¿Una agencia provincial de seguridad vial?

Por Sección Política 14 de octubre de 2013 - 07:10

Con el propósito de abordar integral y sistemáticamente los problemas crecientes que se registran en el tránsito, el diputado Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Mendoza (APSVM), que sería el centro de referencia provincial en la generación y la articulación de políticas de seguridad vial, basado en información científica y técnica.

Gustavo Arenas.

El proyecto ley, que ingresó hoy en la Cámara de Diputados (expediente N°65.219), propicia la colaboración y la coordinación de las acciones de los organismos públicos y privados competentes, y su interacción con la sociedad. De esta manera, evaluará y aplicará políticas públicas y medidas de seguridad vial, y coordinará la ejecución de éstas con las autoridades nacionales. Incluso contará con autarquía económica y financiera, así como capacidad de actuación en el ámbito de los derechos público y privado.

La propuesta ya cuenta con los avales de Carlos Trad Fager, presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud; Hugo Fiorens, director de Voluntarios en Red, y Omar López, padre de Vanina, una víctima de accidente de tránsito.

Motivo de su creación

La iniciativa del legislador justicialista, en el marco de su candidatura a senador provincial para estas elecciones, "responde a la necesidad unificar y centralizar definitivamente las acciones para evitar la fragmentación de voluntades que se da actualmente a la hora de proponer soluciones desde diversos sectores que trabajan en la temática pero en forma aislada".

Así lo remarcó el diputado Gustavo Arenas, quien también destacó: "El motivo de reunir todas esas atribuciones en una agencia va en línea con las recomendaciones planteadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su 'Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito', del 2004, planteó la necesidad de identificar un organismo principal en el gobierno para guiar el esfuerzo de seguridad vial".

En este contexto, el aspirante a una banca en el Senado destacó que aquella organización "ve la necesidad de que todos los países cuenten con un organismo con la capacidad manifiesta de mediar en todo lo relativo a la seguridad vial. Ese ente debe tener autoridad y responsabilidad para tomar decisiones, controlar los recursos y coordinar las actividades de todos los sectores de la administración pública, incluidos los de la salud, transporte, educación y policía, entre otros".

Y reafirmó que "la creación de una unidad ejecutora especializada en políticas de seguridad vial, en un marco integrador con organismos locales, regionales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, permitirá alcanzar una gestión de mayor eficacia en la seguridad del tránsito".

Otra tarea esencial de la agencia consistiría en "enfocarse especialmente en lograr y unificar la colaboración de todos los sectores involucrados en la seguridad vial. Esto incluye a la comunidad en general, ya que para establecer y sostener los esfuerzos al respecto se deben potenciar la concientización, la comunicación y la cooperación mutua", según resaltó Gustavo Arenas.

Funciones definidas

Las funciones de la APSV serían coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas públicas y medidas estratégicas para desarrollar un tránsito seguro y evaluar las actuaciones de los organismos con competencia directa o indirecta en la materia.

Igualmente, promover, coordinar y controlar las políticas de seguridad vial provincial en armonía con las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y organismos internacionales; coordinar y dar seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Vial.

Asimismo, propiciar la actualización normativa al respecto para adecuar el ordenamiento legal a la nueva dinámica provincial, regional y nacional en materia de seguridad vial, proponiendo modificaciones tendientes a la armonización de las normas vigentes.
La superproducción legislativa en Mendoza

Considerando el estudio realizado por el Instituto Bicentenario, de Mendoza, desde 1994 se han sancionado 27 normas modificatorias de la Ley N°6.082 de Tránsito y Transporte, prácticamente con un promedio de tres reformas legislativas cada dos años, se evidencia que desde todos los sectores políticos perciben como insuficiente la actual legislación para regular ese ámbito.

Durante este período, en la Cámara de Diputados fueron presentados 146 proyectos de ese tipo, de los cuales 130 modificaban ese cuerpo legal. En el mismo lapso, en el Senado ingresaron 140 propuestas similares, de las cuales 123 pretendían modificar la norma. Esto arroja un promedio de 15 proyectos presentados por año en ese sentido.

Esto demuestra la superproducción de normativa, por lo que se hace necesario un órgano rector que unifique todos los criterios.

Planificará y emprenderá acciones de seguridad vial

Con este panorama, la agencia sería la autoridad de aplicación en el diseño, la gestión y el control del sistema uniforme de habilitación de conductores particulares y profesionales en Mendoza.

También implementaría el sistema de puntos aplicable a la licencia de conducir provincial, y entendería en el desarrollo y la gestión del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, y en la vinculación con su homólogo nacional. Se ocuparía, inclusive, de crear, desarrollar y gestionar el sistema integrado de denuncias de accidentes de tránsito en el ámbito provincial.

Sus actividades abarcarían la creación, el desarrollo, la gestión y el control de los centros de capacitación y formación de actores de la seguridad vial y de las escuelas públicas de conductores, así como habilitar y supervisar el funcionamiento de sus similares privadas.

Coordinaría acciones interjurisdiccionales con la Nación y los municipios en materia de tránsito y seguridad vial. Lo mismo haría con las autoridades municipales, y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, para implementar operativos de control en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan nuestro territorio, promoviendo la uniformidad de los procedimientos y los criterios de aplicación, en consonancia con las disposiciones nacionales vigentes.

