicia. El caso conmocionó a Mendoza y tuvo una amplia repercusión a nivel nacional.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2017, luego de una discusión entre Silva y Fortunato en las inmediaciones del boliche. Según se estableció durante la investigación, tras el enfrentamiento la mujer decidió retirarse del lugar y subió a su auto. En medio de la situación, Fortunato cayó sobre el asfalto mojado y terminó siendo embestido por el vehículo que conducía Silva.
El joven tenía 25 años y era jugador de rugby. Su muerte generó una fuerte conmoción en San Rafael y rápidamente el caso adquirió trascendencia nacional. Inicialmente, Silva fue imputada por lesiones leves agravadas por el vínculo. Sin embargo, el proceso judicial avanzó hasta llegar a una acusación por homicidio culposo.
En septiembre de 2018, el Tribunal Penal Colegiado 1 de San Rafael la condenó a 3 años y 9 meses de prisión tras considerarla responsable del delito de homicidio culposo.
Tras la sentencia, tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la resolución. En ese momento, la representación legal de Silva estaba a cargo del abogado Alejandro Cazabán, quien buscaba que la mujer recuperara la libertad al considerar que el delito por el que había sido condenada era excarcelable.
El planteo, sin embargo, no prosperó. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la condena de primera instancia. Cazabán presentó entonces un recurso extraordinario, pero el máximo tribunal también rechazó esa presentación.
A partir de esa decisión, los jueces Rodolfo Luque, María Eugenia Laigle y Julio Bittar dispusieron que Silva regresara al penal para completar el cumplimiento de la pena. De esta manera, el expediente que había comenzado con aquella madrugada en San Rafael atravesó distintas instancias judiciales hasta quedar firme la condena.
El impacto del caso también llegó al fuero civil. Los padres de Genaro, Miguel Ángel Fortunato y Graciela Beatriz Linares, promovieron una demanda por daños y perjuicios contra Silva. El reclamo ascendió a $7.872.160, en concepto de los daños derivados de la muerte del joven.
Por su parte, Agostina Quiroga, madre de la hija de Genaro, quien nació después del fallecimiento del joven, inició otra demanda civil contra Silva por $3.951.750. Los reclamos buscaron obtener una reparación económica por las consecuencias que dejó la muerte de Fortunato en su familia.
Con el paso de los años, Miguel Ángel Fortunato volvió a referirse públicamente al caso. En una de sus declaraciones, habló del dolor que atravesó su familia y de las dudas que volvieron a surgir en torno de la intencionalidad de lo ocurrido. "Cuando pasó esto no teníamos duda de la intencionalidad", sostuvo el padre de Genaro, aunque reconoció que el paso del tiempo también había generado cuestionamientos y una mirada más fría sobre lo ocurrido.
Según explicó, después de conocer las decisiones judiciales volvió a preguntarse por distintos aspectos del episodio y aseguró que las dudas sobre la intencionalidad habían reaparecido con fuerza. El hombre también habló del esfuerzo de la familia por preservar el recuerdo de Genaro más allá de la tragedia.
"Hemos decidido acordarnos de él con una sonrisa y sacar todo lo que nos hace daño", expresó. Para los familiares, volver sobre aquellos acontecimientos significaba atravesar nuevamente una etapa especialmente dolorosa. En ese sentido, Fortunato aseguró que preferían concentrarse en el recuerdo del joven y dejar que la Justicia siguiera su curso.
A casi ocho años de la muerte de Fortunato, Silva volvió a quedar involucrada en una causa judicial, aunque esta vez por un hecho diferente. En julio de 2025, su entonces esposo, Lucas Giménez, la denunció por una presunta agresión ocurrida el 12 de julio de ese año en San Rafael.
A raíz de la denuncia, personal policial se trasladó hasta el domicilio y encontró al hombre refugiado en un baño. De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, presentaba una escoriación y una tumefacción, lesiones que posteriormente fueron constatadas por el Cuerpo Médico Forense.
Luego de la intervención policial, se dictó una prohibición de acercamiento contra Silva y comenzó una nueva investigación judicial. Durante el proceso se tomaron declaraciones a los policías que participaron del procedimiento y se incorporaron distintas pruebas periciales.
Finalmente, la Fiscalía dispuso la imputación formal de Julieta Silva y su detención bajo modalidad domiciliaria. La medida tuvo en cuenta que la mujer se encuentra a cargo del cuidado de su hija menor de edad. Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento del arresto.
La muerte de Genaro Fortunato quedó grabada como uno de los casos policiales más resonantes de Mendoza de los últimos años. La condena a Silva, las posteriores instancias judiciales, los reclamos económicos de la familia y las declaraciones de los allegados mantuvieron el expediente presente mucho después de aquella madrugada de septiembre.
El aniversario encuentra así al caso Fortunato con una historia judicial ya atravesada por una condena y nuevas actuaciones que volvieron a instalar el nombre de Julieta Silva en San Rafael, Mendoza y el país.
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