La Corte Suprema de Justicia rechazó un tácito pedido de per saltum del suspendido y prófugo camarista federal mendocino Otilio Roque Romano para que haga cesar las demoras en el trámite de las causas por delitos de lesa humanidad en las que está imputado (más de un centenar). Lo mismo ocurrió con su colega Julio Petra, cuyo trámite está todavía a estudio del Consejo de la Magistratura pero presagia un derrotero similar.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e integrantes de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de la Asociación de ex Presos Políticos impulsan el juicio político contra Petra, a quien responsabilizan por liberar a todos los represores de Cuyo y acusan de mal desempeño en el cargo. Entre los excarcelados por Petra figura Luis Sthrudelher, acusado de torturar a una jueza mendocina y hoy prófugo de la justicia, al igual que Romano.
Petra y Romano son amigos. De hecho, a Petra se le imputa haber favorecido la situación de Romano cuando avanzaba una investigación penal por sus presuntas responsabilidades en delitos de lesa humanidad. Romano pidió −y Petra consintió− el apartamiento del juez que lo investigaba, Walter Bento. Poco después, ambos fueron fotografiados cenando en un coqueto restaurante mendocino. La maniobra duró poco: Bento fue repuesto al frente de la causa y hoy Romano está procesado por más de un centenar de casos de torturas y desaparición de personas.
Romano sigue en Chile, con una visa provisoria y a la espera de que el gobierno de Sebastián Piñera le conceda asilo político. Huyó del país un día antes de ser suspendido en el cargo por el Consejo de la Magistratura y enviado a juicio político. Desde entonces, no está a derecho ni en la causa penal, ni ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, no obstante, seguirá adelante con el proceso (lo puede juzgar en ausencia) y prevé realizar el debate sobre su destitución o no− en noviembre.
Entretanto, el lunes pasado, el máximo tribunal aprobó la Resolución 2634/11, en el marco del expediente 2982/10, iniciado el año pasado. Allí, los jueces mendocinos Otilio Roque Romano y Julio Petra pidieron la avocación por juicios de lesa humanidad, en una suerte de paradoja en la que los pájaros le disparaban a las escopetas: ambos magistrados le pedían a la Corte que apurara las causa por violaciones a los Derechos Humanos en los meses previos y durante la última dictadura. Concretamente, según documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, ambos camaristas solicitan la avocación de la Corte para que, en orden a sus facultades superiores, intervenga y haga cesar las demoras en el trámite de las causas por delitos de lesa humanidad ocasionadas, según manifiestan, por los reiterados pedidos de excusación por parte del Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes de los Derechos Humanos. Así, según la particular visión de los jueces, esos procesos no avanzaban por culpa de la fiscalía y los organismos defensores de los Derechos Humanos constituidos en parte querellante.
Se presume que lo hicieron porque en aquel momento tenían asegurada una tramitación favorable de sus casos.
La máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a lo solicitado. Lo hizo con un argumento según el cual toda vez que se requiere la intervención de esta Corte contra conductas procesales adoptadas por las partes en el trámite de una causa judicial, no corresponde la actuación del tribunal por vía de superintendencia, toda vez que, como principio, no resulta una vía hábil para la revisión de actos jurisdiccionales, pues aquellos sólo pueden ser resueltos en la causa judicial y mediante los recursos correspondientes.
Marcha por la extradición de Romano