Mientras, la colocación de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones y de métodos inteligentes de control de tránsito serían autorizadas por la APSV, que asimismo coordinaría éste en estaciones de peaje concesionadas.

El ente, además, dirigiría operativos de seguridad vial con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y crearía un nuevo cuerpo de agentes de fiscalización provincial con competencia exclusiva en materia de ordenamiento, prevención y fiscalización del tránsito y la seguridad vial.

Formación y capacitación

Simultáneamente, desarrollaría y pondría en práctica programas de formación y capacitación de los actores involucrados, y propulsaría la investigación de siniestros de tránsito, planificando y promoviendo la implementación políticas estratégicas para adoptar las medidas preventivas pertinentes, por intermedio del Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

Otra de las misiones a cargo de la agencia local sería gestar estrategias comunicacionales para prevenir siniestros de tránsito, así como programar estudios y trabajos de investigación en ese aspecto. También, realizar recomendaciones y requerimientos a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial, en cuanto a capacitación y formación de actores, seguridad de vehículos, infraestructura y señalización vial.

A la vez, coordinar la implementación de un sistema de auditoría provincial de seguridad vial en el territorio provincial asesorar a la Administración Pública en la planificación y el desarrollo de políticas relacionadas, censar y actualizar los recursos públicos o privados vinculados. A la par, redactar un informe anual que aborde las actuaciones oficiales y analice la situación general de la seguridad vial de la provincia, señalando los campos prioritarios de acción y los riesgos emergentes.

Recursos de financiamiento

Los recursos de los que dispondría el organismo autárquico para funcionar saldrían de partidas asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales, y de los montos recaudados de las sanciones de multas y los recargos por actas de infracciones de tránsito y seguridad vial.

También, de los montos y porcentajes percibidos sobre las tasas administrativas, las tarifas y los precios convenidos correspondientes a la Provincia en relación con las licencias de conducir particular y profesional, el sistema de revisión técnica vehicular, los registros de licencias de conductor y antecedentes de tránsito, el sistema integrado de denuncias de accidentes de tránsito u otros servicios vinculados.

Otras fuentes de financiamiento surgirían de lo recaudado por la venta en subasta pública de vehículos y material de rezago de automotores secuestrados por la Provincia, donaciones, aportes no reembolsables y legados, e intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y activos.

Trabajo con profesionales expertos

La agencia funcionaría con el apoyo de dos gabinetes, uno científico y otro consultivo. El primero proporcionaría dictámenes científicos y coordinaría los trabajos de los grupos de profesionales expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos.

El segundo propondría lineamientos de armonización provincial en materia de seguridad vial, y estaría integrado por autoridades ministeriales con rango no inferior a director general de ministerio u organismos vinculados a la problemática vial.

También incluiría a representantes de instituciones oficiales, barriales y vecinales, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, escuelas, organizaciones de empresas industriales, comerciales y profesionales cuyos ámbitos de actividad se vinculen con la seguridad vial.

En su accionar, la APSV promovería incluso la creación de agencias de seguridad vial en el ámbito de los municipios. Éstos serán los organismos naturales de aplicación y fiscalización de las normas relativas al tránsito y la seguridad vial dentro de sus ámbitos locales, y articularán con la agencia el diseño de políticas integradoras. Las lineamientos aplicados desde el ámbito provincial se articularán con las comunas.

"Hacia una política de Estado"

En el 2007, las estadísticas indicaban que alrededor de 6.000 mil personas morían anualmente en Argentina como consecuencia de siniestros de tránsito, que implicaban enormes costos económicos para el Estado (1-2% del PBI). "Mientras crecen los accidentes, en Mendoza no existe una política de Estado en materia de seguridad vial, lo que constituye unas de las principales causas de muerte que atraviesan a todos los grupos y edades", argumentó el creador del proyecto de ley.

"Teniendo en cuenta este panorama, que es uno de los obstáculos principales para mejorar la seguridad vial y las estructuras político-administrativas fragmentadas que impiden definir políticas y estrategias en conjunto, la creación de la APSV permitirá formular, evaluar y aplicar medidas unificadas en toda Mendoza", sostuvo el diputado Gustavo Arenas.

El legislador justicialista indicó además que esas acciones se producirán mientras se alcanza la unidad normativa con el Estado nacional y el resto de las provincias, y subrayó que, "además de contarse con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el resto del país hay antecedentes de organismos locales análogos, como en Santa Fe y Chubut".

"Precisamente esos organismos han sido considerados como fuentes para este proyecto, que responde a la necesidad imperiosa de contar con un organismo con competencia específica y especializado en materia de seguridad vial, que impulse y ejecute las políticas públicas inherentes a la materia", recalcó el representante de la Cámara Baja, para reafirmar que "propiciará una gestión de mayor eficacia en la seguridad del tránsito, en un marco integrador con los organismos locales, regionales y la Agencia Nacional".

¿Una agencia provincial de seguridad vial?

Sí, es lo que propone crear por ley el diputado peronista Gustavo Arenas, para abordar los problemas crecientes que se registran en el tránsito. Contaría con autarquía económica y financiera, así como capacidad de actuación en el ámbito de los derechos público y privado.

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